Archivada por «cosa juzgada» la querella por los Sanfermines de 1978

El juzgado de instrucción 5 de Pamplona ha sido sobreseída al considerar «cosa juzgada» la querella interpuesta hace ya casi dos años por Sanfermines-78: Gogoan!, familiares de Germán Rodríguez, personas heridas en aquellos sucesos, la Federación de Peñas y el Ayuntamiento de Pamplona, y apoyada por el Parlamento de Navarra.

El 11 de julio de 1978 se suspendieron los Sanfermines por los graves incidentes producidos a raíz de la muerte de Germán Rodríguez el 8 de julio de ese año. La irrupción de la Policía Armada en la plaza de toros provocó una ola de disturbios en los que, incluso, se emplearon armas de fuego.

Para la juez, «los hechos objeto de denuncia fueron objeto de otros procedimientos con anterioridad», informa Sanfermines-78 Gogoan! en un comunicado.

En este sentido añade que con esta decisión, «casi 40 años después de que la Justicia mirara hacia otro lado y afirmase que no procedía juzgar a policía alguno, por no poderse determinar su responsabilidad en aquella criminal agresión, el Juzgado n.º 5 ha hecho un corta y pega de aquellos Autos de archivo y ha repetido lo que entonces nos dijeron».

«Después de más de veinte meses en los que el Juzgado no ha practicado diligencia alguna tendente a revisar lo entonces actuado», afirman, «la Justicia vuelve a dar un bofetón a la ciudadanía navarra y dice que lo que vieron 20.000 mil personas en la plaza de toros y presenciaron decenas de testigos, que afirmaron que Germán Rodríguez fue asesinado por la Policía, solamente existió en su imaginación».

Para Sanermines-78 Gogoan!, señala citando al Supremo, «nada impide a un tribunal investigar los hechos cuando otro anterior se ha negado a ello y existan nuevas pruebas, como es el caso», y además «la aplicación del Derecho Internacional a los crímenes de lesa humanidad es preeminente y exigible, exista o no tipificación propia en la legislación española».

Anuncia por ello que en los próximos días interpondrá un recurso de apelación contra esta resolución.

«La Justicia española, dispuesta a juzgar los crímenes de lesa humanidad siempre que estos sean cometidos en otros países, sigue siendo reacia y, en última instancia, cómplice a la hora de perseguir y juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, en los que se enmarcan los sucesos de Sanfermines de 1978», sostiene.

Y asegura que lo sucedido «no fue casual» sino «una intervención premeditada», «un auténtico crimen de Estado incubado en el marco de la Policía y el Ministerio del Interior, cuyo responsable político principal fue el entonces ministro Martín Villa y el Gobierno de UCD».

Se trató, concluye, de «un crimen de Estado ante el que la Justicia, tanto la de ayer como la de hoy, sigue cerrando sus ojos y las puertas de sus Juzgados ante la exigencia de verdad, justicia y reparación reclamada por las víctimas de aquellos sucesos, las Peñas de Iruñea y también nuestras máximas instituciones: el Ayuntamiento de Pamplona y el propio Parlamento de Navarra».

El Ayuntamiento de San Sebastián mostró el pasado 15 de julio su apoyo a la querella criminal presentada por la asociación Sanfermines-78 Gogoan. En una declaración apoyada por todos los grupos municipales, salvo el PP, que el 8 de julio de 1978 tras finalizar la corrida de toros, la «Policía española irrumpió en la plaza cargando contra varios cientos de personas que se encontraban en el ruedo» y «disparando de forma indiscriminada y arbitraria pelotas de goma, botes de gas y munición real contra ellas y varios miles de personas que ocupaban los tendidos». En los disturbios murió el joven Germán Rodríguez Sáiz, «por disparo policial» y «once más resultaron heridos de bala y más de 300 fueron atendidas en distintos centros hospitalarios», agrega el texto.