Ideas para un acuerdo necesario y posible

El autor anima a PNV y PSE-EE a acordar el Plan de Educación para la Paz. «El resultado no respondería plenamente al ideal de nadie, pero sí aparecería como digno para la gran mayoría»

MIKEL MANCISIDORDIRECTOR DE UNESCO ETXEA-CENTRO UNESCO DEL PAÍS VASCO

Llevamos unas semanas debatiendo sobre la Reformulación del Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Si el acuerdo en política es siempre deseable (sin eludir la responsabilidad de gobernar), en este asunto se convierte en un requisito clave que obliga a los máximos esfuerzos (por parte, sobre todo, de los dos principales partidos del país), por razones de principio y operativas. Tras un inicio trastabillado, ambos partidos se han comprometido en la tarea de llegar a un acuerdo. Este artículo quiere animarles a proseguir en ese esfuerzo al tiempo que, más allá de los buenos deseos, apunta algunas claves que podrían fundamentar ese acuerdo.

El plan da cumplimiento a una recomendación de los organismos internacionales (y la sociedad civil) a las entidades políticas que tienen competencias en la materia. El anterior Ejecutivo respondió con un ejercicio técnicamente solvente resuelto con una considerable participación (lo cual a su vez puede sumarse al haber de la anterior oposición). Al nuevo Gobierno le asiste, de igual forma, toda la legitimidad, y en eso está, para revisar y actualizar objetivos, ritmos o programas del plan en función de la nueva situación política.

Unesco Etxea propuso ya hace años algunos de los contenidos que hoy forman parte del plan, participó en su elaboración y lideró como 'implementing partner' la relación con los organismos internacionales con los que el texto se contrastó. Hemos participado después en su desarrollo. Estas últimas semanas hemos trasladado un informe al Gobierno Vasco con nuestra posición sobre la reformulación para seguir participando como aliado útil del plan. Proponemos estas bases no tanto pensando en nuestra posición, sino como intento de identificar el espacio de encuentro de las dos fuerzas políticas principales del país y, esperamos que tras ellas, el resto. El resultado no respondería plenamente al ideal de nadie, pero sí aparecería, sin perder sustancia, como digno para la gran mayoría.

1. El plan existente puede mantenerse en gran parte. El Gobierno ha aclarado que ésta es su intención. Debería ahora indicarse qué parte del plan se mantiene y qué parte queda derogada o sustituida por la reformulación.

2. La deslegitimación de la violencia, y específicamente de la violencia terrorista, queda planteada como central. Esto no sólo debe ser reconocido por la oposición como un aporte legítimo del Gobierno, sino bienvenido como una mejora en la que los defensores de una cultura de los derechos humanos debemos encontrarnos.

3. Esta deslegitimación del terrorismo no puede, tal como parecía en una primera lectura de la reformulación, fagocitar el resto de aspectos importantes que un Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos debe contemplar. No se trata de sustanciar la deslegitimación sumándola a otras cuestiones que sirvan de contrapeso o la desvirtúen. Todo lo contrario: se trata de proponer que la deslegitimación gana sentido y eficacia en el marco de una cultura de los Derechos Humanos.

4. La centralidad de las víctimas de la violencia ilegítima, incluidas de forma principal, explícita y visible las del terrorismo etarra, debe ser un principio asumido por quienes compartimos una cultura de los Derechos Humanos. Para asentar sólidamente esta centralidad recomendamos cuatro referencias cercanas: la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo; el acuerdo -igualmente unánime- del Parlamento Vasco de 22 de diciembre de 2009; el espíritu de los Actos de Reconocimiento y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo; y el trabajo de la Dirección de Víctimas del Terrorismo desde su constitución. Estas cuatro referencias son entendidas como una construcción razonablemente común.

5. La presencia de las víctimas en la escuela se ha presentado como el asunto que separaba a los grupos y a la sociedad. Pero las posturas se han acercado. La posición de la consejera Celaá nos parece una buena base de trabajo en tanto insiste en la presencia no siempre necesaria o inmediatamente física; se respetan, sin renunciar al fondo, distintos ritmos y la autonomía de los centros en su aplicación; se valora la creación de acuerdos previos; se subraya el papel de los claustros y los padres; etcétera.

6. Si queremos reivindicar el sistema democrático y las instituciones como garantes y generadoras de los Derechos Humanos, tal como la reformulación afirma, cuidemos que no se perciba que se identifica determinada arquitectura institucional o estatus jurídico o político como derivada necesaria de la cultura de los Derechos Humanos; que se respeta la idea de que los Derechos Humanos no cierran los espacios a otras reivindicaciones políticas, sino que se explica que esas reivindicaciones deben respetar unos mínimos de convivencia y deben ser respetadas en esos mismos mínimos; y que se reconoce que los Derechos Humanos aseguran el espacio a la crítica y al cuestionamiento cuando estas instituciones se perciban -con razón o sin ella- como insuficientemente respetuosas de los Derechos Humanos.

7. El Plan se enmarca en un escenario internacional y llama a establecer acuerdos con los principales órganos de referencia: la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unesco y el Consejo de Europa. Se debe tener en cuenta el trabajo ya adelantado, muy especialmente el acuerdo firmado con la Oficina de la Alta Comisionada y el marco del 'Memorándum de Entendimiento' con la Unesco. Si queremos un plan renovado sobre la base de lo bueno ya hecho, no demos hacia fuera la impresión de empezar de cero o desconocer lo consolidado.

Deseamos que estas reflexiones resulten útiles para un acuerdo posible y necesario. Unesco Etxea seguirá trabajando por la cultura de los Derechos Humanos en Euskadi con las instituciones y con la sociedad civil. Ojalá que en el marco de un plan consensuado por los principales actores.

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