Imagen virtual del nuevo centro comercial Garbera

La ley vasca para grandes comercios inicia su trámite impulsada por la oposición

PNV y PSE critican que, a su juicio, el texto no cumle con la normativa europea

EFE

Jueves, 9 de mayo 2019, 15:51

La proposición de ley para regular la implantación de las grandes superficies comerciales en Euskadi ha sido tomada en consideración este jueves por el Parlamento Vasco, con la abstención de los grupos que integran el Gobierno autonómico, PNV y PSE, que confían en que se corrija su falta de seguridad jurídica.

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La iniciativa firmada por toda la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) comienza de este modo su tramitación parlamentaria con las críticas de PNV y PSE-EE, partidos que esperan que los testimonios de expertos urbanísticos en la ponencia que ahora se constituirá sirvan para encauzar el texto que, a su juicio, no cumple con la normativa europea sobre esta materia.

Con esta propuesta la oposición quiere cubrir el vacío legal que se originó después de que en 2015 el Tribunal Supremo anulase las limitaciones que el Ejecutivo autonómico había puesto en 2004 a la creación o expansión de los grandes centros comerciales al considerar que eran contrarias a la libertad de establecimiento de servicios consagrada por la norma europea conocida como 'directiva Bolkestein'.

Con esta decisión, el alto tribunal español dio la razón a la propietaria del centro comercial Garbera en San Sebastián y anuló las limitaciones de espacio para estos centros recogidas en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales de Euskadi

Para cubrir el vacío motivado por esta sentencia, el Gobierno Vasco empezó a trabajar a finales de 2017 en la revisión del citado PTS con la idea de adaptarlo a los criterios fijados por el Supremo, pero finalmente optó por que la normativa tuviese rango de ley, lo que dio origen a un anteproyecto de Ley de Regulación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales.

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Este anteproyecto se hizo público después de que la oposición registrase en el Parlamento su propia propuesta, tomada en consideración este jueves, en la que se defiende el comercio urbano y se restringe la apertura y ampliación de grandes superficies comerciales. Así, se limita la implantación de los grandes establecimientos comerciales, que no pueden exceder los 15.000 metros cuadrados, que deberán ser construidos en la trama urbana consolidada, y se exige que no comporten la necesidad de obras para adaptar la urbanización existente.

Varias asociaciones de pequeños comerciantes han seguido el debate desde la tribuna de invitados y tras la votación han considerado «profundamente beneficioso» para su sector el trámite que ahora comienza.

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Desde EH Bildu, Iker Casanova ha defendido la necesidad de «poner orden» ante el retraso del Gobierno Vasco con la elaboración de la ley, al tiempo que ha esperado que en la fase de ponencia se logre consensuar «la mejor ley posible» ya que «no se trata de meter el dedo en el ojo» al Ejecutivo vasco, aunque ha señalado que en algunos aspectos «se lo merece».

Edurne García (Elkarrekin Podemos) ha abogado por tomar medidas para defender el comercio de barrio ante la «pasividad, la lentitud y la inacción premeditada» del Gobierno Vasco, y ha asegurado que la propuesta tomada en consideración cumple con todos los condicionantes que establece la Unión Europea.

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Mari Carmen López de Ocáriz (PP) se ha mostrado satisfecha con lo aprobado porque permitirá dar rango legal al modelo comercial que se decida para Euskadi y porque servirá para hacer frente a la «avalancha» de peticiones de grandes superficies recibida por la ausencia de normativa y al «caos» que ello supone.

Luke Uribe-Etxebarria (PNV) ha denunciado que la iniciativa de la oposición carece de seguridad jurídica y ha afirmado que su admisión es un «mero trámite» para poder aprobar la ley en el último pleno del mes de junio. Para conseguirlo ha pedido un cambio de actitud a los grupos proponentes y les ha solicitado «espíritu de consenso» y sentido común.

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En la misma línea, la socialista Susana Corcuera ha incidido en que el texto no da la necesaria garantía jurídica a las entidades locales, responsables de la concesión de licencias comerciales. Ha deseado que comience un trabajo «serio y riguroso» en ponencia porque de lo contrario el PSE-EE llevará a modo de enmienda el anteproyecto del Gobierno Vasco.

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