Los padres que contraten a una cuidadora o una guardería no accederán al permiso de 16 semanas

Hasta ahora, se sabía que los padres que vayan a tener un bebé en Euskadi podrán beneficiarse de hasta 16 semanas de permiso retribuido, una medida inédita para los empleados de la empresa privada: las ocho primeras semanas de permiso seguirán corriendo a cargo de la Seguridad Social -se ampliarán de forma progresiva a las 16 semanas en 2021- y las ocho restantes, bajo la fórmula de la excedencia laboral, serán subvencionadas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirige la jeltzale Beatriz Artolazabal. Los funcionarios vascos ya disfrutan de este derecho desde el pasado mes. La medida estrella de la consejería se ha convertido en el objeto de deseo de las familias, que siguen reclamando un mayor apoyo de las administraciones públicas y privadas para la crianza de los hijos y la deseada conciliación.

El objetivo del futuro permiso de paternidad 'a la vasca' es que el bebé pueda ser criado de forma igualitaria entre padres y madres, por lo que las semanas deben cogerse a lo largo del primer año de vida del crío, siempre que no coincidan con los de la gestante. La 'letra pequeña' del decreto recoge los requisitos que se tendrán que cumplir, y ahí está la miga, porque la bolsa de potenciales beneficiarios podrá verse reducida. Generalmente, a más restricciones de acceso, menos demanda. Pero sigue siendo un misterio cuántos padres darán el paso de acogerse a las 16 semanas de permiso porque también pesan otros factores, como el temor a posibles represalias en la empresa o simplemente el peso histórico del rol femenino de los cuidados que se quiere precisamente romper. La consejería calcula a trazo grueso que podrían ser 17.000 familias las beneficiadas.

«El objetivo de las limitaciones es que los hombres se incorporen realmente al cuidado de los hijos, que se genere ese apego con el bebé, y eso no se produce si están en una guardería o con una persona contratada en el hogar», responde Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

La normativa considera la situación de colectivos concretos. En el caso de los trabajadores autónomos, deberán contratar a un trabajador a tiempo completo durante las ocho semanas de excedencia a las que se acojan, una medida difícil de cumplir. Amilibia reconoce que «no hay otra manera de cotejar» que se dedican en exclusiva a la crianza del bebé «si no se les exige la contratación» de una persona.

También se especifica que las familias monoparentales tendrán derecho a esas ocho semanas extra de permiso. «El objetivo es que los hijos e hijas de estas familias -en las que no es posible la corresponsabilidad de sus progenitores- no resulten discriminados», argumentan.

Algunas restricciones dan pie a diferentes escenarios. Por ejemplo, la normativa no dice qué ocurre si la persona contratada como empleada del hogar se dedica a labores de limpieza y no de crianza, tareas que se encuentran bajo la misma categoría laboral cuando se da de alta a la persona contratada en la Seguridad Social. De acuerdo a esa restricción, podría darse el caso de que una familia que tenga a una persona contratada durante unas horas al mes para las tareas del hogar pueda verse penalizada y quedar fuera del derecho a las 16 semanas de paternidad. O, por el contrario, que sí se beneficien aquellas que pagan en 'B' a la empleada, sin darle de alta.

Amilibia insiste en que se ha intentado redactar la mejor normativa posible de acuerdo «a la filosofía de la corresponsabilidad y la conciliación», y subraya la dificultad de articular esas ayudas con las herramientas competenciales del Gobierno Vasco en la materia. También insiste en que el borrador del texto no ha recibido aún la luz verde de la comisión jurídica asesora de Euskadi y que, por lo tanto, puede incorporar cambios.

Ninguna otra comunidad autónoma tiene en vigor una cobertura similar. En Euskadi, se ha dado ya el paso entre los funcionarios, que ya pueden disfrutar de 18 semanas de paternidad (tienen dos más que los empleados del sector privado, igual que las mujeres funcionarias). Sin embargo, en la orden aprobada por el Gobierno Vasco no se han incluido para el colectivo funcionarial ninguna de las restricciones que sí se les exigirá a los trabajadores del sector privado. La orden está pendiente de desarrollo para su aplicación entre los diferentes sectores públicos, afirman desde el Gobierno Vasco, pero de salida no contemplan las exigencias que sí se han incorporado en las ayudas a la conciliación, lo que da lugar a mayores diferencias entre los dos colectivos.

Una situación que no cambia respecto a las actuales ayudas es que la cantidad se abonará en un solo pago al finalizar el periodo de excedencia - «no contamos con otros mecanismos»-, de forma que los beneficiados no cobrarán su 'sueldo' mes a mes, sino de golpe al término de la excedencia, un hándicap para aquellos que no tengan ahorros suficientes para pasar el mes.