El Gobierno Vasco busca resquicios legales para adoptar nuevas restricciones

Los expertos juristas y sanitarios que forman el comité técnico del LABI se reunirán hoy para debatir y analizar qué margen jurídico tienen a la hora de implementar medidas adicionales que contrarresten el supuesto impacto de esa reapertura de bares y restaurantes en toda la CAV. «Se está elaborando un informe jurídico», aseguran fuentes del Gobierno, para «ver qué podemos hacer». Es decir, para buscar resquicios legales que les habiliten a tomar más medidas si los especialistas epidemiólogos y de Salud Pública consideran «adecuadas». Porque, remarcan en el Ejecutivo, «las medidas» no buscan perjudicar a «los hosteleros», están «avaladas por el LABI técnico en función de los datos» de contagios y la situación sanitaria en la que se encuentra Euskadi.

Ese LABI técnico será la antesala para las decisiones que este comité asesor, con el lehendakari al frente, adoptará y comunicará mañana en la reunión convocada a las 9.30 horas. En el Gobierno no adelantan nada. «No hay nada decidido», afirman. Porque tampoco se arriesgaban ayer, a tenor de la argumentación del TSJPV, a considerar si les queda margen para decretar nuevas limitaciones en horarios de actividades o en aforos, o si determinarán otras medidas excepcionales en los municipios en zona roja como hasta ahora... Consideran que el argumento de los jueces resta legitimidad incluso a esa barrera de los 500 casos marcada «precisamente para tomar medidas quirúrgicas en los lugares más afectados, y no de forma general en toda Euskadi», defienden.

El Ejecutivo cree por eso, según verbalizó Erkoreka en una entrevista radiofónica, que los responsables vascos están «en desventaja» a la hora de tomar decisiones para combatir la pandemia, y aludió a la ventana abierta para que cualquier otro colectivo que se sienta agraviado recurra a la justicia. Podría convertirse «en un coladero», apuntó el vicelehendakari tras conocer la intención de las asociaciones del deporte escolar, o el recurso interpuesto por un centro comercial alavés, informaron en el Ejecutivo.

Lo cierto es que «las únicas medidas con absoluta garantía jurídica» son las amparadas por el decreto de estado de alarma vigente desde el pasado 25 de octubre, y que establecen el toque de queda nocturno obligatorio, con un margen de una hora arriba o abajo; los cierres perimetrales, hasta el nivel que los responsables autonómicos determinen; y las agrupaciones máximas de personas, aquí fijada en cuatro. «Todas esas decisiones están ya tomadas», recuerdan en el Gobierno, hasta sus límites máximos. Por lo que, una semana más y después del revés del TSJPV, ayer volvieron a pedir en la reunión interterritorial de Sanidad que el Ministerio de Sanidad amplíe la cobertura del estado de alarma y la asemeje a la «del primer decreto de marzo», con el que se facilitaba a las comunidades «todas las herramientas» para aplicar limitaciones, hasta la «más dura del confinamiento» domiciliario.

Las fuentes consultadas aseguran que esta petición, y no solo la de ampliar el toque de queda a las 20.00 horas, se pone sobre la mesa de ese foro desde noviembre. Pero hasta ahora no ha obtenido respuesta positiva por parte de los responsables ministeriales.

Por eso, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu estudia nuevos mecanismos mientras se pregunta, con reproche incluido hacia la argumentación de los jueces vascos, con «cuántos casos» positivos se consideraría que la «situación es tan grave» como para tomar medidas drásticas como la del cierre de bares, cuando esa restricción -indican- es común en muchos países de Europa. «Es chocante», añadió Erkoreka, que la resolución judicial «descanse en una interpretación de la evolución epidemiológica general que pasa por encima de las recomendaciones técnicas del LABI», que insisten, es con datos y opiniones de expertos en Salud Pública quien marca las directrices.