Deba, un modelo «a no repetir»

SOS Racismo relata la «vulneración de derechos» en el centro de acogida, ya cerrado. En el nuevo recurso de menores de Elgeta «la situación es mejor pero tampoco les permiten acudir a centros de formación», denuncian

JUANMA VELASCOSAN SEBASTIÁN.
Informe de SOS Racismo. Peio Aierbe y Anna Stern, ayer en San Sebastián. ::                             MIKEL FRAILE/
Informe de SOS Racismo. Peio Aierbe y Anna Stern, ayer en San Sebastián. :: MIKEL FRAILE

En el centro de acogida a menores inmigrantes de Deba «no se permitía a los adolescentes acudir a los centros de formación». Durante los ocho meses en los que estuvo abierto, tampoco se permitían visitas. «Aparte de comer y limpiar el cuarto, los menores no tenían ninguna actividad educativa», asegura un educador. Quienes consumían drogas «tampoco tenían una intervención terapéutica». Allí se trasladaba a los jóvenes más conflictivos, aunque también entraron chavales «recién llegados, sin ningún delito a sus espaldas». Por allí pasaron al menos tres chicas. Hubo 15 denuncias por situaciones de maltrato. «Se utilizaban esposas para inmovilizar a los menores»...

Han pasado tres meses desde que se cerró el centro de menores Oilur en el barrio Endoia de Deba y la asociación SOS Racismo quiso presentar ayer un informe sobre lo ocurrido en ese recurso en sus nueve meses de vida para que «no se vuelvan a repetir» situaciones como las narradas en el primer párrafo de este texto y extraídas del informe.

«Queremos que la Diputación de Gipuzkoa -de quien depende el centro- lidere las buenas prácticas en la atención a los menores no acompañados, que aprenda de los errores, que la experiencia vivida en el centro de Deba sirva de cara al futuro. Que no se repita», explicó Peio Aierbe, miembro de la asociación.

Desde SOS Racismo quieren que la Diputación deje de abordar la atención a estos menores desde una visión «criminalizadora y culpabilizadora» porque, a su entender, se trata de «menores en riesgo» y, como tales, deben de ser objeto de protección. «La respuesta a esos perfiles de menores en riesgo no pasa por el control, el aislamiento detrás de una valla -como la que se colocó en Deba-, sino por una intervención educativa individualizada, que sea capaz de conseguir que los menores asuman sus responsabilidades y, en los casos en que sean protagonistas de actos antisociales tengan una intervención correctiva pero buscando que cambien sus comportamientos», señaló Aierbe.

El informe, presentado ayer, detalla los nueves meses del 'Programa de atención a menores extranjeros con graves problemas de conducta' en Deba. Para ello, se sirve de los testimonios de 26 menores residentes, de educadores, de responsables de centros de iniciación profesional, de vecinos de la zona...

Tanto Aierbe como Anna Stern, responsable del área de menores de SOS Racismo, explicaron vulneraciones de derechos tales como el de la educación. «A los menores residentes se les cortó intencionadamente el acceso a recursos educativos y formativos, con la incidencia negativa que ello tiene en su futuro».

También denuncian que en el recurso había pocos educadores y con pocos recursos. «No había ni proyecto educativo ni terapéutico». Asimismo, recordaron que a Oilur se llevaron menores no conflictivos que, una vez llegados allí, comenzaron a acumular causas judiciales a partir de su derivación al recurso.

En la práctica, el centro de Deba se convirtió en «una herramienta de expulsión» de un cierto número de menores. «Algunos se marcharon utilizando un billete pagado por los trabajadores del centro», explica Aierbe, que denuncia la demora y falta de tramitación de la documentación de algunos menores, «algo que corresponde a la autoridad que tiene la tutela».

De Deba a Elgeta

En la actualidad, el centro de menores de Deba se encuentra cerrado por reformas. Cuando se reabra, pasará a ser un centro de acogida, pero no para menores conflictivos. Su clausura llegó después de las denuncias de malos tratos interpuestas por los menores acogidos y, sobre todo, tras el demoledor informe del Ararteko, que criticó abiertamente la gestión que la Diputación había llevado acabo en el centro y le instó a adaptar el programa.

Parte de la veintena de menores residentes fueron traslados al centro que se abrió en Elgeta. Este recurso, que en principio acoge a los menores más conflictivos, funciona con un modelo diferente al de Deba. «La situación es mejor, pero en Elgeta también se vulnera el derecho a la educación y formación de los residentes», afirma Stern. Desde SOS Racismo, valoran los «esfuerzos» realizados por Diputación para adaptarse a los cambios.