El tribunal desmonta toda la causa contra Egunkaria

La Audiencia Nacional absuelve a los cinco directivos del diario acusados de pertenecer a ETA. La sentencia dice que el cierre del periódico en euskera no tenía cobertura constitucional

MELCHOR SÁIZ-PARDOMADRID.
Recibimiento. Martxelo Otamendi, abrazado por una allegada, en presencia de Joan Mari Torrealdai e Iñaki Uria, en el parque Martin Ugalde de Andoain. ::                             MIKEL FRAILE/
Recibimiento. Martxelo Otamendi, abrazado por una allegada, en presencia de Joan Mari Torrealdai e Iñaki Uria, en el parque Martin Ugalde de Andoain. :: MIKEL FRAILE

La orden judicial de cierre del periódico Euskaldunon Egunkaria en febrero de 2003 «no tenía cobertura constitucional directa» y «carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara». Pero es que la clausura ni siquiera estaba justificada porque no había pruebas de que el diario fuera un proyecto auspiciado por ETA, que defendiera sus postulados y, menos aún, que la editorial desviara dinero a las arcas de la organización terrorista.

Tampoco había un solo indicio de que ETA nombrara a los responsables del rotativo. Más de siete años después de aquel polémico cierre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que absuelve a los cinco directivos del periódico acusados de «pertenencia» a ETA, dictó ayer una sentencia que llega al punto de poner en duda la legalidad de la decisión del entonces instructor Juan del Olmo de dejar a miles de lectores vascos sin la única publicación diaria en euskera, cuando en modo alguno la salida a los quioscos de Egunkaria suponía riesgo de «reiteración delictiva».

Directivos absueltos

El ponente del fallo, el presidente Javier Gómez Bermúdez, es tajante en las conclusiones de su durísima sentencia: no hay ni una sola prueba de que «los procesados tengan la más mínima relación con ETA» a pesar de que el Ministerio del Interior, dirigido por Ángel Acebes en 2003, acusó públicamente a los responsables del rotativo de haber convertido el periódico en un «instrumento» de la organización. El tribunal absuelve así al presidente del consejo de administración, Joan Mari Torrealdai; a los consejeros Txema Auzmendi e Iñaki Uria; a Martxelo Otamendi, director de la publicación; y al redactor jefe Xabier Oleaga. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia reclamaban para ellos penas de entre 12 y 14 años de cárcel en un proceso en el que la Fiscalía no acusaba por no ver indicios delictivos.

Pero, al margen de las absoluciones, los magistrados de la sala van mucho más allá y critican sin ambages la decisión de Del Olmo de ordenar el cierre temporal del periódico cuando tampoco «ha sido acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico Euskaldunon Egunkaria haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado».

Es más, recuerda la sentencia, la AVT y Dignidad y Justicia acusaban a los cinco procesados de apoyar a ETA cuando los miembros de la Guardia Civil que comparecieron como peritos «reconocieron que no se había investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a ETA» sino un posible allegamiento de fondos. En ese punto, el fallo también desmonta cualquier posible acusación de colaboración económica. La Audiencia Nacional asegura que, analizadas todas las subvenciones que recibió el diario clausurado, «no se ha acreditado que parte alguna del capital social u otros recursos fueran de procedencia ilícita».

Del mismo modo, certifica que no hay ni rastro de que el periódico fuera una fuente de ingresos para los etarras, como sostenía la Guardia Civil. «No consta envío o desvío de fondos o activos de clase alguna desde la sociedad editora o el diario a la banda terrorista ETA», afirma de forma taxativa el texto.

La investigación del instituto armado, cuyo trabajo también sale malparado en la sentencia, tampoco pudo probar que los responsables de Egunkaria «recibieran órdenes de ésta o que sus cuadros dirigentes fueran designados, estuvieran vinculados, colaboraran u obedecieran consignas de la citada banda».

Los magistrados de la Audiencia Nacional, a lo largo de las 33 páginas de la sentencia, aseguran no haber encontrado un solo motivo para justificar la clausura temporal del diario, que además provocó su cese de actividad, lo que condujo a la liquidación de su patrimonio y de las sociedades Egunkaria S.A. y Egunkaria S.L.

Reparto de críticas

Pero al margen de que no había pruebas, la Sala de lo Penal también cuestiona la legalidad de la clausura de un diario. «El cierre temporal de un medio de comunicación impreso de periodicidad diaria como medida cautelar es de difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico», llega a apuntar el magistrado Gómez Bermúdez. «La suspensión provisional no tiene cobertura constitucional directa, pues en la Constitución sólo se regula el secuestro como injerencia de los poderes públicos en la actividad de publicaciones y otros medios de información». En la Carta Magna se «prohíbe todo tipo de censura previa», como sería el cierre cautelar de un periódico, recuerda la resolución.

El tribunal -formado además de por Gómez Bermúdez por Ramón Sáez Valcárcel y por Manuela Fernández de Prado- recuerda al juez que clausuró el rotativo basándose en el artículo 129 del Código Penal, que ese precepto era «insuficiente» porque los periódicos tienen una protección especial.

La Sala de lo Penal critica que Del Olmo no barajara otras medidas, al margen de la clausura, para evitar que se siguieran cometiendo supuestos delitos desde el periódico, lo que a la postre también resultó ser falso. Las críticas al instructor se extienden a la Guardia Civil, a la que critica por haber elaborado supuestos «análisis de inteligencia» que implicaban a los acusados, pero que realmente no eran más que «estudios hechos por los miembros de la Guardia Civil de diversa documentación incautada a miembros de ETA».

La sala arremete también contra la «endeblez» de las tesis de la AVT y Dignidad y Justicia, que están estudiando la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, ya que la sentencia de ayer no es firme. Tienen cinco días para ello.