El Gobierno Vasco reactiva la negociación para reformar la RGI tras dos intentos fallidos

El fracaso de las negociaciones presupuestarias entre PNV y EH Bildu hace unas semanas enfrió las opciones de tender puentes, pero el Ejecutivo no quiere dejar pasar el tiempo y que terminen por romperse del todo, y en próximas fechas retomará las negociaciones para despejar el horizonte hacia esa nueva ley de garantía de ingresos, que ya tuvo que meterse en el cajón en la anterior legislatura. «Quedan escollos, pero en la ronda anterior -la presupuestaria- avanzamos con EH Bildu», reconoció ayer con cierto optimismo la consejera, que pide a la coalición no centrarse solo en los complementos de pensiones sino en todas las «variables» de esta ayuda dirigidas a diferentes colectivos.

La cercanía de las elecciones municipales y forales de primavera favorece más la batalla dialéctica que el apretón de manos en el corto plazo. Y ante ese escenario, Artolazabal también pidió que esas cuestiones preelectorales «no se mezclen» en el diálogo. «Tenemos una buena oportunidad (para la reforma) porque la situación económica nos permite una visión a largo plazo», dijo. EH Bildu, con quien se iniciaron las negociaciones sobre la prestación, sí ha expresado que está dispuesto a dar su voto a favor a cuestiones que supongan «mejoras» para los ciudadanos, pero tiene claras sus líneas rojas. La negativa del PP en su día al texto de la reforma propuesta le distancia como aliado. Y Elkarrekin Podemos ya dejó claro que no iba a apoyar una propuesta que tildó de «gran engaño».

Habrá que esperar a ver qué propuesta pone encima de la mesa el Ejecutivo, aunque ayer la consejera avanzó que «en breve» presentará una «batería» de medidas que se incluyeron en el rechazado proyecto de Cuentas para 2019 para ponerlas en marcha «cuanto antes». El último papel que trasladó a Bildu recogía 54 millones más este año para RGI y mejoras del empleo; un complemento para que la pensión mínima quede en 823 euros en 2020; y una subida general de la ayuda de 3,5% este año y otro tanto el siguiente.

El objetivo es, además de los números, desbloquear algunos de los cambios en los que había un mínimo consenso común: la necesidad de aumentar la ayuda a las familias pobres con hijos o las mejoras en la gestión de los cobros indebidos. El paso del tiempo, en cambio, ha jugado a favor para que empezaran a soplar los vientos de la recuperación después del golpe de la crisis, que se tradujo en una demanda disparada por el aumento del paro.

En 2016 se superaron los 15.000 beneficiarios en Gipuzkoa, la cifra más alta alcanzada. Desde entonces, la demanda ha empezado a retroceder. En la actualidad, 13.014 personas cobran la principal prestación contra la pobreza, que les permite tener unos ingresos de alrededor de 640 euros al mes (para una persona que viva sola). En el último año, la bolsa de demanda se ha reducido un 8%, lo que significa que más de un millar de personas han salido del sistema. La presión, por lo tanto, ha empezado a rebajarse, un alivio para los presupuestos, que llegaron a rozar los 500 millones de euros al año (incluido la ayuda para el alquiler) y que ahora se quedarán en 470, un 4% menos que en 2018.

Ha pasado ya año y medio desde que la consejería de Empleo y Políticas Sociales lanzara su propuesta de reforma del sistema, uno de los puntos recogidos en el pacto de gobierno con el PSE. El texto nació con la polémica bajo el brazo, al anunciarse por parte de Artolazabal que se limitaría el cobro de la prestación a una sola RGI por domicilio, lo que se entendió como una restricción para los casos excepcionales en los que conviven bajo un mismo techo dos personas sin vinculación familiar y que reciben la ayuda, cada una por su cuenta -dos personas pobres que se ven obligadas a compartir vivienda, por ejemplo-. El departamento aclaró luego que se seguirían contemplando esas excepciones, pero la sombra ya se había extendido.

La propuesta contempla medidas restrictivas pero también otras de gran calado para mejorar la prestación a diferentes colectivos. Se suavizan por ejemplo los requisitos de acceso para las familias con hijos, que solo deberán acreditar dos años de empadronamiento, uno menos que ahora. Y se libera de esta exigencia a las personas refugiadas, solicitantes de asilo o protección internacional. También se propone eliminar la restricción temporal de las ayudas que se cobran como complemento a un salario bajo, si bien se rebaja la cuantía máxima a 400 euros mensuales.

Ahora bien, los puntos en los que los partidos en el gobierno no han encontrado aliados siguen intactos. En la cuestión económica, se pretende desligar la cuantía de la prestación del Salario Mínimo Interprofesional y que se actualice en función de los presupuestos. La propuesta se basa en un nuevo sistema para calcular la cuantía de la prestación en la que se tendrá en cuenta el total de personas que componen esa unidad de convivencia. En la actualidad, el dinero que se cobra aumenta en función del número de miembros, pero hasta un máximo de tres personas. El nuevo sistema partirá de una cuantía de 450 euros a la que se sumarán complementos según el número de adultos y menores. La cuantía máxima de RGI sería de 1.200 euros al mes.