«Ningún gobierno puede adoptar una medida sin un control judicial»

- ¿Cómo valora el auto?

- Responde a lo que se le pedía. Es un auto inteligible y animaría a la ciudadanía a que lo lea. Como medida cautelar a la que responde, se toma con esos criterios. Por un lado hay una apariencia de buen derecho entre los demandantes, y por otro se valora el peligro de esperar al dictado de la resolución definitiva, que tardará unos meses en adoptarse. Ha valorado los argumentos científicos, epidemiológicos y virológicos que las partes hayan podido aportar, y que yo desconozco, y a partir de ahí resuelve que, al menos por el momento, no queda acreditada una relación directa entre la actividad hostelera y la transmisión del virus, al menos una transmisión importante.

- El Gobierno Vasco critica el papel de los jueces como virólogos.

- Haré dos apreciaciones. Primero, la justicia está obligada a resolver todos los conflictos que se le plantean. Segundo, los jueces y juezas no tenemos más conocimientos técnicos que el derecho, y a partir de ahí recibimos un asesoramiento de expertos, datos, estadísticas..., que a veces nos los dan las partes y otras veces los pedimos. Y tras el análisis de esos datos, aplicamos el derecho.

- ¿Cuánto se puede prolongar una medida cautelar?

- Mientras dure una determinada situación. El procedimiento se puede prolongar seis o nueve meses, y en este tiempo las circunstancias pueden variar, lo que deja la puerta abierta a cambiar la medida: a suavizarla o a anularla.

- Pero no bastaría con un agravamiento de la pandemia, habría que demostrar la influencia de la actividad hostelera.

- Habría que demostrar que tiene una cierta relevancia. No soy viróloga, pero parece claro que toda actividad social y encuentro humano genera un riesgo de transmisión del virus. También la actividad hostelera. Y es cierto que la actividad de la ciudadanía en la hostelería tiene un riesgo añadido, porque para comer y beber hay que retirarse la mascarilla. Eso nadie lo discute, pero el tribunal ha valorado los datos que le han presentado. Y el 27 de diciembre, tras 15 días con la hostelería abierta, se alcanzó la menor tasa de incidencia acumulada del virus. Si la hostelería fuera tan relevante para la expansión del virus, ya se debería estar notando entonces. Y también toma en cuenta que (en Navidad) se ha dado un relajamiento de limitaciones anteriores como las reuniones familiares y el confinamiento perimetral, y que, y esto yo lo desconozco, una parte importante de epidemiólogos dice que un 80% de los contagios se han podido producir en reuniones familiares y de amistades. Esos son los datos analizados.

- El Gobierno Vasco teme haberse quedado sin herramientas jurídicas para tomar medidas con las que combatir la pandemia.

- Es un error de planteamiento. Herramientas, tiene. Este decreto era una herramienta, pero ha sido impugnado y un tribunal lo ha valorado. Otra cosa es que el Gobierno Vasco entienda que una herramienta es algo que le permita actuar sin control judicial. Eso no lo hay, y espero que no lo haya jamás. Nadie ha dicho que el Gobierno Vasco no sea competente para dictar una norma como esa. No se ha excedido en sus competencias, pero esta vez se ha entendido que ha actuado mal. Hay muchas normas, incluso del Gobierno central, que son impugnadas y muchas veces dejadas sin efecto o, como este caso, de manera cautelar. Si el Gobierno Vasco entiende que una herramienta es algo para actuar sin ningún control, pues no la tiene. Y el Gobierno español, tampoco. ¿Qué herramienta tiene que no sea susceptible del control judicial?

- Ni el estado de alarma...

- Efectivamente, se podría impugnar ante el Tribunal Constitucional. Ninguna decisión de ningún órgano administrativo o gubernativo debe quedar fuera del control judicial en un estado de derecho democrático al uso.

- ¿El LABI, por tanto, podría adoptar mañana nuevas restricciones para la hostelería?

- Sin duda. Por ejemplo, los distintos países de la UE o las propias comunidades autónomas han tomado decisiones distintas ante datos epidemiológicos semejantes. Esto quiere decir que no hay una respuesta unívoca para luchar contra el virus.

- De hecho, en octubre el TSJ de Navarra ratificó la prórroga del cierre hostelero... aunque entonces no medió la Navidad.

- Yo no defiendo que esta resolución sea acertada, porque eso solo se podría confirmar cuando el último tribunal llamado a revisarla dice equis. El TSJPV también dijo una cosa en agosto ante una situación diferente como el ocio nocturno. En algún punto hay que poner el límite, como la tasa de incidencia para adoptar medidas. En un pueblo con 499 casos por 100.000 habitantes la hostelería estaba abierta con restricciones, y en otro con 500, cerrada. En otros países de la UE, con tasas muy inferiores, tienen cerrada la hostelería y el comercio no esencial. Son criterios distintos. En este auto, el riesgo era que dentro de ocho o nueve meses se dijera que la hostelería debía haber estado abierta, con un gran daño económico causado. En otros países, el riesgo económico ha podido ser menor porque el Estado responde.

- El auto ha tenido en cuenta el agravio económico, ¿podría dar pie a pedir indemnizaciones?

- Siempre se pueden pedir por actuaciones administrativas.

- ¿Y abre una vía a otros sectores?

- No hay límite para ello, lo que no quiere decir que prospere.