Euskadi es la comunidad donde más peticiones de eutanasia se aceptan

La primera persona en España que puso punto final a su vida acogiéndose a la normativa que regula la eutanasia fue Eskarne, una mujer de Durango de 86 años. El mismo día en el que entraba en vigor la ley que regula el derecho a recibir asistencia para el fallecimiento (el 25 de junio de 2021), su familia puso en marcha el procedimiento. Desde entonces, Osakidetza ha formado ya a más de 5.000 profesionales para aplicar la eutanasia. A pesar de ser una norma relativamente joven, cada vez está más asentada. Eso se ha traducido en un progresivo incremento tanto de las solicitudes como de las prestaciones que se han llevado a cabo en este tiempo. Desde la aprobación de la norma hasta junio de este año Euskadi ha practicado un total de 85 eutanasias, de las que la mitad se concentran en Gipuzkoa.

En el conjunto del Estado se atendieron 1.515 solicitudes de prestación de ayuda para morir desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2023: 173 durante 2021; 576 en 2022; y 766 durante el año 2023.

De las peticiones recogidas el año pasado, un 25% más que el ejercicio anterior, se aplicó la eutanasia a 334 pacientes, lo que supone autorizar cerca de la mitad. El 4% de personas que solicitaron aplazar la aplicación de la eutanasia entre las peticiones aprobadas fue del 4% y el porcentaje de quienes cambiaron de opinión, es decir, que revocaron la prestación, fue menor, un 3%.

Por comunidades, Cataluña suma el mayor número de solicitudes, un total de 219. Sin embargo, tan solo se llevaron a cabo 94 de ellas (el 43%). El segundo territorio con mayor demanda es Madrid, con 89 peticiones de las que se practicaron 35 (el 39%), seguido de Canarias (65 peticiones y 25 ejecutadas), y País Vasco (58 peticiones y 47 practicadas).

Por otro lado, casi al 60% de los solicitantes a los que inicialmente sus médicos les denegaron la petición acaban siendo autorizados a recibir la eutanasia cuando impugnan la negativa de los facultativos ante las comisiones de garantía y evaluación. Otro dato que muestra el informe es que el tiempo medio transcurrido entre la petición de poner fin a su vida por parte del paciente y que le fuese aplicada la eutanasia fue de 67 días –el doble que lo que marca la ley–. Un 25% de las personas solicitantes fallecieron antes de resolverse su solicitud. En estos casos, el tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 30 días.

El perfil mayoritario de los solicitantes de la eutanasia es el de una persona de entre 70 y 79 años que tiene como enfermedad de base una patología neurológica u oncológica. Pese a tener «enfermedades graves», el 95% poseen capacidad de decisión al inicio de su solicitud, aunque un 15% de ellos estaban en riesgo inminente de perder dicha capacidad. Un 12,5% de los solicitantes se acogieron al programa de donación de órganos de acuerdo con el protocolo específico establecido.

La mayoría de quienes obtienen el sí a su petición reciben la eutanasia en el ámbito de la sanidad pública. El 47% de las veces se realizó en un hospital mientras que el 44% se llevó a cabo en la residencia o en el domicilio del paciente.

En la mayoría de los casos, los pacientes solicitan la administración directa de la medicación por parte del equipo sanitario.