El presunto autor del fraude del cartel de San Fermín 2022 podría haber cometido dos delitos diferentes

Utilizar el nombre, apellido y DNI de una persona para emitir un voto en la web es un delito de usurpación del estado civil que en el Código Penal está castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años (artículo 401), según el uso que se haga. En el caso del cartel, puede existir un ánimo de lucro. Hay que tener en cuenta que el premio al ganador del cartel es de 6.000 euros, además del prestigio que lleva acompañado.

Aquí entra en juego el delito de estafa económica, recogido en el artículo 248 del Código Penal. Están previstas penas de prisión de seis meses a tres años, si la cuantía de lo defraudado excede los 400 euros. Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil señalan que habrá que demostrar si hubo una finalidad económica en este asunto. «A priori se puede pensar que el autor del cartel beneficiado tenía conocimiento del asunto, pero también es posible que una persona actuara por su cuenta y riesgo porque se enamoró de un cartel», señalan.

Estas fuentes también apuntan la posibilidad de que en la acumulación de votos no hubiera usurpación de votos, sino que a través de grupos de Whatsapp una persona animara a votar a un cartel. «Si una persona manda el enlace de la web del ayuntamiento a cientos de contactos podría explicar ese pico de votos», apuntan.

Si se demuestra que hubo delito de usurpación de identidad, la investigación también deberá aclara de dónde se obtuvieron los nombres y DNI de los votantes usurpados. La actual normativa europea sobre protección de datos obligó a Google y otras compañías a eliminar listados de organismos públicos, por ejemplo, de ofertas de empleo público o de adjudicatarios de vivienda protegida. A pesar de ello, fuentes de la Guardia Civil explican que es relativamente fácil encontrar listados antiguos en internet.

La Guardia Civil también explica que el origen de dicha lista de votantes puede proporcionar información de interés para localizar al autor. «Por ejemplo, si todos los nombres son de una misma zona, trabajaban en la misma empresa, llevan a sus hijos al mismo colegio, tienen el mismo médico o participaron en una recogida de firmas», explican fuentes del instituto armado. En tal caso, el presunto autor habrá cometido una infracción de la normativa sobre protección de datos.