El Gobierno Vasco plantea declarar de nuevo la emergencia sanitaria si empeora la pandemia del Covid

Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazara la implantación del pasaporte Covid en Euskadi y de que el Ejecutivo autónomo haya renunciado a recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, Sagardui reconoció que «la vía jurídica no sirve para frenar el avance» de la pandemia. Como alternativa a este camino que han cerrado los jueces, la consejera anunció que el Gobierno Vasco estudiará la posibilidad de volver a decretar el estado de emergencia si se supera el medio centenar de personas ingresadas por Covid-19 en las UCI y si continúa la tendencia negativa del resto de indicadores epidemiológicos, algo, esto último, que parece inevitable a corto o medio plazo.

«Vamos mal», advirtió ayer la consejera, que informó de la evolución de una enfermedad que en la última semana ha pasado en Euskadi de tener una incidencia acumulada en 14 días de 181 casos a los 321 registrados ayer. Por ese motivo, y como tantas veces ha hecho, Gotzone Sagardui volvió a apelar a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento de las medidas preventivas para evitar que la pandemia «vaya a mayores».

La responsable de Salud expresó su esperanza de «no tener que llegar al escenario» de decretar un estado de emergencia. Para evitar que ocurra esto, el Gobierno Vasco planteará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará hoy una serie de medidas, entre ellas que el Gobierno central «cree herramientas jurídicas que permitan poner en marcha» fórmulas para frenar la situación y no sean rechazadas por la Justicia. Entre estas medidas, el Gobierno Vasco quiere volver a establecer el uso obligatorio de la mascarilla en espacios exteriores de forma permanente. Además, pedirá que se regule el requisito del pasaporte Covid, que se adelante la administración de la tercera dosis de la vacuna y que se utilicen «todos los mecanismos para acelerar y agilizar» la llegada de la vacuna pediátrica a los menores de 12 años, una vez sea aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Sagardui recordó que la activación de la emergencia sanitaria habilita al Gobierno para adoptar medidas «más severas» en el marco de la ley antipandemia de Euskadi, aunque no precisó qué tipo de restricciones se podrían aplicar. La ley fue aprobada el pasado 24 de junio y tuvo una corta vida, ya que la positiva evolución de la pandemia llevó al Gobierno Vasco a levantar el estado de emergencia el 7 de octubre.

Ese día, la tendencia era claramente descendente, con 92 nuevos positivos y una incidencia acumulada de 62 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. La situación hospitalaria también mejoraba, con veinte enfermos con coronavirus en planta y 34 atendidos en las UCI. En cuanto a la situación territorial, 44 de los 72 municipios vascos de más de 5.000 habitantes tenían activado el semáforo verde con una tasa de incidencia inferior a 60. Como si fuera una premonición de lo que habría de suceder semanas más tarde, Gipuzkoa seguía acumulando el mayor número de contagios, con 44 infecciones. En Bizkaia se detectaron 35 casos, diez en Araba y tres en personas con residencia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

Los datos que ofreció ayer Sagardui son totalmente diferentes. El número de nuevos contagios en el País Vasco ha ascendido hasta los 785, lo que significa 476 más que hace una semana. Además, en los centros sanitarios hay 176 enfermos de covid en planta y 31 en las UCI. «Seguimos con brotes en excursiones, bodas y cenas de trabajo y de grupo», se quejó la consejera vasca de Salud.

La ley que ahora vuelve a vislumbrarse en el horizonte establece cinco niveles de impacto de la pandemia según diferentes indicadores que llevan aparejadas diferentes medidas de contención, como limitaciones a la movilidad y restricción de horarios o de aforos en la hostelería. La norma establece el uso obligatorio de la mascarilla para menores de seis años con independencia de la distancia interpersonal tanto en exteriores como en interiores. También establece una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros en los lugares públicos, con especial atención a los recintos cerrados.

Según los niveles de alerta, la ley fija límites de aforo desde el 75% hasta el cierre de todo tipo de actividades económicas no esenciales, así como el adelanto de los horarios de cierre. El nivel 1, el más bajo, se aplica cuando la tasa de incidencia es inferior a 300 casos por 100.000 habitantes. El estadio siguiente, el 2, se pone en marcha cuando existe una transmisión tensionada con tendencia al alza en tasas de entre 300 y 400 casos. Euskadi, con una incidencia ascendente de 321, se sitúa dentro de estos márgenes. En la ley antipandemia, el nivel 2 permite restringir el aforo de los establecimientos hosteleros hasta el 50%, y prohibir cualquier consumo en barra. Es lo que se dice un regreso a los viejos tiempos.

Gotzone Sagardui insistió en la necesidad de contar «con marcos jurídicos para adoptar medidas con la máxima rapidez y seguridad jurídicas». Este es el motivo, reiteró, por el que el Gobierno Vasco ha decidido no recurrir el rechazo del TSJPV al pasaporte Covid. La consejera lamentó que la decisión judicial haya «minusvalorado» el riesgo que supone para la salud de «muchas» personas la extensión del virus y señaló que la propuesta de exigir el certificado de vacunación en determinados ámbitos «se ajustaba» a ese riesgo. Además, lamentó que, una vez más, Euskadi se haya visto «privada» de herramientas para combatir el virus que en otros lugares «sí se están usando» y están resultando «efectivas» para contener el avance de la pandemia. «El lunes quedó claro que las autonomías no tienen suficientes recursos jurídicos para poder aplicar medidas, por eso pediremos que nos faciliten esos recursos», añadió la consejera.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, también aludió a la resolución del tribunal superior vasco lamentando que no permita ahora adoptar una decisión de este tipo, cuando en otras ocasiones, entre las que ha citó la Conferencia de Presidentes celebrada en Madrid el pasado julio o unas jornadas del Consejo General de la Abogacía Española que tuvieron lugar en septiembre en Bilbao, se exigió a los asistentes que acreditaran el pasaporte Covid.

Además, Zupiria recordó que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha planteado varias veces la necesidad de adoptar «una normativa común» para todo el Estado en cuestiones como el uso de la mascarilla o el certificado de vacunación contra el coronavirus.