Educación para la paz en Euskadi: una propuesta

En la búsqueda del suficiente consenso, el autor propone la creación de un comité de expertos pedagogos blindado: «esto es, respaldado por todo el arco parlamentario»

JON M. LANDAEX DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO VASCO

Las políticas de educación para la paz tocan la fibra más sensible de la sociedad: sus heridas. Su manejo se torna imposible y contraproducente si se pretende avanzar en solitario. Por eso es fundamental un diseño de contenidos y de procesos con transversalidad social y política. Estas políticas deben nacer y canalizarse desde la base social, de abajo hacia arriba, con transparencia y participación especialmente desde el mundo educativo, entroncando con las iniciativas anteriores. Y esto de entroncar es clave: es la prueba del algodón para crear confianza e implicar a todos. Porque construir es aportar a lo ya hecho, es reeditar el consenso, es tener espíritu -y praxis política- inclusiva. Esto es algo de sentido común.

El Gobierno Vasco, sin embargo, desde el mismo verano de 2009, comenzó, especialmente en esta materia, una larga lista de reproches a todo lo hecho: sin distingos y en tono grueso. La política de comunicación del Gobierno insistía una y otra vez en que todo lo anterior se había hecho mal. Se acusaba a los profesores y profesoras de «neutralidad» y a los «nacionalistas», de tibieza e incluso de ser «cómplices» de la violencia. La gota que ha colmado el vaso ha sido un documento de 38 páginas ('Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia') sin una sola propuesta concreta pero plagado de insinuaciones que han terminado, a modo de patada al avispero, por agitar todos los fantasmas.

La comunidad educativa, no nos olvidemos, la destinataria directa del plan, asiste, mientras tanto, como mera convidada de piedra y se debate entre sentimientos encontrados: indignación, miedo, impotencia, hastío, ansiedad... Y a nada contribuyen imágenes periodísticas de pánico como la 'construcción del zulo' en el aula, si bien, por decirlo todo, es tal la ambigüedad y la falta de concreción del documento gubernamental que deja una puerta demasiado abierta para evitar portazos en tiempos de tormenta.

La política comunicativa en esta materia ha sido un error garrafal sembrando el campo de minas para futuros movimientos. Así las cosas: ¿Cómo salir del laberinto? El documento de reformulación del Gobierno considera que la unidad 'Bakerako urratsak', que trabajó a modo de proyecto piloto los testimonios por escrito de las víctimas en la legislatura pasada, «resulta incompleta, imprecisa y por lo que se procede a su modificación» (sic pág. 32). Ésa es la conclusión, sin exponer a partir de qué argumentos pedagógicos o evaluativos se contradicen los resultados extraordinariamente positivos, publicados y acreditados por un grupo independiente de profesores universitarios. Dos años de trabajo, miles de horas de implicación y resultados positivos, apolíticos, testados. no valen. ¿Por qué? Es como si después de toda la negociación de la legislatura anterior se empezara de cero y se arrojara por la borda el esfuerzo y buen hacer de tantos técnicos y profesionales y, también debe subrayarse, miles de euros de todos los contribuyentes. Se prometen ahora nuevos materiales, unidades, cursos y planes, pero sin concretar, y vuelta a empezar como en el mito de Sísifo, que subía la piedra a la montaña para, arrojada de nuevo, tener que volver a empujarla. Y aquí, sin embargo, puede estar la clave para darle la vuelta a la situación, siempre que haya verdadera voluntad.

El Gobierno ha decidido, con buen juicio, retrasar la aprobación del plan a la búsqueda de consenso. Pero la desconfianza se ha estado desparramando por la comunidad educativa y por la sociedad a espuertas. Va a ser necesario un trabajo ímprobo para recuperar la confianza. Y ello demanda, en primer lugar, un acuerdo político amplio. Pero, en segundo lugar, dar garantías a la ciudadanía y a la comunidad educativa, en particular, de que esta materia no va a incorporar ni un ápice de adoctrinamiento o contenido político partidario. Y a ese respecto me atrevo a hacer una sugerencia. El Gobierno bien podría pactar con la oposición que la unidad didáctica que el anterior dejó preparada para ser llevada a los centros no se modifique, y se oferte y acompañe -también con módulos de formación para el profesorado (Garatu)- desde el Departamento de Educación. Al tiempo que se inicia un nuevo proyecto piloto -no una iniciativa general para toda la escuela- que permita ensayar, como insiste el Gobierno, una nueva unidad con el foco puesto en privilegiar la presencia física de las víctimas. Ésta parece ser la piedra de toque que agita todos los vientos. ¡Que convivan, entonces, dos unidades y se comparen luego los resultados!

Pero, y esto sería esencial, poniendo todo (diseño de contenidos, cursos del profesorado, implementación, evaluación) en manos de un comité de expertos pedagogos blindado: esto es, respaldado por todo el arco parlamentario, independiente, integrado por profesionales de prestigio cuya valía y autoridad den confianza a todos los sectores políticos y sociales. Comité que bien podría ser paritario: dos miembros elegidos por el Gobierno y dos por la oposición con consenso. Creo que eso traería confianza y paz a la materia, y comenzaría a limpiarse el veneno que entre unos y otros no se deja de inyectar en una materia que, paradojas de la vida, habla de 'educar', 'para la paz' y 'los derechos humanos'.

A situaciones de desconfianza excepcionales, medidas de garantía excepcionales: usar ese comité de sabios y sabias como vía de despolitización. Si un gobierno tuviera la generosidad y altura de miras de 'pacificar' esta materia, y la oposición facilitara una salida así blindada, nos darían a todos una verdadera lección de educación para la paz que, sin duda, tendría la expansiva fuerza pedagógica -y política- de predicar con el ejemplo.

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