Euskadi es la comunidad que más gasta en ayudas a las rentas más bajas

Euskadi es la comunidad autónoma que más dinero gasta en ayudas para garantizar el nivel de ingresos mínimos de sus ciudadanos más necesitados. En concreto, al año dedica más de 300 millones de euros, lo que supone el 40,2% del total invertido en este mismo capítulo en toda España. Los casi 53.000 perceptores vascos de la renta de garantía de ingresos, que absorbe la mayor parte del presupuesto, cobran una media de 374 euros el mes, frente a los 22 euros de media del resto de comunidades. El único territorio que se acerca al País Vasco es Navarra, con 238 euros de media.

Hay más datos que corroboran que las políticas sociales vascas son «una excepción» en el conjunto del Estado. Por ejemplo, que el 38,4% de titulares de ayudas de rentas mínimas en España se concentran en Euskadi, si bien sólo están empadronados el 2,5% de los hogares pobres que existen en todo el Estado. Estos subsidios, vitales para quienes no logran salir adelante por su propia cuenta, han sido reconocidos por la legislación vasca como un derecho subjetivo de la persona, al mismo nivel que la educación o la atención sanitaria, y, por lo tanto, pueden ser exigidos ante un juez.

¿Este esfuerzo está justificado o se trata de un derroche de recursos en plena crisis económica? La Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco ha querido medir el impacto que tiene la política vasca de garantía de ingresos para el conjunto de la comunidad autónoma. En un estudio elaborado por Luis Sanzo, responsable del órgano estadístico del departamento, se llega a la conclusión de que este elevado grado de protección social ha permitido «frenar la pobreza» en Euskadi y «resistir mejor la crisis» que el resto de España.

La afirmación resulta de una batería de datos que analizan la relación entre las políticas contra la exclusión de los últimos 25 años y la evolución de las tasas de paro, así como los índices de pobreza. Entre otras cifras, se constata que la tasa de pobreza de Euskadi (4,15) es tres veces inferior a la media española (12,5%). Las diferencias también son notables si se compara la tasa de pobreza infantil (6%) con la del resto del Estado (18,5%).

Otro de los parámetros que se han analizado ha sido el de la tasa de riesgo de ausencia de bienestar, que ha alcanzado su nivel más bajo en 2008, con un 14,6%, sólo superada por Navarra, con un 10,9% y una tasa de pobreza aún menor, del 3,2%. «Los niveles de bienestar social y calidad de vida existentes en Euskadi no serían posibles sin esta política de garantía de ingresos, cuyo principal exponente es la renta de garantía de ingresos», afirmó ayer la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, que presentó las conclusiones del informe en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco.

Una de las peculiaridades del sistema vasco de servicios sociales es que la renta de garantía de ingresos llega, además de a personas sin ningún ingreso, a otras que lo usan para complementar unos ingresos bajos, como los pensionistas cuya paga no llega al salario mínimo interprofesional. Ellos representan el 36% del total de perceptores de este subsidio (casi 53.000 personas en toda Euskadi). Otro 34% percibe íntegramente la renta básica y el resto, otro tercio, son ciudadanos con trabajos precarios que también reciben una porción del subsidio. Se trata de un incentivo al empleo para que, añadido al salario, a quien lo cobra le merezca la pena trabajar, en vez de no hacerlo y pedir íntegra la renta básica. «La política de garantía de ingresos ha ido contemplando nuevas contingencias, situaciones y necesidades. Además, apuesta por los estímulos al empleo, haciendo que sea más rentable trabajar que no trabajar para las personas perceptoras de la renta de garantía», resaltó la consejera.

Influencia en el empleo

Zabaleta consideró que Euskadi puede presumir de «una política socialmente avanzada y económicamente rentable. Una política sin parangón en el conjunto del Estado. Una política que reduce la pobreza, amortigua la destrucción de empleo, impacta en la salud de la población y dinamiza la economía en nuestros pueblos y barrios».

De hecho, el estudio señala que la renta de garantía de ingresos ha contribuido a mantener 26.770 puestos de trabajo que, de no existir esta ayuda, se hubieran perdido por la crisis. De ellos, 4.567 están ligados al fomento del consumo gracias a la percepción de este subsidio, mientras que 22.203 están relacionados con el sistema de estímulos de empleo relacionados con la renta básica.

El total de empleos mantenidos supone el 40,4% de los no perdidos en Euskadi, en comparación con los destruidos en el resto del Estado. Por ello, el estudio concluye que la renta de garantía de ingresos ha facilitado «un menor impacto del desempleo y de la temporalidad», y una «mayor resistencia de Euskadi a la crisis». La ausencia de estas ayudas sociales repercutiría también en el PIB, que se reduciría un 2%, según el estudio.

La consejera recordó que, cuando se materialice el traspaso de las políticas activas, la gestión de los subsidios va a pasar al sistema vasco de empleo, Lanbide, para que estén ligados a la búsqueda de un empleo.