Al borde de otro estado de alarma

Siete días ha necesitado el Gobierno Vasco para implementar las medidas restrictivas acordadas en el Consejo Asesor del LABI del pasado sábado. 168 horas han hecho falta para que las limitaciones que se adoptaron para «frenar lo antes posible» la transmisión del Covid-19 entren oficialmente el vigor. Se acordaron con algo más de 800 contagios al día en Euskadi y una incidencia de 323 casos por cada 100.000 habitantes, y se comienzan a aplicar con la comunidad sumando 1.207 positivos en 24 horas y la incidencia en 452, al borde de la alerta roja general. Entre medias, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) redujo a cenizas el planteamiento del Ejecutivo vasco de prohibir todas las reuniones de más de seis personas, lo que descafeinó el impacto de la orden.

En resumen, la no implementación de medidas no ha permitido detener la expansión ya descontrolada del virus en numerosas zonas de Euskadi, y el Gobierno Vasco se ha encontrado atado de pies y manos para tomar medidas que limiten derechos fundamentales -restringir reuniones y moviliad, decretar un toque de queda...- sin fiar toda su eficacia a la buena voluntad de la ciudadanía. Ese cóctel terminó explotando al mediodía de ayer, cuando el lehendakari Iñigo Urkullu llamó al presidente Pedro Sánchez para pedir que declare el estado de alarma para el conjunto del país. A esta solicitud se sumaron ayer otras ocho comunidades, entre ellas Navarra y Cataluña.

«La pandemia se encuentra en un incremento vertiginoso y hay que adoptar las decisiones cuanto antes», advirtió el lehendakari en una comparecencia ante los medios después de que Sánchez hiciera un llamamiento a la unidad ya que «vienen meses muy duros». Urkullu telefoneó al presidente del Gobierno y posteriormente le remitió una carta explicando su petición ya que se siente en inferioridad de condiciones con comunidades como Navarra o La Rioja, con confinamientos perimetrales avalados por sus Tribunales Superiores. «Tras el fallo del TSJPV no tenemos las competencias suficientes», explicó el lehendakari para poder adoptar las medidas ya que existe una «alta probabilidad de que sea necesario adoptar estas próximas semanas nuevas medidas, más restrictivas e intensas». Una decisión avalada por el Comité Asesor de Protección Civil de Euskadi, y que cuenta con el respaldo de las autoridades sanitarias, tanto del Departamento de Salud como de la Comisión técnica del LABI.

«Creo que es necesario que haya una declaración de estado de alarma que afecte al conjunto del Estado y que faculte a los presidentes de las comunidades para su gestión», incidió el lehendakari, que explicó que el jueves en el seno del Consejo Interterritorial no se decidió nada en torno a la posibilidad de implementar nuevamente el estado de alarma o el toque de queda y que quedaron en «madurar la idea». Sin embargo, «la gravedad de la situación expresada por Sánchez», le impulsó a dar el paso y solicitarlo ayer para poder disponer de «las mismas herramientas» que otras comunidades para poder llegar a limitar movilidad, reunión o circulación de forma obligatoria si la situación lo requiere en los próximos días.

«La situación no es la misma en cada comunidad, pero lo que le puede pasar a una, le puede suceder más adelante a otras», sostuvo el lehendakari como una de las razones por las que solicitó el estado de alarma para el conjunto de España y no solo para Euskadi. Según explicó Urkullu, el presidente Sánchez le agradecía el envío de esa propuesta y le apuntó que lo iba estudiar «con preocupación».

Euskadi se convirtió así en la primera comunidad en solicitar formalmente un nuevo estado de alarma para el conjunto del Estado, ya que en la tarde del lunes Castilla y León lo había solicitado solo para su comunidad con el objetivo de poder aprobar un toque de queda. Tras conversar con Sánchez, el lehendakari habló con el president de la Generalitat, Pere Aragonés, para adelantarle la propuesta, y remitió la misma al resto de presidentes de las distintas comunidades.

A lo largo de la tarde, la propuesta del lehendakari fue apoyada públicamente por distintas comunidades, como Cataluña, Asturias, Extremadura, La Rioja, Navarra, Castilla- La Mancha, Valencia o Melilla. Urkullu manifestó que no quiere «polémicas ni medallas con esta cuestión», sino que «se trata de la salud de las personas» y cree que su planteamiento es «compartido (como se refrendó durante la tarde) por muchos presidentes de comunidades autónomas».

Ahora, tras registrar la petición de los distintos ejecutivos autonómicos, será el Gobierno de Sánchez el que delibere en el próximo Consejo de Ministros si considera conveniente o no activar el mecanismo para que las comunidades puedan adoptar medidas más severas. Sería en un Consejo de Ministros que podría adelantarse a este fin de semana -si ho habría que esperar al martes- en el que Ejecutivo traslade su decisión a los presidentes autonómicos. Previamente, el lunes, tendrán una reunión conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

El lehendakari señaló que una vez se pueda abrir esa vía, se exploraría la posibilidad de establecer nuevas limitaciones obligatorias como la limitación de la actividad nocturna (toque de queda), los cierres perimetrales de zonas o municipios, o confinamientos «más estrictos», que podrían afectar a áreas específicas o incluso a toda Euskadi. «Tenemos que estar preparados para el riesgo de más casos y que superemos la tasa de 500 casos positivos por cada 100.000 habitantes», explicó.

Euskadi sufre una incidencia de 452 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con Gipuzkoa a la cabeza con 626 casos. De momento, el resto de indicadores, sobre todo el de presión hospitalaria, se encuentra en unos niveles asumibles, aunque el número de ingresos UCI ha aumentado un 38% en siete días.

uNorma. El artículo quinto de la ley de 1981 del Estado de Alarma dice expresamente: «Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo, o parte del ámbito territorial de una comunidad autónoma, el presidente de la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma». El artículo 7 añade: «A los efectos del estado de alarma la autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de este, el presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad».