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Alba Cárcamo
Domingo, 16 de febrero 2025, 07:06
La RGI acaba de sufrir otro cambio. Esta vez por sentencia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el artículo del reglamento que ... exigía a los solicitantes acreditar la residencia no solo con el empadronamiento, sino también con un «título legal» como pueden ser un contrato de alquiler o las escrituras, tras el recurso de Argilan-ESK, Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, y Berri-Otxoak. El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, matiza que la resolución no entra «en el fondo». De ahí que se planteen modificar la ley -ese requisito se había introducido en un reglamento posterior- para volver a establecer ese criterio.
- Varapalo judicial del Superior.
- Empezaría diciendo que no es ningún varapalo porque no cuestiona el fondo de la medida. Lo que cuestiona es que algo que nosotros, y todos los estamentos que analizaron el decreto, creíamos que podría introducirse en el reglamento no podía incorporarse ahí. Cuestiona que eso, en vez de en el reglamento, debe estar en ley, y ahora nuestra intención es incorporarlo.
- Es una ley que ha costado varias legislaturas que salga adelante.
- Es incorporar un elemento menor y estudiaremos las fórmulas posibles que tengamos.
- ¿Cuánta gente quedó fuera con el artículo anulado?
- Desde que se empezó a aplicar el reglamento, en 2024, salen 87 extinciones de la RGI y 119 denegaciones por no haber presentado un título válido de ocupación de una vivienda, de propiedad, de alquiler, de subarriendo...
- Si no es a este artículo, ¿a qué achacan que se haya reducido con el reglamento de un 30% a un 15% el peso de las unidades de convivencia que cobran la RGI y comparten vivienda?
- A un error en la estadística publicada por Lanbide. Nos sorprendió el dato porque antes solo podía haber dos RGI por vivienda, pero con el nuevo reglamento aceptamos más, entonces no tiene sentido que haya disminuido. Lo hemos mirado y no es así. A diciembre de 2023, por ejemplo, había 670 expedientes en domicilios con más de dos RGI y a enero de 2025, 803. Y viviendas con dos RGI, 6.828 en diciembre de 2023 y 6.766 el mes pasado.
- Y con unas cifras tan bajas como las que manejan, ¿es necesario volver a modificar ese artículo?
- Es que lo único que solicitamos con ese artículo, y que nos parece lógico además, es que, para recibir la RGI, la persona que dice que vive en una casa, que viva de acuerdo con el propietario de esa casa, que no esté ocupando sin permiso esa casa.
- ¿Por eso pedían un título?
- Porque entendíamos que la ocupación del domicilio debía ser de carácter válido. Está pensado en situaciones de ocupaciones, pero también en situaciones donde una abuela deja a su nieto una casa simulando una independencia que realmente no existe.
- En ese caso podría hacer la trampa igualmente con una cesión de uso.
- Sí, pero tendría que figurar en un documento oficial y tendría que demostrar también que es una unidad de convivencia independiente.
- Lo de tener título válido tampoco es una garantía. En la última estafa que ha saltado a la luz, la detenida residía en Luxemburgo pero era adjudicataria de una VPO en Sestao.
- Efectivamente. La RGI tiene sus limitaciones, como toda política pública, e incorpora sus controles de ejecución. En esos controles a veces se detectan situaciones de mal uso como esa, que efectivamente no engañó por el tema del domicilio, porque en ese caso era correcto, pero había una falta de residencia permanente, que es uno de los supuestos que también está incorporado en el reglamento.
- Una parte importante de los cobros indebidos, del dinero que tienen que devolver los perceptores, se debían a la burocracia de Lanbide. ¿Ha mejorado la situación con la nueva ley?
- Sí, y lo hemos disminuido de manera muy importante. Los indebidos en muchas ocasiones se producían porque tu situación cambiaba en un mes, no nos daba tiempo a actualizar la cuantía y cobrabas de manera indebida. No por tu culpa, sino porque no éramos capaces de actualizarlo. La actualización trimestral evita eso.
- En el último informe del Ararteko, las prestaciones de Lanbide acapararon el 16% de las quejas.
- En eso vamos bajando también. Es normal también por la situación de vulnerabilidad de las personas que necesitan una renta mínima de subsistencia. Cualquier retraso, o que nos podamos equivocar, es un elemento sensible, y le dedicamos mucha atención. Tenemos una relación muy estrecha con el Ararteko y a veces tenemos también diferencias de interpretación que intentamos resolver amigablemente.
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- Tampoco le gusta al Ararteko que se retire la RGI a quienes niegan la entrada a su vivienda.
- Es algo contemplado en ley, y se hace con todas las garantías. En estos momentos solo tenemos un procedimiento en el que se recomienda una visita domiciliaria. No es para nada una práctica numerosísima y se hace solamente en situaciones excepcionales. Como decía, creo que cualquier política pública tiene que tener control.
- ¿Qué otros procedimientos de control tienen abiertos?
- Tenemos 601 expedientes que se abrieron en 2024, de los que se han finalizado 287. De ellos 47 están en alguna acción y, en 35, se ha iniciado un procedimiento de control más exhaustivo, que seguramente alguno se archivará. Luego tenemos tres que se ha notificado a Inspección de Trabajo, porque hay un indicio de irregularidad que tiene que ver con trabajo. Dos se han pasado a Fiscalía, porque ya son más graves, y uno ya se ha acabado, con la extinción de la prestación.
- ¿Y las declaraciones responsables revisadas?
- En 2024 se inspeccionaron 5.426 y hubo 14 propuestas de extinción porque no cumplían los requisitos, que eso no significa que quieran engañar.
- No parece una cifra muy alta.
- Realmente no lo es.
- Solo en Bizkaia el importe no declarado por empresas a Hacienda es superior a todo el presupuesto de la RGI.
- Es que el fraude en la RGI es mínimo, pero eso no exime de la responsabilidad que tenemos de hacer control. Como cualquier política pública, tiene a veces situaciones que son escandalosas, como la de esa mujer que vivía en Luxemburgo, pero tenemos 55.000 expedientes y, comparativamente con otras políticas, el fraude es muchísimo menor porque, entre otras cosas, las personas que solicitan RGI realmente la necesitan.
- ¿Y a cuánto asciende el fraude?
- En cuantía económica no tenemos ese dato.
- En noviembre abrieron un canal para que los ciudadanos denuncien. ¿Cuántas notificaciones han recibido?
- Mediante ese canal, 364 denuncias anónimas.
- ¿Y eran reales o cuitas entre vecinos?
- Hay de todo. 19 se anularon de entrada porque no tenían fundamento y las otras, aunque nos parezca que tienen poco o mucho fundamento, si tienen un poquito, pues nosotros investigamos qué es lo que sucede.
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