Una nueva ley de trata que «urge» para garantizar la protección a las víctimas

Quienes trabajan en la materia esperan que esta ley sea «un antes y un después en el compromiso de protección de los derechos humanos de las víctimas y que sirva para que se sientan seguras a la hora de abordar la parte más difícil del proceso de liberación, que es que denuncie los hechos. «Cada vez lo es más mientras la ley no cambie», advierten. Lo que se espera de esta ley, que aún no tiene plazos de tramitación, es que ampare a quienes sufren trata «a través de herramientas legales y de carácter social para quienes sufren trata. La norma incide en la asistencia y protección, que es lo mas importante. Y reforzará la lucha contra las mafias y el crimen organizado».

Porque aunque se trabaja para liberar a mujeres víctimas de explotación sexual y condenar a los tratantes, el sistema tiene carencias, afirman desde Fiet Gratia, que pone en serio riesgo la integridad de las mujeres. «Nos hemos encontrado con situaciones en las que no se cumplen los protocolos de las víctimas. Desde el momento en que denuncian se tiene que activar su derecho a poder regular su situación en España. Si no, como ilegales, al final recurren a la que es su única fuente de ingresos, y vuelven a prostituirse. Es la pescadilla que se muerde la cola», lamenta Margarita. La propia Fiscalía de Gipuzkoa ha detectado en el último año a mujeres ejerciendo la prostitución en el territorio, que a su vez eran testigos protegidos que habían sido liberadas en Aragón.

El anteproyecto de ley contempla que las personas identificadas como víctimas de trata lograrán la residencia en España y todos los beneficios de la ley aunque no denuncien a sus proxenetas o explotadores ni colaboren en su detención. Además, crea los delitos de explotación laboral, servidumbre y esclavitud –castigado con doce años de cárcel– e impone hasta cuatro años de prisión a quien pague a sabiendas por los servicios sexuales de mujeres forzadas.