El Gobierno endurecerá la ley para que la izquierda abertzale no esté en las urnas

La reforma la han elaborado desde hace un año técnicos de Justicia, Interior y Política Territorial. Aprobará hoy cambiar la norma electoral, la de partidos y la de régimen local

A. TORICES MADRID/SAN SEBASTIÁN.
Unión Europea. José Luis Rodríguez Zapatero y José Manuel Durao Barroso, durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en Bruselas. ::                             AFP/
Unión Europea. José Luis Rodríguez Zapatero y José Manuel Durao Barroso, durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en Bruselas. :: AFP

El Consejo de Ministros aprobará hoy las reformas legales para tratar de sellar todos los resquicios que la izquierda abertzale ilegalizada podría utilizar para concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011. Se trata de las «reformas legislativas» a las que ayer hizo alusión el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, cuando dijo, en un seminario en Madrid, que el Gobierno español persigue la derrota de ETA y «está trabajando para hacer cada vez más difícil que puedan presentarse» a unos comicios. «Se trata de cerrar cualquier paso a Batasuna», resumió un miembro del Ejecutivo.

La reforma, según confirmaron fuentes gubernamentales, ha sido elaborada durante casi un año por técnicos de los ministerios de Justicia, Interior y Política Territorial y plantea modificaciones a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), a la Ley de Bases del Régimen Local y a la Ley de Partidos Políticos. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó ayer al interlocutor del PP en temas de terrorismo, Federico Trillo, de las líneas generales del proyecto y los populares consideran que satisface buena parte de sus demandas. El primer partido de la oposición, que reiteró su empeño de emprender las reformas que impidan la presencia de ETA en las instituciones democráticas, esperará a conocer el contenido del proyecto para pronunciarse.

El objetivo principal es que no se vuelva a repetir la experiencia de las elecciones municipales de 2007, cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado sólo lograron pruebas para poder anular 112 de las 245 listas presentadas por ANV ante el Tribunal Supremo, lo que tuvo como consecuencia que la formación que un año más tarde fue ilegalizada por ser «un instrumento» al servicio de ETA lograse concejales en 125 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra y 42 alcaldes a los que ya no se ha podido expulsar ni de los gobiernos municipales ni de las instituciones. Las modificaciones también tendrán en cuenta las maniobras puestas en marcha en los últimos meses por la izquierda abertzale, como intentar camuflarse en listas bajo el paraguas de otros partidos legales o tratar de integrar plataformas electorales que discurran por el filo de la ley.

Doble objetivo

Las modificaciones previstas en las tres leyes persiguen dos grandes objetivos: imposibilitar que organizaciones o personas vinculadas al entorno de la organización terrorista ETA puedan acceder a las instituciones y crear mecanismos para que si alguna de estas candidaturas o candidatos consiguen burlar el filtro y el hecho se comprueba a posteriori puedan ser expulsados de las instituciones o al menos inhabilitados o despojados del poder.

La ley de Régimen Local, según los informes elaborados en 2008 por la Abogacía del Estado para intentar descabalgar a los 42 alcaldes de ANV, no permite con su redacción actual sacar de los equipos de gobierno a los concejales elegidos en listas de partidos que luego han sido ilegalizados. Las actas de concejal se obtienen a título individual, por lo que no se les pueden retirar, y la norma sólo prevé la disolución de la corporación y la convocatoria de nuevas elecciones para casos extremos, en los que se producen de forma «grave y reiterada» hechos expresos de «cobertura y apoyo» al terrorismo o a quienes lo enaltecen o justifican. Estos hechos «graves y reiterados» no se han podido documentar en ninguno de los 42 municipios, por lo que la izquierda abertzale posiblemente los gobernará hasta 2011.

Todo el nuevo paquete legal busca cerrar el cerco sobre el entorno terrorista y hacer buena la frase que el ministro Pérez Rubalcaba dirige a la izquierda abertzale desde hace semanas, y con más fuerza después de que Batasuna se negase a condenar la semana pasada el asesinato por ETA de un policía francés: «O bombas o votos».

Cumplimiento de la ley

El anuncio del fiscal general del Estado constituye un nuevo peldaño en el empeño por el cumplimiento escrupuloso de la Ley de Partidos al que no están dispuestos a renunciar los responsables de los gobiernos central y vasco. Hasta ahora ambos ejecutivos habían verbalizado que consideraban «suficiente» el contenido actual de la norma para evitar los «coladeros» que temía el Partido Popular. Es más, los socialistas aseguraban que no se habían planteado reformas de la Ley de Partidos porque siempre han creído que no eran necesarias, y partían de la convicción de que, aplicando toda su potencialidad, se podía evitar posibles marcas blancas fraudulentas.

Ayer, la portavoz del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, afirmó que el Ejecutivo de Patxi López comparte con el Gobierno de España que «ninguna organización se beneficie de las instituciones democráticas para servir a la estrategia terrorista». «Estamos en que concurran a las próximas elecciones de 2011 partidos que sólo utilizan la palabra y el voto de los ciudadanos», precisó.

Los populares han seguido su camino en solitario y han mantenido su disposición a hacer 'casus belli' de esta cuestión. Hace dos semanas, este periódico avanzó que el PP vasco, a iniciativa de su presidente, Antonio Basagoiti, tenía intención de reforzar la Ley de Partidos para evitar posibles listas de la izquierda abertzale ilegalizada. El líder de los populares vascos se lo hizo llegar a Mariano Rajoy y éste al presidente del Gobierno.

El PP lo que sí tiene claro es que fiscalizará la actuación del Ejecutivo ante posibles intentos de la izquierda abertzale de estar en las elecciones. Secunda, además, la necesidad de que ETA y su entorno asuman que no cabe negociación posible gobierne quien gobierne, si no abandona antes las armas.