Un juzgado de Bilbao investiga la supuesta estafa de un millón de euros a Lanbide con cursos ficticios

El caso se destapó en el centro formativo de Otxarkoaga, que cuenta con una amplia oferta educativa: ESO, FPB, ciclos académicos y diversos cursos que imparte en colaboración con Lanbide, el ente público que depende de la consejería de Empleo dirigida por Beatriz Artolazabal. Según las fuentes consultadas por este diario, fue un alumno el que descubrió que su nombre y su firma aparecían en una materia en la que él no se había inscrito. Es decir, en ese registro figuraba que había recibido varias horas de clase en una de las ofertas formativas dirigidas principalmente a desempleados. El joven pidió explicaciones. Lo que escuchó no le convenció y puso los hechos en conocimiento de las instituciones. El grupo de estafas de la comisaría de la Ertzaintza de Bilbao comenzó entonces una investigación que, en un principio, partía de un delito de suplantación de identidad. Según confirman varias fuentes, la investigación de la Policía vasca, que puso los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción, se extendió después a otros centros.

El director del Centro Formativo de Otxarkoaga, José Ángel Mardones, insistió a este periódico que todos los cursos se han impartido de forma correcta. Reconoció que él mismo ha tenido que declarar por este asunto, pero insistió en que lo ha hecho en calidad de testigo y subrayó que ningún responsable del centro que dirige ha sido imputado. No obstante, prefirió guardar silencio sobre las materias que están siendo investigadas y el número de firmas de alumnos que habrían sido supuestamente falsificadas para cobrar las subvenciones. Según consta en la resolución de Lanbide en la que concede las ayudas para «acciones formativas», este centro ha recibido este año la adjudicación para impartir cursos de montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y otro ciclo de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación.

Desde Lanbide aseguran que, al margen de la investigación en los juzgados, se ha abierto un procedimiento administrativo para reclamar a estas empresas las subvenciones «integras» que les concedieron. A este respecto, señalaron que son siete las «acciones formativas» cuestionadas y que se han llevado a cabo en tres equipamientos educativos. A estos centros -según Lanbide- les concedieron 307.877,85 euros para desarrollar las materias que tenían programadas. Ya han recuperado 309.705,13 euros, correspondientes al importe de la subvención concedida más los intereses, 2.827,28 euros. Estas siete materias estaban diseñadas para formar a 117 personas, de las que sólo 62 «terminaron el curso y obtuvieron su certificación profesional». Lanbide ha destinado este año 33 millones de euros a este tipo de acciones formativas para los desempleados.

Además, insistieron en que son las empresas las que, una vez recibida la adjudicación pública, se encargan de «desarrollar» y realizar el «control de asistencia» de los alumnos. En todo caso, desde el Servicio Vasco de Empleo recalcaron que siguen «con rigor el desarrollo» de estas materias.