Menos divorcios y más peticiones de custodia compartida en Euskadi

Las asociaciones de padres separados solicitan un cambio legal. Quieren que se modifique la Ley del Divorcio para favorer el contacto de los hijos con los dos progenitores

JAVIER MEAURIOSAN SEBASTIÁN.

Las separaciones y divorcios en la Comunidad Autónoma Vasca han descendido ligeramente al pasar de los 5.193 de 2008 a los 4.811 de 2009 -es decir 382 menos- según datos ofrecidos por la Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados, Kidetza, a la que pertenecen la guipuzcoana Agipase, la vizcaína Abipase y la alavesa Amapase.

Según indican miembros de esta federación, de los 4.811 divorcios, 2.616 (-127) se han registrado en Vizcaya, 1.544 (-149) en Gipuzkoa y 651 en Álava (-106).

También hay que destacar el incremento de las peticiones y concesiones de custodias compartidas -un punto, del 8% al 9% del total de separaciones-, lejos todavía del resto del Estado, que se mueve en cifras cercanas al 12%, según informó Justo Sáenz, presidente de Agipase.

Es este campo de la custodia compartida en el que batallan ahora las asociaciones de divorciados en el País Vasco, donde han solicitado al Parlamento Vasco que contemple esta figura de la guarda y custodia compartida como modelo preferente en las situaciones de separación/divorcio por entender que puede ser la más adecuada para los intereses y el bienestar de los menores.

Asimismo, piden a la Cámara vasca que inste al Gobierno central a que con carácter urgente presente en la Cortes Generales un proyecto de modificación de la actual ley de divorcio, que desde que se aprobó en 2005 «no ha hecho más que aumentar el número de separaciones», según Saénz.

Las asociaciones de separados coinciden en que el descenso de divorcios en el País Vasco se debe mucho a la crisis económica que ha provocado también el aumento de los procesos contenciosos judiciales, y que las parejas peleen por el reparto de los bienes gananciales, por quedarse con la casa, por reducir el dinero a aportar a los hijos... «Hay gente que lo está pasando muy mal. Algunas parejas -que pueden hacerlo- deciden cada uno volver a casa de sus padres para alquilar su vivienda y así hacer frente a la hipoteca», señalan desde Agipase, que subrayan que la crisis incide en el «impago de pensiones y créditos hipotecarios» o en los «dramas» que supone en algunos casos la necesidad de conseguir una vivienda por parte del progenitor que abandona el hogar.

36% de contenciosidad

La contenciosidad media de Euskadi es del 36%. Sube en Vizcaya del 39% al 41%, y baja en Gipuzkoa y Álava del 30,4% al 28,2% y del 41,7% al 35,8%, respectivamente.

El perfil medio de las personas que se separan son parejas de menos de 45 años, con uno o dos hijos y con crédito hipotecario. Los divorciados aprecian una mejora en el régimen de visitas a los hijos, cuyo cuidado recae en un 87% en la mujer. «Las hasta hace poco visitas de fines de semana de viernes por la tarde a domingo de los padres se comparten ahora con posibles visitas también entre semana», indican en Agipase.

Desde la federación Kidetza destacan la urgencia de una política de vivienda de alquiler social para los separados y la modificación de la ley del divorcio contemplando la custodia compartida como norma. Algo que también está en trámite de solicitud en otras comunidades autónomas como Aragón y Cataluña.

Informe del Ararteko

Señala asimismo que el Ararteko en su informe de 2009 también insta al Parlamento Vasco y al Defensor del Pueblo a que pidan al Ejecutivo central que modifique la Ley del Divorcio en los mismos términos.

«En 2009 hemos recibido otras 72 quejas que plantean que, debido al incremento de rupturas matrimoniales experimentado en los últimos años, son muchos los menores que ven vulnerado el derecho a relacionarse con sus dos progenitores como consecuencia de que los juzgados del País Vasco atribuyen su guardia y custodia a la madre en 9 de cada 10 casos. Denuncian que ello obedece a patrones sexistas propios del siglo pasado y solicitan que deje de ser excepcional la posibilidad de establecer judicialmente la guardia y custodia compartida en la misma línea que países como Francia e Italia». Tras esta reflexión, el Ararteko solicita al Defensor del Pueblo que solicite una modificación legal.