Desafíos bajo el telón de la pandemia

Más allá de acabar con la pandemia, Salud deberá incidir en la investigación e innovación, en poner al día las listas de espera y en el refuerzo de la Atención Primaria, una demanda de los sindicatos. Está previsto que Osakidetza incorpore este año 196 profesionales más, y ya se ha anunciado la equiparación salarial del personal de las áreas administrativas de Atención Primaria al personal administrativo de los hospitales, con un incremento salarial del 4%.

Por último, debería ser el año en el que se avance en la investigación judicial sobre las supuestas filtraciones de la OPE 2016-17 y en el que se pongan las bases para activar la de 2018-19.

Todos los alumnos entre 5º de Primaria y 2º de Bachiller de la red pública dispondrán de un ordenador portátil. Ese es el reto que se ha marcado Educación para promover una revolución digital en la enseñanza vasca, acuciada por la amenaza del Covid. Aunque la pandemia está respetando este curso, con menos del 1% de aulas clausuradas por contagios, el cierre de colegios tres meses el pasado año despertó la necesidad de digitalizar la educación y estar preparado para la enseñanza 'online' en caso de que sea necesario, aunque la presencialidad es la prioridad. Para ello, Educación va a destinar este 2021 los primeros 35 millones de un total de 106,5 para dotar de portátiles al alumnado a partir de 10-11 años y «alfabetizar» a alumnos y profesorado en el lenguaje digital con contenidos adaptados.

Además, el Departamento, que este año gestionará 3.108 millones de euros, impulsará el plurilingüismo y mejorará el programa de becas con una partida ampliada de 105,5 millones para «garantizar la igualdad en el acceso a la educación y la equidad». Otros 25,5 millones irán destinados a mejorar la atención a la diversidad del alumnado, y 3 para «alumnos con necesidades económicas y emocionales», ha explicado Jokin Bildarratz.

En Formación Profesional, el objetivo es modernizar los equipamientos en ámbitos como el big-data, la ciberseguridad o la robótica.

Revisar el modelo de las residencias de mayores es el reto más importante al que se enfrenta el departamento de Política Social este año. La pandemia, que se ha cebado con los geriátricos, ha obligado a replantear el sistema actual de estos centros para preservar la atención a las personas, creando recursos más pequeños en los que los usuarios sean el centro. Este desafío implica transformar digitalmente el sector y profundizar en las relaciones institucionales y sociales para que los servicios ofrecidos ganen eficacia. Desde que comenzó la crisis sanitaria en marzo, más de 300 residentes han fallecido con Covid en Gipuzkoa. Otro de los aspectos a los que deberá prestar especial atención el departamento es al ratio de personal de las residencias. Después de la primera ola la Diputación dejó libres 417 plazas para incrementar un 9,2% el ratio de personal/usuario, y ampliar en 18 minutos diarios la atención.

Más allá de replantearse el modelo actual de los geriátricos para adaptarse a las nuevas circunstancias, el departamento de Maite Peña tiene otro importante reto por delante, el de reforzar el sector de los servicios de cuidados en general, con las trabajadoras del hogar y los mayores que viven en sus casas al frente. En resumen, combatir la crisis sociosanitaria debe ser el objetivo principal del departamento de Política Social en los próximos meses, centrándose en los colectivos más vulnerables.

La crisis sanitaria ha dejado en evidencia un problema que la Justicia vasca lleva sufriendo desde hace años: la falta de digitalización de los juzgados y de un expediente digital, que provoca que en el siglo XXI se siga trabajando con papel. Durante los meses que se suspendió la actividad judicial no fue posible implantar el teletrabajo, por lo que la acumulación de causas fue todavía mayor. La actividad regresó en junio, pero con numerosas restricciones de aforo y a medio gas, ya que los meses de verano son los de menos actividad en los juzgados. La saturación y el retraso por todos los juicios que tuvieron que suspenderse es grande, y aliviarla resulta complicado, ya que cada día se suspenden juicios y comparecencias por personas que se contagian de Covid o que están en cuarentena.

Por otro lado, sigue pendiente la elección del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras la jubilación de Juan Luis Ibarra. El nombramiento iba a realizarse a finales de octubre, pero se ha ido retrasando. Mientras, Garbiñe Biurrun ejerce como presidenta en funciones.

Asimismo, queda pendiente el proyecto para implantar un nuevo juzgado de violencia de la mujer en San Sebastián, para aliviar la ingente cantidad de trabajo que tiene el único juzgado especializado en la materia con el que cuenta Gipuzkoa actualmente.

Reconducir las obras de la variante soterrada del Topo en Donostia, estancadas tras las incidencias aparecidas en el subsuelo más próximo a La Concha; avanzar en la remodelación de la estación de Atotxa que recibirá al TAV o iniciar el soterramiento del Topo entre Altza y Galtzaraborda son tres de los retos ferroviarios para este 2021. En carreteras, será el último año gratuito para circular por la autovía de Deskarga, a 2,53 euros el recorrido entre Bergara y Beasain sin descuentos. Y el de la inversión de 45 millones para mejorar accesos y carreteras.

La inversión en ferrocarril tiene dos frentes claros. La pasante del Topo en Donostia debe solventar los problemas de inestabilidad para retomar la excavación de los 500 metros de túnel que quedan entre el Centro y la última estación para llegar al nuevo plazo de 2024. Para esa fecha está previsto también que Donostia cuente con la nueva estación de Atotxa. Las obras para convertirla en una intermodal que acoja tráficos de cercanías o alta velocidad, y eliminar la barrera ferroviaria con una gran plaza en superficie, comenzaron hace seis meses. También en Irun, Adif tiene ya el proyecto para construir la nueva estación.

En carreteras, este año comenzará la construcción del enlace desde la Gi-20 a Intxaurrondo, Gros y Egia; el acceso al polígono 27 desde Astigarraga, y se renovará la GI-631 entre Azkoitia y Urretxu.

El año que ha puesto en primera línea la importancia vital de invertir en sanidad y en investigación científica, la Universidad, cuna de ambas junto a los centros vascos más punteros, verán reforzada la inversión para continuar los estudios iniciados, muchos relacionados con el Covid. El Departamento de Educación ha destinado este ejercicio 65,5 millones para políticas de «investigación de excelencia» en la apuesta más relevante por incrementar la labor científica, según destacó su responsable, Jokin Bildarratz.

La Fundación Vasca para la Ciencia, Ikerbasque, dispondrá de 26,1 millones, un 42% más que el año anterior, para sostener los proyectos de investigación iniciados y «mantener y repatriar a investigadores vascos y atraer a otros de nivel internacional».

La Universidad Pública Vasca, que estrena nueva rectora en la persona de Eva Ferreira, también verá incrementado su presupuesto hasta los 335 millones, 12,5 más que en 2020. Entre sus retos, está iniciar la construcción de la nueva facultad de Medicina y Enfermería en Basurto, que arranca con una inversión de 4 millones y que estará lista para 2024. A esta se suma la facultad que la Universidad de Deusto ha abierto este curso en su campus vizcaíno. El fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado seguirá con otros 3,2 millones para la estrategia Steam.

Resuelto el problema de las basuras con la puesta en marcha ya de la incineradora de Zubieta a pleno rendimiento, el territorio se enfrenta este año al reto global de avanzar hacia una sociedad más verde que, además de un entorno menos contaminado, sea capaz de seguir generando riqueza con la creación de nuevos sectores de actividad, empresas y empleo. Para ello las instituciones mantienen su compromiso de impulsar la economía circular y el uso eficiente de los recursos disponibles, empezando por dar una segunda vida a los residuos a través del reciclaje y la recuperación y aprovechamiento de la basura que permite el Complejo Medioambiental de Zubieta.

En ese entorno comenzarán antes de verano las obras del nuevo edificio de Naturklima, la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa, que aspira a convertirse en un motor acelerador de las políticas medioambientales en las que trabaja el territorio, enfocadas a la creación de un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible.

Además, uno de los objetivos de la Diputación es seguir desarrollando el plan estratégico 2020-2024 del Clúster del Reciclaje de Gipuzkoa GK Recycling, en el que junto a la Administración participan más de 60 entidades entre empresas, universidades, centros tecnológicos, fundaciones y consultoras medioambientales, cuyo objetivo es impulsar la actividad y el empleo relacionado con la producción y el consumo sostenible, en línea con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El coronavirus ha echado por tierra los planes estratégicos para consolidar a Gipuzkoa como destino turístico maduro. El territorio, y particularmente su capital, había conseguido colarse en ese listado de destinos singulares. Con una carga turística estable y en continuo crecimiento, ya se podían centrar los esfuerzos en diseminar a los viajeros no solo por el resto de localidades guipuzcoanas, para descubrir otros entornos más allá de la bahía de La Concha, sino también en atraerlos a lo largo de todo el año, y no exclusivamente en temporada alta.

Pero la pandemia ha obligado a resetear todo lo que engloba la industria turística y a marcar nuevos objetivos, que empiezan por lo más básico: garantizar una actividad absolutamente supeditada a la evolución de los contagios.

Para ello, el Departamento vasco de Turismo, Comercio y Consumo ha establecido dos fases, una de resistencia y otra, a futuro, de reactivación. En las próximas semanas se pondrá en marcha el Plan de Sostenimiento del Turismo, en el que se concederán ayudas directas aún sin concretar pero que se sumarán a los 70 millones destinados a este fin el año pasado, así como actuaciones de promoción demandadas por el sector. Asimismo, se hará hincapié en la digitalización del sector y en la consecución de ayudas a los alquileres comerciales a través de deducciones fiscales.

La escasa disponibilidad de vivienda de alquiler social para cubrir el derecho subjetivo de los ciudadanos en situación más vulnerable a habitar una morada digna mantiene como eje prioritario del Departamento vasco la necesidad de ampliar su parque gestionado. El objetivo es añadir 1.250 pisos en alquiler social este año, bien con programas de captación de viviendas vacías como Bizigune -que pretende llegar a las 7.200 viviendas- o con nuevas promociones, con el fin de lograr un parque público permanente de más de 100.000 pisos. El equipo de Iñaki Arriola quiere impulsar un Pacto Social a largo plazo para duplicar en 15 años la vivienda asequible, y que las VPO sociales supongan el 5% del parque total.

Con un presupuesto consolidado de 271 millones para este 2021, el Departamento se propone ampliar la cobertura a las 8.500 familias que a final de año tendrán reconocido su derecho subjetivo a una vivienda, la mayoría a través de la prestación social PEV, impulsar la emancipación de los jóvenes con cupos o ayudas al alquiler, y fomentar la rehabilitación de viviendas para mejorar su accesibilidad y eficiencia energética.

La previsión es además dar luz verde a nueve decretos que desarrollan la Ley de Vivienda de 2015, entre ellos el que fija criterios de habitabilidad para evitar infraviviendas, o el que penalizará con un canon las viviendas vacías sin justificación.