¿Qué le pasa a la Justicia?

Las causas a Garzón, el bloqueo del TC y sentencias como la de Egunkaria agudizan problemas endémicos del tercer poder del Estado

LOURDES PÉREZSAN SEBASTIÁN.
Baltasar Garzón abandona el pasado jueves el Tribunal Supremo tras comparecer por una de las tres causas penales que tiene abiertas. :: AFP/
Baltasar Garzón abandona el pasado jueves el Tribunal Supremo tras comparecer por una de las tres causas penales que tiene abiertas. :: AFP

No hay unanimidad entre sus integrantes sobre si la Justicia se encuentra ante una encrucijada histórica, o al menos ante un sensible punto de inflexión después de tres décadas de democracia. Pero seguramente habría que retrotraerse a la turbia época de los GAL y de los escándalos de corrupción para encontrar un momento tan febril en torno a los tribunales y al gobierno del Poder Judicial. Un período en el que han ido confluyendo, desde distintos frentes y con distintas consecuencias, una serie de actuaciones, procedimientos y sentencias que, como subraya un magistrado vasco de dilatada trayectoria, «han hecho explotar» los problemas latentes: el de la insuficiencia de recursos o la ineficaz organización de los juzgados en el caso del asesinato de la niña Mari Luz Cortés; la sombra de interferencias políticas en las interminables y fallidas deliberaciones del Constitucional sobre el Estatuto catalán refrendado en 2006, o en los altos nombramientos que competen al Consejo General del Poder Judicial, como la última y polémica elección del presidente del Tribunal Superior vasco; los riesgos que comporta la prolongada exhibición y proyección mediática de determinados miembros de la Magistratura, léase Baltasar Garzón; la incomprensión que generan en amplios sectores sociales causas como la que ha acabado, siete años después, con la exculpación de los directivos de Egunkaria y la constatación del exceso que supuso el cierre del periódico... «Hay que intentar centrarse en el trabajo cotidiano y sustraerse a esta especie de 'Sálvame Deluxe' judicial que sufrimos», ironiza un vocal del CGPJ, aludiendo al popular programa de cotilleos. «El reto está en pasar definitivamente de la Justicia del siglo XIX a la del siglo XXI», agrega.

¿Y qué le está pasando a esa Justicia? La pregunta no encuentra una respuesta unívoca en los jueces y juristas, unos con nombres y apellidos y otros obligados a guarecerse en el anonimato, consultados por este periódico. Alguno incluso pone en duda la mayor; esto es, que realmente la Magistratura y, con ella, la Administración judicial, se encuentren ante eventuales factores de cambio diferentes a los vividos en otras épocas igualmente convulsas. Diego Íñiguez, doctor en Derecho y autor del elocuente 'El fracaso del autogobierno judicial', prefiere hablar de «crisis», con «la oportunidad» que conlleva para mejorar, que de momento de no retorno. Y distingue, por una parte, las carencias que arrastra la Justicia en tanto que servicio público -con mención especial para el endémico atasco en juzgados y tribunales y para los agravios entre autonomías por la dispar eficacia de sus respectivas administraciones-; y, por otra, el descrédito que soporta la política judicial.

Problemas acumulados

«Aunque los problemas son acumulativos desde hace 20 años, la percepción de que el sistema judicial está afectado por la política ha crecido. Pero el cambio realmente significativo es que el estallido ha surgido esta vez desde dentro, con un malestar que ha llegado a plasmarse en dos huelgas», sostiene Íñiguez. Los históricos paros se toleraron, pese a que eran, cuando menos, alegales. Pero frente a la ambigüedad jurídica, lo que sí emergió esos días con nitidez fue un novedoso e imprevisto movimiento -el conocido como '8 de octubre'- que interpela no sólo al Ministerio de Justicia o al Consejo del Poder Judicial, sino a la dinámica histórica del asociacionismo en la carrera. Una nueva generación de jueces jóvenes, quizá con menos conciencia de constituir un poder del Estado 'comme il faut', pero más dispuestos a reivindicar sus derechos como funcionarios públicos. Y, a lo que parece, decididos a abrir las ventanas para que entre el aire, aunque a veces el modo de hacerlo resulte abrupto o discutible.

Por de pronto, ese movimiento renovado de togas ha abandonado la marginalidad: lo que arrancó como un intercambio más o menos espontáneo de correos electrónicos por los conductos internos de tribunales y juzgados terminó desembocando en una muestra tan contundente de enojo como la desafiante convocatoria de dos huelgas. Y hace apenas unas semanas, con la defensa en público de un manifiesto sumamente crítico con la actitud del CGPJ y hacia el funcionamiento de la Administración de Justicia que ha sido secundado por un tercio de los 4.000 profesionales que integran la Magistratura. Aunque quizá lo más significativo -y paradójico- es que ese mismo Consejo tan crudamente censurado ha favorecido las primeras elecciones de miembros procedentes de la corriente crítica para altos cargos de representación; es el caso del presidente de la Audiencia de Vizcaya. «El modelo asociativo tradicional, con la preeminencia de la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, ha entrado también en crisis», concluye Íñiguez. «Se trataba de un monopolio difícil de mantener».

Herencia dudosa

«Sí, yo sí creo que es el peor momento que ha tenido que afrontar la Justicia en España. La Judicatura está sufriendo en la medida en que no puede explicarse», se moja el veterano magistrado vasco antes citado. «La cuestión es que la mayoría de los jueces no quieren pensar que todo esto va con ellos, porque no se sienten concernidos por las cuitas del Consejo, la Audiencia Nacional o el Supremo. El caso del juez Tirado sí fue otra cosa», describe, refiriéndose a una de las mechas que prendió la primera huelga de jueces, el 18 de febrero de 2009. La lamentable historia es conocida: el retraso de Rafael Tirado en ejecutar una condena por abusos sexuales contra Santiago del Valle permitió a éste eludir la prisión. En ese intervalo, Del Valle asesinó presuntamente a la niña Mari Luz. El terrible error y la explosión de indignación popular a que dio lugar, adobada por la desmesurada atracción que suscitan los escándalos en los tribunales para la crónica televisiva entre rosa y negra -un factor novedoso que inquieta sobremanera en amplios ámbitos de la Magistratura-, se saldaron con indisimuladas presiones del poder político para que aplicara la mano dura contra Tirado; y con la controvertida decisión del CGPJ de dejar la sanción en una multa de apenas 1.500 euros, ratificada esta misma semana por el Supremo. Una resolución que ha sido recibida con notorio alivio en el Consejo ante la mera perspectiva de que el juez acabara siendo eximido de toda culpa.

Encrucijada

Está por ver, apunta un magistrado, si el Ministerio y el CGPJ han tomado nota convenientemente de las carencias y negligencias que se encadenaron en aquel caso para que no se repitan, en un país donde sólo en 2009 se gestionaron nueve millones de litigios sin que la inmensa mayoría de los mismos derivaran en polémica pública alguna, al margen del estancamiento acumulado y los insuficientes recursos materiales. Los portavoces de la APM y de Jueces para la Democracia, Antonio García y Edmundo Rodríguez Achútegui, recalcan esa normalidad cotidiana para relativizar las tensiones actuales, aunque en sus valoraciones late una inquietud en cierto modo compartida sobre el encaje que tienen las decisiones judiciales en la sociedad en la que revierten.

Una inquietud que ha vuelto a agudizarse también esta semana a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional que ha absuelto a los directivos de Egunkaria, y que para Rodríguez Achútegui no tiene tanto que ver con que los jueces sean por sí mismos «un colectivo antipático» para sus conciudadanos, como con que se producen posicionamientos que ni resultan «fáciles de entender» ni se encaran con la debida rapidez y transparencia. García va un paso más allá. «Éste es el momento en que con mayor intensidad estamos en la encrucijada entre legitimación y deslegitimación social. Y cuando la mayoría creíamos que el debate sobre nuestra independencia estaba superado, resulta que vuelve a cobrar actualidad».

Estas cuestiones preocupan singularmente al representante de la APM, uno de los magistrados del Tribunal Superior vasco que sentaron en el banquillo de los acusados primero a Juan María Atutxa y, tiempo después, a Juan José Ibarretxe y Patxi López por sus reuniones con dirigentes de la ilegalizada Batasuna. García confiesa que su zozobra más íntima no provenía de las dudas sobre si estaba actuando conforme a los estándares de la ley, que nunca tuvo. Y sí, en cambio, sobre si sus 'convicciones procesales' se correspondían con las convicciones asentadas en una sociedad que podía sentirse mayoritariamente contrariada por el encausamiento del ex lehendakari y de su sucesor. «Después de estudiarlo mucho, he llegado a la conclusión de que no soy de los jueces que creen que las decisiones judiciales tengan que estar legitimadas más allá del Derecho. Ése sería un criterio absolutamente volátil», asevera.

Pero tampoco en esto hay consenso entre quienes defienden que el juez debe estar sometido, única y exclusivamente, al imperio de la ley y aquéllos que, asumiendo que eso es así, ven adecuado buscar una imbricación con la sociedad a la que sirven. Si éste debate estuvo plenamente vigente durante el último y fallido proceso para el final de ETA, ha recobrado plena vigencia estos días con los actos de apoyo a Baltasar Garzón, el caso Egunkaria o la parálisis en el Constitucional en torno al Estatuto catalán. Un TC que se ha visto sometido «a un brete» insólito por parte del poder político, advierte Rodríguez Achútegui, aunque un magistrado del Supremo objeta privadamente que los magistrados encargados de sentenciar sobre la norma autonómica deberían haber preservado mejor el «respeto» que se les supone. En cualquier caso, todas las fuentes consultadas avisan de la amenaza cierta de que una institución esencial como el Constitucional salga poco menos que herida de muerte de sus deliberaciones sobre el Estatut, dado que poco parece importar ya la literalidad de lo que acuerde. Algo que podría ocurrirle a menor escala también al Supremo -se alerta en algunos ámbitos de la Judicatura- ante lo caldeados que están los ánimos en torno a las tres causas penales abiertas a Garzón. Y eso «que era cuestión de tiempo que esto pasara» dado el particular modo de instruir e interpretar las previsiones legales del magistrado.

Curiosa coincidencia

La irrupción de los nuevos jueces, muy preparados y -si vale la expresión- menos 'ideologizados' que las generaciones precedentes, ha dado lugar a una coincidencia curiosa. Porque mientras el movimiento '8 de octubre' gana pujanza, la causa contra Garzón por sus diligencias sobre las denuncias de los familiares de las víctimas republicanas en la Guerra Civil ha hecho aflorar una línea argumentativa en su apoyo que atribuye las actuaciones contra el magistrado de la Audiencia Nacional a una suerte de persecución inspirada por los sectores franquistas y tardofranquistas que aún pervivirían en la Judicatura española.

En una tesis que vendría a ser circular, y que vertebró buena parte del multitudinario y controvertido acto de respaldo celebrado esta semana en la Universidad Complutense de Madrid, la imputación por prevaricación contra Garzón impulsada, entre otros, por Falange, ocultaría la determinación última de evitar la depuración de responsabilidades del pasado por parte de una Magistratura con anclajes aún en la dictadura. La parte de la izquierda judicial que asiste, entre desconcertada y enfadada, a lo que considera una peligrosa exacerbación de la crítica emocional recuerda que esa supuesta generación de magistrados que no habría hecho la Transición o bien está jubilada, o bien, fallecida.

Pero no parecen correr buenos tiempos para la defensa del Derecho frente a la exaltación de otros principios, otros valores, otros sentimientos. La cuestión es si a esta Justicia le basta con el barniz de la modernización pendiente o es preciso que acometa un ejercicio profundo de introspección sobre qué significa la independencia y cómo protegerla mejor que hasta la fecha. Las fuentes consultadas no dudan de que, en el caso concreto de las causas contra Garzón, los miembros del Supremo tienen «el cuajo» suficiente para hacer prevalecer su profesionalidad a presiones de variado signo. Pero también advierten de que urge un Pacto de Estado, una tregua, entre PSOE y PP para restablecer una legitimidad amenazada.