Cuantías más altas, una unidad de inspección y otras novedades de la RGI

El aumento de las cuantías es la principal novedad de la nueva RGI, en vigor desde abril. Se parte de una cuantía de 800,28 euros mensuales para familias con un solo miembro, que hasta este año recibían 727,41 euros. El máximo son 1.573,88 euros para una familia monoparental con cuatro hijos o más. Existen complementos sobre la cuantía base del 30 o 50% dependiendo de las personas que forman parte de la unidad de convivencia y complementos relacionados con la situación de vulnerabilidad del perceptor, así como otro en caso de ser pensionista.

La nueva RGI incluye la declaración responsable para aquellos datos no interoperables, con un control «muy riguroso» de su veracidad. Puede acogerse a esta declaración responsable todo aquel que lo desee, cobrará la prestación al mes siguiente de la solicitud y desde Lanbide verificarán que toda la información aportada es correcta.

Se establece un sistema que generaliza la pérdida parcial de la prestación en caso de incumplimientos, frente a la pérdida total que se reserva a casos irreversibles en materia laboral, como el rechazo de empleo o cese voluntario de actividad. Además, se incorporan por primera vez criterios de conciliación de la vida laboral y familiar y se protege a las personas de edad, contemplando la posibilidad de mantener la cuantía base de la prestación incluso en supuesto de extinción.

En principio no se establecen sanciones económicas a las personas titulares, salvo en las infracciones leves. Se incorpora la extinción de la prestación y la imposibilidad de acceder de nuevo por un tiempo limitado en diferentes grados y supuestos, en los casos de infracciones graves y muy graves. Además, se introduce la responsabilidad de beneficiarios de 16 a 18 años, para quienes se prevé una prestación de interés social como sustitutoria de la sanción.

La nueva RGI será indefinida en el tiempo. Podrá cobrarse de forma ilimitada, pero para evitar fraudes se incorporan sucesivas capas de control. De este modo, se crea una unidad de inspección específica. Además, se elaborará anualmente un plan de asistencia, inspección y control. Y no solo eso. Se incluye un procedimiento de revisión de la prestación obligatorio, al menos, cada dos años. Desde Lanbide, por su parte, se apoyarán en procesos automáticos de control y en los servicios de interoperabilidad.

Además de los requisitos generales, deben estar inscritos como demandantes de servicios de empleo en el servicio vasco de empleo Lanbide durante el año inmediato anterior al de la solicitud. En caso de estar en situación de desempleo, tienen que haber suscrito un plan integrado y personalizado de empleo.

En caso de ser trabajador por cuenta ajena, siempre que no estén en un sistema especial de la Seguridad Social (SS), se computa la diferencia entre la base de cotización de la SS y la cotización a la SS. En caso de ser trabajador por cuenta propia se computa el importe declarado conforme a las declaraciones de ingresos que se presentan trimestralmente.

No computarán las ayudas de carácter finalista, dirigidas a sufragar gastos vinculados a la actividad profesional, beneficios fiscales y bonificaciones en la cotización a la SS y ayudas a personas con discapacidad y dependencia reconocida, entre otras. Por su parte, sí computarán aquellas ayudas que tengan un fin coincidente con la RGI.

No se computarán los inmuebles sobre los que únicamente se ostente la nuda propiedad, los inmuebles que no pueden venderse por la negativa de alguna de las personas copropietarias o por cualquier otra circunstancia y los inmuebles sobre los que no se tenga la efectiva disponibilidad. Tampoco se computa el primer vehículo de la unidad de convivencia ni los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.