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Objetivo: ninguna vivienda vacía

Objetivo: ninguna vivienda vacía

El Gobierno Vasco prepara, al mismo tiempo, incentivos fiscales y sanciones para 'convencer' a los propietarios de que alquilen sus pisos vacíos. En el parque público, 98 VPO permanecen aún sin dueño

Amaia Chico
AMAIA CHICO

Objetivo: ninguna vivienda vacía. O al menos, ninguna vivienda vacía sin causa justificada. Ese es el reto que se ha marcado el Gobierno Vasco para coadyuvar en otro desafío ahora imposible de cumplir: asignar una vivienda social de alquiler a las más de 3.000 familias que tienen reconocido por ley el derecho a habitar una morada digna. El departamento, con la Ley de Vivienda en una mano y el respaldo otorgado por la última sentencia del Tribunal Constitucional en la otra, está inmerso en una campaña para movilizar el máximo número de pisos para el alquiler. Y lo está haciendo con dos frentes a primera vista antagónicos, y ya se verá, si igual de efectivos. Por un lado, el que recoge la Ley de 2015. La posibilidad de imponer sanciones a los propietarios que persistan en su derecho de mantener cerrada a cal y canto su casa, y no cooperar en la «función social» que la Ley de 2015 adjudica a este preciado bien. Y por otro, la propuesta fiscal que el Departamento de Iñaki Arriola presentará a final de año a las Haciendas vascas para premiar a quienes no se excedan en los precios del alquiler, el otro caballo de batalla. Una intervención de la Administración pública en el mercado que discurre en paralelo a la construcción de VPO, que se reanima tras la crisis, aunque también en ese mercado protegido se mantenga un pequeño stock de inmuebles deshabitados que aún no han encontrado comprador.

La medida más coercitiva, la imposición de un canon anual de 10 euros/metro cuadrado (ampliable a 30) a quienes persistan en mantener cerrados sus pisos durante años, genera inquietud y múltiples preguntas que tendrá que responder el decreto que, a partir del próximo otoño, regulará la medida. ¿Cuándo se aplicará? ¿Quién cobrará el canon? ¿En qué casos se puede llegar a la expropiación -la opción más drástica-? ¿Con qué criterios van a intervenir en una propiedad privada?

La premisa básica sobre la que se asienta esta medida es cumplir con ese derecho de la ciudadanía a habitar una vivienda digna, y la obligación de la Administración a satisfacerlo mediante la adjudicación de un piso de alquiler social o, en su defecto, de una ayuda fijada en 250 euros. Y a partir de ahí, la norma vasca ampara intervenciones como ese canon anual, cuya aplicación será «muy garantista», asevera el consejero Iñaki Arriola. Pero que abre un camino para castigar económicamente a quien no se avenga a colaborar en esa «función social» de la vivienda, incluso aunque la disponga para la compra o el alquiler si no lo hace a un precio «razonable», según el criterio de la Administración.

VPO sin ocupar

El departamento, además, se compromete a intentar que el stock de VPO que permanece sin ocupar sea el mínimo posible. Según los últimos datos remitidos al Parlamento Vasco, desde 2015, en Euskadi hay 98 pisos protegidos sin vender, la mayoría (90) de promoción privada. La cifra, indica Arriola en respuesta a una pregunta de EH Bildu, es «muy reducida», y mucho menor que en otras épocas donde en lugares como Vitoria se acumuló un importante número de VPO sin propietario. Arriola tiene «fundadas expectativas», no obstante, en poder reducir el stock actual y, de la misma manera que en Bizigune, ofrecen a los promotores privados que cedan esas viviendas para su gestión pública de alquiler «con un usufructo garantizado a 6 años», o constata el recurso a «la figura del arrendamiento con opción a compra». La primera opción, reconoce el consejero, apenas tiene éxito; la segunda «está siendo muy utilizada».

Canon

La ley vasca de Vivienda establece un canon de 10 euros/metro cuadrado al año a los propietarios que mantengan su piso deshabitado sin causa justificada durante más de dos años. La medida no se aplicará antes de un año, serán los ayuntamientos los que la gestionen y los propietarios tendrán oportunidad de presentar sus alegaciones. El Departamento de Vivienda prepara para antes de fin de año una tabla gradual con deducciones fiscales para los propietarios en función de los precios de renta. El cálculo se basa en precios medios, según áreas metropolitanas o no. La propuesta será remitida a las Haciendas forales para su aplicación. Busca movilizar vivienda y contener los precios del alquiler.

Acotar cuál es ese precio «razonable», cuando en Euskadi, y sobre todo en Gipuzkoa, ese concepto supera los límites que se manejan en cualquier otra región, es una de las claves para aplicar esta y la otra medida fiscal con las que se busca movilizar 20.840 inmuebles vacíos que hay en Euskadi, según el último estudio realizado.

El Gobierno Vasco se fija especialmente en ese parque deshabitado sin motivo justificable durante más de dos años, al que legalmente se le podría imponer el canon, pero también en otros 14.000 pisos «gestionables» por la Administración que llevan vacíos más de seis meses. Su anhelo es incorporarlos al programa Bizigune de gestión pública de vivienda de alquiler, pero si el propietario no accede, al menos, lograr que lo movilice en el mercado ordinario.

Precio justo

Pensando en esos últimos propietarios, y con la vocación añadida de contener los precios del alquiler que en Gipuzkoa superan de media la barrera de los 1.000 euros, Vivienda prepara además una tabla gradual de deducciones fiscales para quienes arrienden sus viviendas a precios razonables. La propuesta, que antes de fin de año se presentará a las Haciendas forales, se basa en un cálculo medio del precio de las rentas según si los pisos se encuentran en zonas metropolitanas, o en otras con menos demanda. Esa es la disección genérica que está elaborando el departamento vasco para configurar una tabla de deducciones para los propietarios en función de las rentas que demanden, sin profundizar en precios de referencia, que exigen tener en cuenta otros parámetros como el tamaño, la ubicación concreta, el estado de conservación o el mobiliario del piso, y para lo que el Ejecutivo asegura no tener «percha jurídica».

Ese 'precio justo' que el Gobierno Vasco estimará para premiar o no a los arrendadores -ahora solo los inquilinos pueden acogerse a deducciones fiscales- es la fórmula más factible que la Administración ha hallado, de momento, para intervenir en el precio de la vivienda en Euskadi. Aunque el paso también conlleva riesgos. Voces del sector inmobiliario advierten del peligro de que la 'picaresca' reaparezca con pagos en 'b', o advierten del sinuoso límite entre la intervención pública para proteger «la función social» de la vivienda y la propiedad privada.

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