Siete años de cárcel para el inculpado por la 'casa de los horrores' de Donostia

Según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa considera probado que víctima y acusado se conocieron en Túnez en 2009, en un viaje turístico que ella hizo al país, y se casaron al año siguiente. Finalmente, el hombre se trasladó a San Sebastián para vivir con su mujer en el piso propiedad de esta, situado en el barrio del Antiguo.

Todos los gastos se sufragaban con el sueldo de la mujer, de unos 1.600-1.700 euros, mientras que el marido «no realizaba actividad laboral alguna». La mujer fue diagnosticada de trastorno bipolar y se le otorgó la incapacidad laboral temporal a finales de 2014. El tribunal indica que a pesar de ser consciente de ello, su marido «no mostró interés ni le auxilió para hacer frente a su evidente deterioro personal y psíquico».

Asimismo, consideran que el hombre aprovechó esa situación «para gestionar de manera exclusiva el patrimonio e ingresos de su mujer para su propio beneficio». Además, «impedía» que atendiera «sus necesidades personales más básicas como las alimenticias y de salud, como la compra de medicamentos».

El varón utilizaba la tarjeta de crédito de su mujer para sus gastos y, además, la convenció para pedir dos préstamos hipotecarios de su casa por valor de 216.000 euros. Con parte de ellos, este adquirió una vivienda en Villabona que puso a su nombre. Posteriormente solicitó nuevos préstamos, a la vez que realizó «importantes retiradas de dinero» de la cuenta bancaria de su mujer. El varón adquirió varios vehículos entre ellos dos coches BMW y una moto Honda.

Posteriormente adquirió dos perros de gran tamaño, un boxer y una mezcla de mastín, que llevó a la vivienda de su mujer. No obstante, él se empadronó en Villabona, donde mantuvo una relación sentimental con otra mujer, «desarrollando una vida al margen» de su esposa, aunque «seguía administrando su patrimonio».

La sentencia insiste en que el hombre dejó a los perros en la casa aunque conocía el estado de su mujer, y sin que esta «se pudiera hacer cargo de ellos, sin que pudiera sacarlos del domicilio por su estado físico», por lo que los animales hacían sus necesidades en el domicilio. El acusado acudía de manera ocasional al domicilio familiar para darle «bocadillos de embutido, dejando el frigorífico y la despensa vacíos».

El tribunal indica además en la sentencia que el varón «impedía a su esposa relacionarse, pues las llamadas de familiares e instituciones para supervisar su estado eran contestadas por el acusado, manifestando que la misma estaba enferma y que todos los asuntos los tratasen con él directamente».

Aunque las quejas de los vecinos por los perros y el olor de la casa permitió al Ayuntamiento de Donostia intervenir y precintar la vivienda, y que sus familiares pudiesen administrar sus bienes. No obstante, tiempo después retomó la relación con su marido, y este volvió a disponer de su dinero, apropiándose de casi 12.000 euros. Asimismo, la mujer volvió a sufrir un grave deterioro y a estar aislada del resto del mundo.

Finalmente, en 2019 la intervención judicial permitió que la relación cesara y que el hombre ingresara en prisión. El tribunal estima que el perjuicio económico sufrido por la víctima fue de 421.876,39 euros.

El tribunal concluye que de toda la prueba practicada en el juicio queda demostrado que «tanto en su situación personal como patrimonial» se produce una «dominación de control» por parte del acusado, que culminó con «una situación de aislamiento social y personal» de la mujer. Tanto es así, que incluso durante el procedimiento judicial «trataba de no perjudicarle a él cuando estaba en prisión, todo su cuidado era no perjudicarle lo que, unido al sentimiento de culpa, la colocaba ante una situación dolorosa», tal y como corroboraron las psicólogas forenses que la examinaron.

Además, insiste en que la mujer vivía en una «situación de abandono, tanto de la vivienda como de la suya propia». En este sentido da total «verosimilitud» al testimonio de la víctima, no solo porque fue corroborado por varios testigos, sino también en la «abundantísima» prueba documental presentada respecto a los movimientos bancarios y los gastos y propiedades adquiridas por el acusado.

Por todo ello condena al acusado a tres años de cárcel por un delito de maltrato habitual y otros cuatro años por un delito de administración desleal. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).