La Cámara vasca, contraria a multar a comercios que no usen euskera

El Gobierno de Patxi López ya anunció el año pasado que modificaría la ley vasca de los consumidores para eliminar la posibilidad de que puedan aplicarse sanciones a los comercios que no rotulen o atiendan en euskera. El Ejecutivo deberá embarcarse en esta reforma legal para desactivar el decreto sobre los derechos lingüísticos de los usuarios, puesto que su derogación no sería suficiente para impedir la aplicación de multas.

De momento, la incertidumbre continúa, ya que la moratoria para no penalizar a las empresas concluye el próximo 27 de julio y a no ser que ésta se renueve en las próximas semanas deberá aplicarse de facto la normativa ya que no hay tiempo suficiente para anular la ley aprobada en su día por el Gobierno de Ibarretxe.

Ayer, el Parlamento Vasco, con el apoyo del PSE-EE, PP y UPyD (37 votos), se reafirmó en la necesidad de eliminar las multas, un pronunciamiento que se producía un día después de que los socialistas registraran una iniciativa para suprimir definitivamente las sanciones a las grandes cadenas comerciales y empresas prestadoras de servicios (operadoras de telefonía, transportes, gas, entidades bancarias...) que no rotulen y atiendan a los clientes en lengua vasca, alrededor de 8.000 negocios.

El texto aprobado ayer establece que la Cámara vasca «se ratifica en la necesidad de aplicar las medidas necesarias para amparar y fomentar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias», pero también en «eliminar las medidas coercitivas y sancionadoras en el ámbito lingüístico».

El debate tenía como objetivo modificar el decreto de 2008 aprobado por el anterior Ejecutivo, y dejó la imagen de una Cámara dividida en torno a cuáles deben ser las políticas de normalización del euskera.

Mientras PSE-EE, PP y UPyD se oponían a que el camino de la normalización del euskera sea la «imposición», PNV, Aralar, EA y EB (35 votos) defendieron los derechos de los euskaldunes y denunciaron que el Gobierno Vasco «no ha adoptado en dos años ninguna medida para desarrollar los derechos lingüísticos de los consumidores».

Garbiñe Mendizabal (PNV) pidió que el euskera tenga tantas oportunidades como el castellano y recordó que la propia Constitución contempla la intervención pública para defender un idioma, en este caso el castellano. Por su parte, Vicente Reyes (PSE) advirtió de que «hay personas que pueden ir a la calle» por no saber euskera si se aplica el decreto y opinó que serán «las nuevas generaciones las que lleven el euskera al mundo laboral de forma natural».

Iñaki Oyarzábal (PP) denunció que el decreto supone una «intromisión intolerable» en las empresas privadas, mientras que Mikel Basabe (Aralar) dijo que «la única lengua que se impone por ley es el castellano».

La normativa aprobada en su día por el Gobierno de Ibarretxe no recoge una tabla específica de sanciones. En su lugar, remite a las previstas en la Ley del Estatuto del Consumidor, que prevé multas de 3.000 a 600.000 euros, pero sin más especificaciones.

«Vergonzoso»

El Consejo de los Organismos Sociales del Euskara, Kontseilua, emplazó ayer a PSE, PP y UPyD a que aclaren «qué es lo que van a hacer para garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores».

Su secretario general, Paul Bilbao, que acudió a la Cámara vasca, denunció que la iniciativa contra las sanciones a los comercios que no atiendan en euskera supone «arrinconar» a los consumidores euskaldunes. «Es vergonzoso e insultante venir al Parlamento Vasco a escuchar debates sobre decisiones que van a posibilitar eternizar la vulneración de nuestros derechos lingüísticos, y es aún más inadmisible que en un Parlamento se puedan tomar decisiones que conlleven la sistematización de la vulneración de los derechos fundamentales de los vascohablantes».