Solo 16 vascos han recibido la certificación para acceder a los fondos de víctimas del amianto

El Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto ya empezó con mal pie. Tras años reclamando su creación, no fue hasta 2022 que el Gobierno español aprobó la Ley de Creación del fondo (21/2022). En un principio, se estableció un periodo de tres meses para elaborar el reglamento que estableciera los requisitos y la documentación necesaria para acceder al mismo, cómo calcular las indemnizaciones o quién iba a gestionarlas, entre otras cuestiones. Sin embargo, este proceso se alargó dos años y ocho meses, en los que el fondo se mantuvo paralizado y las víctimas, siguieron esperando. El Ejecutivo central publicó el real decreto con el desarrollo reglamentario este junio.

Una vez activado el fondo, este septiembre, el descontento sigue siendo notable. Es más, desde Fedavica, valoran el real decreto como un «fracaso, que impide a la mayoría de las víctimas ejercer su derecho a una indemnización».

Por un lado, tal y como explica García, «el número de solicitudes presentadas para el fondo de compensación es escasísimo, algo que ya preveíamos, porque el reglamento aprobado por el Gobierno en la actualidad solo permite tramitar las solicitudes de las personas afectadas que tengan reconocida una incapacidad permanente por contingencias profesionales ocasionadas por la exposición al amianto». Así, la norma «impide que se tramiten las solicitudes de otros colectivos que tienen reconocido este derecho en la Ley» como quienes han sufrido exposiciones laborales sin contingencia profesional, exposiciones ambientales y domésticas y los herederos de personas fallecidas por enfermedades causadas por el amianto. Es algo que ya avisaron en rueda de prensa el 17 de septiembre, un día antes de la puesta en marcha del fondo.

Según los últimos datos que constan por el departamento de Salud del Gobierno Vasco y Fedavica, solo 59 vascos han podido solicitar el certificado para acceder a las compensaciones económicas. Esto se debe a que, además de que solo unas pocas personas cumplen con los requisitos para solicitarlo, muchas otras se han encontrado con trabas burocráticas para obtener los documentos necesarios, que son imprescindibles para poder presentar la solicitud.

El proceso es el siguiente: en primer lugar, la persona solicitante debe registrarse en el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan), desde donde se encargan de investigar y analizar la vida laboral de la víctima y su posible exposición al amianto.

Si esta se confirma, Osalan emite un informe de exposición a la víctima. Con este certificado, la persona solicitante debe iniciar un trámite en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, responsables de realizar un reconocimiento de enfermedad profesional a la víctima. Es aquí donde el proceso se está ralentizando y donde se han llegado a generar «diez meses de retrasos», según critican desde Asviamie. La asociación atribuye esta demora a que hay «una falta de médicos evaluadores en Gipuzkoa», necesarios para tramitar el documento que le reconoce la enfermedad laboral a la víctima. Sin este trámite, no se puede solicitar el certificado para acceder al fondo de compensación del Gobierno estatal.

Uno de los casos que trasladan desde Asviamie refleja esta situación. Tal y como explican, un hombre guipuzcoano solicitó la incapacidad permanente por enfermedad profesional en la Seguridad Social en septiembre de 2024. Este hombre estaba en el listado del amianto que maneja Osalan y falleció tres meses después, en diciembre de 2024, «sin haber obtenido respuesta» por parte de la Seguridad Social –la muerte del solicitante hace que se bloquee su expediente–. Su mujer, ahora viuda, solicitó este pasado marzo que su pensión de viudedad se revisara para ser considerada como consecuencia de una enfermedad profesional. Esta mujer sigue sin obtener respuesta a día de hoy, según critican desde la asociación. Sin embargo, fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social niegan que se estén dando retrasos en este procedimiento. Es más, aseguran que «este es un tema que se trata con sensibilidad» y que, debido a «la delicadez y sensibilidad» que requiere, «el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo lleva al día». Además, por parte del Instituto «no consta» que haya una escasez de médicos evaluadores.

En el caso de que la víctima consiga el reconocimiento de enfermedad profesional por parte del Instituto de la Seguridad Social, el siguiente paso a seguir es solicitar el certificado al Gobierno Vasco, necesario para acceder al Fondo de Compensación de las víctimas del amianto del Gobierno central. «En las semanas que lleva en vigor solo se han podido presentar un numero muy escasos de solicitudes viables», critican desde Fedavica.

Hasta ahora, en Euskadi, se han tramitado 59 solicitudes y emitido 16 certificados favorables –una de las primeras Comunidades Autónomas en emitirlos–. Esto, critican desde la Federación, «está generado, de nuevo, una inmensa frustración al colectivo de las víctimas del amianto, que habían puesto unas grandes expectativas en la aprobación del fondo», asegura García. Pero no solo eso. A nivel económico «también hay consecuencias». Y es que en 2022 se consignó una partida anual de 25 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el fondo de compensación, que no se ejecutaron en los ejercicios anteriores por los retrasos en la tramitación legislativa.

Por estos motivos, explican desde Fedavica, las asociaciones han solicitado una reunión al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reclamando «una reformulación urgente del real decreto que, entre otras cuestiones, permita la tramitación de solicitudes para todos los casos que tienen reconocido el derecho de la indemnización en la Ley, elimine algunos trámites injustificados que ralentizan la gestión de las solicitudes y revise las cuantías de las indemnizaciones, que son claramente insuficientes».