Respaldo unánime al decreto con medidas urgentes contra la violencia machista

Se permitirá a los menores víctimas recibir ayuda psicológica con el permiso de un progenitor o se reconocerá a las víctimas sin necesidad de sentencia judicial

EFE MADRID.

Todos los grupos políticos dieron ayer el visto bueno en el Congreso a la convalidación del real decreto ley del Gobierno para el impulso de algunas medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como la acreditación de víctima de violencia machista sin necesidad de sentencia judicial.

El decreto, aprobado en agosto, será tramitado en las Cortes como proyecto de ley. Su objetivo es poner en marcha tres medidas del Pacto que requieren modificaciones legislativas: devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia machista; permitir que los menores puedan recibir asistencia psicológica con el permiso de un único progenitor; y agilizar la acreditación de las víctimas sin necesidad de sentencia judicial para que éstas reciban ayudas.

«Debemos trasladar a nuestro país que en esto no hay discrepancias partidistas, debemos ir todos a una contra la violencia machista. (...) Tenemos que decirles a las víctimas que pueden salir de esa tragedia, que la política está a su servicio», indicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el pleno.

Los ayuntamientos recuperan competencias para dar mejor respuesta a las víctimas

Todos los grupos coincidieron con ella en que es urgente la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, aprobado ya hace un año.

El decreto, que pasará a ser proyecto de ley, prevé modificar el Código Civil para que los hijos de maltratadores puedan recibir atención psicológica con la autorización de un único progenitor. También la ley de Bases del Régimen Local para devolver a los ayuntamientos las competencias de igualdad y prevención de la violencia, con el objetivo de que se «conviertan en lugares de escucha, asilaje y respuesta» de las víctimas y sus hijos. Calvo recordó que el 70% de las mujeres asesinadas no había denunciado a su agresor, por lo que las víctimas deben recibir el mensaje de que «las estamos esperando para ayudarlas».

La tercera modificación legal, de la ley de medidas de protección, persigue que se pueda acreditar la condición de víctima sin necesidad de sentencia judicial con el fin de que puedan acceder a ayudas.

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