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Harvard, a examen

Ciudadanos de origen asiático piden igualdad de derechos en la educación, la víspera del inicio del juicio contra Harvard. / BRYAN SNIDER/REUTERS
Ciudadanos de origen asiático piden igualdad de derechos en la educación, la víspera del inicio del juicio contra Harvard. / BRYAN SNIDER/REUTERS

Juzgan a la prestigiosa universidad por primar la admisión de latinos y afroamericanos. La acusación cuenta con el respaldo de Trump y el caso podría alterar el sistema de acceso en las facultades americanas

JOSEBA VÁZQUEZ

El insaciable Donald Trump ha encontrado un nuevo flanco por el que atacar a dos de sus objetivos predilectos: el legado de su antecesor, Barack Obama, y todo lo que huela a norma favorable para las comunidades latina y afroamericana. Consecuente con ello, no ha dudado en dar las instrucciones oportunas para que la maquinaria de su Administración respalde la denuncia de más de 60 organizaciones asiático-estadounidenses que acusan a la Universidad de Harvard de ejercer sobre sus ciudadanos discriminación racial en el proceso de admisión, en favor, precisamente, de los estudiantes negros e hispanos. El centro académico, uno de los más elitistas y prestigiosos del mundo, atiende cada curso escolar apenas 2.000 de las más de 40.000 solicitudes de matrícula que recibe. Y, en efecto, al margen de otros aspectos, su mecanismo de selección establece una discriminación positiva -en inglés 'acción afirmativa'- enfocada a «garantizar la diversidad» dentro de su campus, dando prioridad a las dos comunidades citadas. Dicen los rectores de Harvard que sin este filtro la universidad «no podría cumplir sus objetivos académicos».

Los miembros de las asociaciones asiático-estadounidenses consideran que esta política viola sus derechos civiles y los relega, a pesar de acreditar en algunos casos mejores notas que aspirantes de otras razas. Su demanda, interpuesta por una organización denominada Estudiantes por una Admisión Justa (SFFA por sus siglas en inglés), data de hace cuatro años, pero no fue hasta el pasado 2017, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, cuando se inició una investigación al respecto. A consecuencia de ella, el fiscal general, el conservador Jeff Sessions, solicitó hace dos meses la apertura de un juicio contra la institución educativa con sede en Cambridge (Massachusetts). Mantuvo con esa decisión la línea marcada por Trump en julio, cuando anuló un total de 24 directivas firmadas por Obama para potenciar la presencia en los campus de latinos y afroamericanos.

La vista comenzó el día 15 en un tribunal federal de Boston y se espera que concluya hoy mismo o la semana próxima, a lo más tardar. El proceso no va a examinar solo las prácticas de Harvard, sino indirectamente también las de otros muchos centros educativos del país que aplican procesos de admisión similares. Janai Nelson, directora asociada de la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color), recuerda que «denuncias de este tipo se han juzgado desde 1970 y las cortes han dicho que esos sistemas de acceso eran legales. Cumplen con nuestra Constitución, que respalda los ideales de ofrecer una experiencia educativa diversa a todos los estudiantes y permite a las universidades ejercer su criterio».

Hacia el Supremo

La sentencia podría llegar en breve, pero también demorarse meses, y cualquiera de las partes tendrá la opción de recurrir el veredicto. Este se presenta como un aspecto clave en la causa, según algunos analistas convencidos de que la estrategia de los denunciantes persigue que el caso se acabe resolviendo en el Tribunal Supremo. Hasta ahora, esa institución ha apoyado los métodos selectivos de las facultades, pero la reciente llegada a la misma del juez republicano Brett Kavanaugh cambiaría previsiblemente esa tendencia. Un fallo favorable a los demandantes en el tribunal de mayor rango del país revolucionaría seguramente los sistemas de acceso a las universidades de Estados Unidos y amenazaría la práctica de la discriminación positiva en cualquier otro ámbito.

Según esta tesis, nos encontramos frente a una operación política. Es lo que opina Dennis Parker, portavoz de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), que confía en que la corte de Boston «reconozca que esta demanda espuria es un vehículo contra la acción positiva y no una lucha legítima por la igualdad». Una opinión compartida por el prestigioso analista político del 'New York Times' Nicholas Kristof, que esta misma semana ha plasmado en su columna: «Veo la demanda como una operación oculta para desmantelar la acción afirmativa para los estudiantes negros y latinos». Kristof, exalumno de Harvard y casado con una estadounidense de origen asiático, observa, no obstante, algunos puntos oscuros en elproceso de admisión empleado por el centro académico en el que se graduó.

La propia SFFA denuncia también que Harvard se reserva un cupo de matriculaciones para hijos de antiguos alumnos y para grandes donantes de dinero, lo que no es negado por la institución. Con todo, el promedio de estudiantes de origen asiático admitidos el último curso ha sido del 23%, frente al 15% de afroamericanos y el 12% de latinos. Casi la mitad son blancos y menos del 2%, nativos americanos.

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