Graffiti: arte o delito

SANTIAGO ERASO

Estas últimas semanas hemos sido testigos de varias polémicas en torno al graffiti. Algunos acontecimientos han favorecido esta discusión: la presencia en el último Festival de Cine de un documental sobre el graffitero Bansky, la aparición de una pintura urbana atribuida al mismo autor o los murales-vallas, habilitados por la candidatura 2016 a Capital Europea de la Cultura. En estos debates se ha discutido sobre el valor artístico de esta práctica urbana o sobre sus límites legales. Desde mi punto de vista, la cuestión no está en decidir si las pintadas son arte o delito, y en función de esa valoración subjetiva responder de una u otra manera, sino en posibilitar su existencia como forma de expresión urbana -no necesariamente adscrita al valor artístico- en el marco de un acuerdo entre las partes implicadas.

Además, aunque su realización tan sólo se considerase delito y se persiguiese su práctica, nunca se acabaría con el impulso de rebeldía que se oculta detrás del graffiti. En cierto modo, es una forma de desobediencia contra la normativización del espacio público, la familia, la escuela o las instituciones de los adultos (es decir, las formas de poder); una manera de reclamar un lugar en la sociedad: un día alguien recrea una firma, decide pintarla en el muro y, desde que lo hace, se apodera simbólicamente del lugar. En ese momento, esa pared se convierte en el límite entre lo público y lo privado. El graffiti adquiere carta de naturaleza en ese límite: entre el yo (nuevo sujeto social) y el vosotros (la autoridad), entre la pintada y el 'arte', entre el delito y el mérito, entre el desecho y la mercancía, entre la cárcel y la galería de arte. No nos olvidemos que el jazz, el rock o el comic -grandes manifestaciones de la cultura contemporánea- nacieron también en territorios clandestinos de la cultura urbana, espacios 'liminares' de resistencia.

Michel de Certau, filósofo e historiador jesuita, admirador de las artes del hacer que organizan la vida en común, en su libro 'La invención de lo cotidiano', apuntó, con certeza y clarividencia, que cada cultura prolifera sobre los márgenes. También nos recordó que a pesar de que cierta ideología aísla al 'autor' y a la 'obra', en realidad, la creación es una proliferación diseminada de formas y experiencias sin propietarios. Pulula, se trataría, por tanto, de una fiesta multiforme capaz de infiltrarse en las calles y en las casas. En fin, nos guste o no, el espacio público siempre será una ventana abierta a la libertad de expresión, en todas sus facetas.

La paradoja Banksy es el último paradigma de estas contradicciones. De graffitero maldito y contracultural a artista famoso de reconocido prestigio y miembro selecto de las colecciones de arte más sofisticadas. De villano a héroe. Todo con el apoyo incondicional del poder mediático, las poderosas máquinas de la industria cultural y la influencia del mercado del arte. Es decir, en la medida que sus formas urbanas atraviesan el umbral que separa el 'mamarracho' de la 'obra de arte' su prestigio le instala en el reino de los privilegiados y le convierte en el icono del arte urbano. Paradójicamente, hoy se pagan fortunas por sus graffitis y se instalan mamparas de cristal para protegerlas. Y en estos casos, ya sabemos que cuando aparece una vitrina, detrás siempre hay una fortuna o una forma de poder.

No cabe duda que el espacio público está invadido de 'signos' que expresan sus propios intereses. La invasión publicitaria, la iconografía comercial, las 'señales' que ordenan nuestro deambular urbano, los 'monumentos' que contribuyen a (re)configurar nuestras identidades, las fiestas populares y rituales religiosos. En definitiva, una proliferación de 'marcas urbanas' que, según como lo viva cada uno, acompañan o perturban nuestro devenir ciudadano. En ese complicado equilibrio de intereses se conforma la 'ciudad de todos'. Como decía Henri Lefebvre en su 'El Derecho a la ciudad' la discrepancia es una parte fundamental de la vida democrática.

Se trata de gestionar las contradicciones que se generan en esos antagonismos: en 2007, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid derribaron un muro en el que el colectivo Desviados había pintado a Gallardón como si se tratara de un grafitero. Poco después, el Consistorio les premiaba con 3.400 euros por ese mismo mural. Para muchos grafiteros es corriente descubrir que quienes les invitan a certámenes o festivales de cultura urbana sean los mismos organismos que después les persiguen. Para responder a estas cuestiones la mayoría de los Ayuntamientos opta por endurecer las multas, judicializar el tema, aumentar la persecución o la represión y, a la vez, incrementar los gastos de limpieza y restauración de paredes. No parece que estas medidas sean efectivas, mas allá de la aparente normalidad. Incluso, pueden ser contraproducentes, en la medida que activa la respuesta y estimula las estrategias de confrontación. En algunos lugares, Gasteiz, Tolosa, Mundaka, se apuesta por una tercera vía: delimitar espacios donde las intervenciones sean 'legales' y acordar espacios 'liberados' (catálogo de muros disponibles) con los colectivos urbanos, desde el respeto a los derechos humanos y con una normativas de uso del espacio público que no impida la libre circulación de las ideas.

En el margen de esos acuerdos sociales seguirán apareciendo, que duda cabe, 'marcas ilegales', pero las mejores medidas de normalización del uso del espacio público siempre serán la mediación y el diálogo para hacerles comprender que la ciudad hace una esfuerzo añadido por encontrar espacios de libre expresión que le permitan canalizar su pulsión creativa. Nunca la represión o la persecución policial indiscriminada.