Trump, contra su último enemigo: la aceituna negra española

La preocupación ha cundido en el sector, que teme la imposición de onerosos aranceles y pérdidas millonarias si se restringe la entrada del producto español en el mercado norteamericano. Solo el pasado año, los productores olivareros vendieron a EE UU nada menos que 32 millones de kilos de este tipo de aceituna por valor de 70 millones de euros, lo que supone el 36% del total de sus exportaciones.

La Comisión Europea no ha tardado en salir en defensa de los agricultores como «parte interesada»; no en vano la demanda estadounidense cuestiona todo el entramado de subvenciones comunitarias al sector primario. «Nosotros no recibimos ninguna ayuda específica, son las mismas subvenciones que recibe cualquier otro producto», precisa el secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa). Antonio de Mora cree, por ello, que la ofensiva de Trump contra la oliva es un aviso a navegantes y las medidas proteccionistas podrían ampliarse a más sectores y países europeos. El negocio de las centenares de empresas que exportan a EE UU y se benefician de las ayudas europeas podría desplomarse como un castillo de naipes.

Con el objetivo de frenar en seco el huracán proteccionista, los productores olivareros se han enfrascado en una costosísima ofensiva jurídica para la que ha contratado a dos prestigiosos bufetes: Garrigues, con sede en Bruselas, y Curtis, Mallet-Prevost, uno de los gabinetes de defensa jurídica en asuntos de comercio más reconocidos de EE UU. La factura corre por su cuenta, aunque mantienen una línea de contacto directo y asesoramiento técnico con el Gobierno español y la Junta de Andalucía; hay demasiados intereses en juego. El pasado martes, responsables del departamento de Comercio de EE UU se reunieron con sus homólogos españoles, un encuentro protocolario programado con antelación tras la entrada de Trump en la Casa Blanca pero en cuyo orden del día se coló la aceituna como un asunto candente.

«Nos sentimos respaldados por las instituciones, aunque cada caso lleva su tiempo», admite De Mora. El proceso no será corto y, al menos, hasta julio del año que viene no esperan una resolución en firme, aunque se esperan sendas resoluciones preliminares (el 20 de noviembre para la denuncia de 'dumping' y el 17 de enero para las subvenciones). Estos días, los productores se afanan en recopilar la «ingente» documentación solicitada por la administración Trump que quiere saber con el más mínimo de detalle todas las ayudas y subvenciones recibidas por las empresas exportadoras, una labor de auditoría «enormemente compleja» con la que pretenden demostrar que «las acusaciones no tienen fundamento y que nuestras empresas operan dentro de la legalidad de la UE y la Organización Mundial del Comercio», sostiene De Mora.

Si el Gobierno estadounidense confirma sus teorías, Trump podría imponer costosos aranceles al sector y, en el peor de los escenarios, cerrar su mercado a la aceituna negra de mesa española, un grave precedente que podría extenderse como un contagio a más sectores víctimas del 'America first' que rige a machamartillo la política económica del polémico presidente de EE UU.