4.119 familias en Euskadi tienen derecho subjetivo a la vivienda

4.119 familias en Euskadi tienen derecho subjetivo a la vivienda

766 disfrutan ya de un alquiler protegido y otros 438 reciben 250 euros al mes para poder pagar una renta libre

JOSÉ DOMÍNGUEZ

En los cuatro años que lleva en vigor la Ley de Vivienda vasca que reconoce el derecho a habitar una vivienda digna, el Departamento de Medio Ambiente, Planificación territorial y Vivienda ha reconocido este derecho a 4.119 familias -el 73% en Bizkaia, el 16,8% en Álava y el resto en Gipuzkoa-, y tras su último análisis de los inscritos en el registro de Etxebide, acaba de enviar cartas a otros 2.860 solicitantes de pisos protegidos para comunicarles que cumplen los requisitos para que les sea reconocida esta potestad y, en consecuencia, tengan por escrito un documento que exige al Ejecutivo autónomo a facilitarle un hogar digno o, en su caso, subvenciones para ayudar a costeárselo. El objetivo es que en 2025 la cifra se amplíe a 18.000 ciudadanos.

Aunque lo cierto es que en la práctica el derecho subjetivo no está teniendo efectos reales para dos de cada tres a los que se les ha reconocido. Según admiten responsables de la viceconsejería liderada por el socialista Iñaki Arriola, 2.764 personas no se están beneficiando ni de una cosa ni de otra. Es decir, ni se les ha dado casa ni dinero, aunque las mismas fuentes puntualizan que ha sido por decisión de los propios particulares. «Son ciudadanos que, porque viven con sus padres o por otras razones, no tienen contratos de arrendamiento y no necesitan la Prestación Económica de Vivienda (PEV), por lo que les hemos reconocido la prioridad a adjudicarles un piso de alquiler protegido en cuanto se quede uno libre o se inauguren los que se están construyendo», remarcaron. Tan solo el año pasado Vivienda inició la edificación de 1.866 pisos protegidos que se destinarán exclusivamente al arrendamiento.

Desde el Departamento puntualizan que, en cualquier caso, el derecho subjetivo sí se ha ejecutado en toda su extensión con 766 familias. En estos casos se les ha podido hacer entrega de algunos de los 13.000 inmuebles públicos que gestiona Alokabide, de ellos casi 5.550 privados que han firmado un contrato con el programa de alquiler protegido Bizigune. Además, a otras 438 personas se les ha adjudicado la mencionada prestación económica, que consiste en 250 euros al mes para paliar la carestía del alquiler libre en Euskadi, cuyo precio medio supera en Gipuzkoa los 1.200 euros.

De las 2.860 comunicaciones remitidas ahora por el Gobierno Vasco, dos de cada tres tienen como destino Bizkaia, el 21,5% Gipuzkoa y un 15% Álava. Los responsables autonómicos matizan que, en cualquier caso, el hecho de que se les notifique que cumplen los requisitos no significa que se les aplique inmediatamente el derecho subjetivo. Tienen que solicitarlo formalmente, para lo que en la carta se les adjunta el impreso correspondiente. De hecho, además de los derechos subjetivos reconocidos hasta la fecha, la viceconsejería ha denegado otras 1.072 solicitudes al detectarse algún incumplimiento. Los requisitos para solicitar el derecho es no ser propietario, estar inscrito como solicitante de alquiler en Etxebide o acreditar unos ingresos mínimos.