El Gobierno Vasco expropia la primera VPO, cuyo inquilino ilegal cobraba por alquilar habitaciones

El Gobierno Vasco expropia la primera VPO, cuyo inquilino ilegal cobraba por alquilar habitaciones

El pasado noviembre Vivienda ya impuso a su propietario una sanción de 26.000 euros, la mayor hasta hoy que fija el Departamento

JOSÉ DOMÍNGUEZ

Era la primera vez que el Gobierno Vasco detectaba una práctica irregular tan descarada que necesitaba una respuesta ejemplar y ejemplarizante. El propietario de una vivienda de protección oficial tiene la obligación de residir en ella pero en este caso, detectado en el barrio bilbaíno de Deusto, no solo no lo hacía, sino que se la había alquilado a otra persona, algo totalmente ilegal. Y para colmo, este arrendatario había rizado el rizo al realquilar el inmueble por habitaciones, a razón de 250 euros al mes cada una de las cuatro que tiene. Una infracción grave que ya en noviembre recibió la mayor sanción que ha impuesto el Departamento de Vivienda en su historia: 26.000 euros. El despropósito era de tal calado que no podía quedar sólo en eso. Según el propio viceconsejero, Pedro Jáuregui, «hemos tenido que tomar una medida extrema». Por eso han culminado la primera expropiación forzosa que se hace de una VPO por no destinarse a la función social para la que fue construida, una competencia que contempla la Ley vasca de Vivienda desde 2015.

Fuentes del Ejecutivo autónomo, que puntualizan que el expropiado todavía puede presentar recurso, reiteran que su incumplimiento es flagrante. «El titular de la vivienda no residía en ella desde hace años y había llegado a firmar un contrato privado de alquiler con el arrendador», remarcan. «Habiendo como hay miles de personas que necesitan y nos demandan un piso para vivir, no podemos permitir que los propietarios de VPO le den un uso impropio», insiste Jáuregui.

El responsable autonómico recuerda que esta persona, además, dispone de otra propiedad. «Si ya es obligación del adjudicatario residir en la vivienda protegida, menos se puede consentir que encima intente especular con ella», puntualiza.

Las claves

Expropiación forzosa.
La Ley de Vivienda la autoriza en viviendas de protección pública tanto al Gobierno vasco como a ayuntamientos y diputaciones.
Sanciones.
De enero de 2017 a junio de 2018, el Departamento de Vivienda sancionó a 270 propietarios de inmuebles por un importe total de 240.747 euros.
Pelotazos.
Vivienda también ha estrechado el cerco contra los pelotazos en la venta de VPO tras detectar cuatro casos desde octubre que pedían cobrar en 'negro' una cantidad añadida al precio oficial.

Desde el Departamento se insiste en la gravedad de la infracción, no sólo por el hecho de que ambas partes hayan actuado con total impunidad sin tener en cuenta la normativa que rige la adjudicación de las viviendas públicas. Porque que se pille a un dueño que arrende su piso no es habitual, pero tampoco excepcional. De hecho, desde 2017 ya han sido cazados una docena de adjudicatarios y se les ha impuesto una multa. Pero en este caso el afectado no ha tenido reparos en adquirir otro inmueble, firmar un contrato de arrendamiento y permitir que su vivienda sea realquilada por habitaciones. Es por eso que «no ha valido de nada que echara a sus ocupantes, intentado regularizar de algún modo la situación».

Una vez que culmine definitivamente el proceso expropiatorio, el Departamento de Vivienda procederá a recuperar la titularidad del piso, ubicado en el barrio bilbaíno de Arangoiti, y abonará al dueño su precio correspondiente según los baremos de los inmuebles protegidos. Eso sí, sus responsables remarcaron que a la cifra resultante, que no ha desvelado, hay que descontarle los 26.000 euros impuestos en concepto de sanción.

Ocho inspectores

Las mismas fuentes remarcan que es la multa más cuantiosa que se impone tras detectarse un fraude. El listón estaba antes en 11.500 euros y la recibió Asier O. M. el año pasado por ofertar el arrendamiento de su VPO en la localidad vizcaína de Sopela a través de una plataforma de alojamientos turísticos en internet.

El cerco al infractor se ha estrechado notablemente en los últimos años. De hecho son ya ocho los inspectores que se encargan de combatir el fraude en el parque público vasco, compuesto por más de 75.000 inmuebles, tras la incorporación en 2018 de tres más –uno por territorio–. Cada año se realizan una media de 9.500 inspecciones y desde 2004 ya se ha sancionado a más de 1.300 adjudicatarios con multas que en conjunto superan los tres millones de euros.