Las 'vacaciones fiscales' vascas pierden la batalla en la UE

El Tribunal de la UE reprocha a las diputaciones la ocultación de datos y la falta de colaboración. Las tres instituciones forales insisten ante el fallo de ilegalidad en que han recuperado todas las ayudas concedidas

MANU ÁLVAREZSAN SEBASTIÁN.

El Tribunal de Luxemburgo declaró ayer «ilegal» una de las medidas fiscales más controvertidas de cuantas fueron aprobadas en Euskadi en la década de los años 90: las denominadas 'vacaciones fiscales', que otorgaban la exención total en el Impuesto de Sociedades a las empresas de nueva creación. El dictamen procede del Tribunal Superior de la UE, cuyas resoluciones no tienen recurso posible ante otra instancia, lo que hace que la ilegalidad sea ya definitiva.

La decisión es trascendente, aunque la aplicación concreta en el corto plazo sea de tono menor. Las 'vacaciones fiscales' eran la punta del iceberg de un conjunto de medidas de apoyo empresarial de aquella década. En los próximos meses se conocerá otra sentencia que atacará a la parte magra de este contencioso, y nadie duda ya que el resultado será idéntico al de la sentencia que se conoció ayer, ya que las circunstancias fueron las mismas y los argumentos empleados por las partes también. Se trata, en la sentencia que está por llegar, de las conocidas como 'minivacaciones fiscales' y de las deducciones por inversión que alcanzaban hasta el 45% de las cantidades destinadas a nuevos proyectos empresariales. Según algunas estimaciones no oficiales, está en juego una cifra que supera los 500 millones de euros. Apenas el 10% de esa cantidad corresponde a las vacaciones ilegalizadas ayer. La decisión judicial, señaló el lehendakari, Patxi López, «obliga a hacer una revisión crítica» de las fórmulas utilizadas en el pasado por el PNV para incentivar la actividad económica.

Decisión esperada

La sentencia contraria a los intereses de las haciendas forales, pese a que era esperada como portadora de malas noticias, no ha dejado de sorprender por la dureza y la contundencia con la que el tribunal comunitario ha juzgado no solo el fondo del asunto -la difícil convivencia de aquellas ayudas a las empresas con el derecho comunitario- sino, en especial, el comportamiento que han tenido las diputaciones en este conflicto. El tribunal afea la conducta de los ejecutivos forales, no tanto por emitir una legislación contraria a las disposiciones de la UE en materia de libre competencia, sino por haber ocultado información y no mantener la colaboración institucional adecuada.

La sentencia rechaza los recursos que habían presentado las diputaciones de Vizcaya, Álava y Gipuzkoa contra el primer fallo que ilegalizó las ayudas, en un proceso cuyo origen data de 1994, año en el que la patronal de La Rioja y la Cámara de Comercio de este territorio presentaron la primera denuncia por este asunto ante la Comisión. El órgano ejecutivo de la UE sale reforzado, ya que el tribunal avala su actuación en el proceso y defiende los postulados que ellos han mantenido hasta ahora.

Las diputaciones forales se reafirmaron ayer en la postura que han mantenido hasta el momento, aunque saben perfectamente que lo de ayer tan solo es un rayo que anuncia una tormenta cargada de granizo. Así, aseguraron que la sentencia no tiene consecuencias prácticas, ya que las ayudas correspondientes a las 'vacaciones fiscales' ya se recuperaron y la normativa fue derogada en el año 2000. Es cierto que en las 'vacaciones' las ayudas eran pequeñas, pero también lo es que en lo que hace referencia a las inversiones bonificadas la controversia es dura y las ganas de la Comisión de imponer un castigo ejemplar son infinitas.

La sentencia emitida ayer y la que se dará a conocer en los próximos meses suponen, precisamente, un importante impulso para la Comisión. Sus responsables sostienen que las diputaciones forales apenas han recuperado el 10% de las deducciones que autorizaron a las empresas y por esta razón han pedido al Tribunal de Luxemburgo que imponga a España una multa millonaria. De ahí que el proceso judicial en torno a las ayudas fiscales vascas tenga aún mucho recorrido en los pasillos de la Justicia comunitaria.

Resuelto el fondo del asunto -eran ilegales-, el foco se centra ahora en la recuperación de las ayudas, que afectaron a unas 300 compañías. Las diputaciones aseguran que se han recuperado en su totalidad -aunque el todavía diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González, ha dado a entender con sus declaraciones que eso no es así-, mientras que la Comisión cree que las empresas aún tienen que devolver el 90% de lo que recibieron.

Falta de colaboración

En su recurso, las diputaciones alegaron que el silencio que mantuvo la Comisión durante siete años -la denuncia se presentó en 1994 y el primer expediente se abrió en 2001- les indujo a caer en la «confianza legítima» de que las medidas fiscales eran legales. El tribunal se ha tomado este argumento casi como una afrenta. «Los recurrentes -dice la sentencia-, al no haber colaborado con la Comisión aportándole la información que ésta había solicitado, no pueden invocar la larga duración del procedimiento ni acogerse al principio de protección de la confianza legítima para impugnar la recuperación de las ayudas otorgadas».

En otros párrafos, el tribunal comunitario recuerda los denodados intentos de la Comisión por obtener información y en especial los datos de las empresas beneficiarias, saldados con respuestas evasivas. Cuando la UE los solicitaba, la Diputación de Vizcaya solía contestar con un escrito en el que, más o menos, decía algo así como 'búsquenlos ustedes mismos. Están publicados en el Boletín Oficial de Vizcaya'. Mientras tanto, el enfado de los funcionarios de la UE crecía y las posibilidades de un acuerdo negociado disminuían.

«La concesión de ayudas como excepción a lo dispuesto en las normas del Tratado -indica el fallo- se encuentra sometida a un deber de colaboración con la Comisión». Y las diputaciones no han dejado en Bruselas y Luxemburgo una imagen de colaboración, sino más bien lo contrario. Ese déficit de credibilidad de las haciendas forales ante la Comisión y el tribunal puede tener en el futuro, cuando se dictamine en torno a la devolución de las ayudas, consecuencias muy negativas para las empresas afectadas.