Los migrantes con tres meses de residencia en Euskadi recuperarán su tarjeta sanitaria

Un grupo de migrantes durmiendo en la carpa habilitada en el gaztetxe Lakaxita de Irun, espacio de acogida para personas en tránsito./FLOREN PORTU
Un grupo de migrantes durmiendo en la carpa habilitada en el gaztetxe Lakaxita de Irun, espacio de acogida para personas en tránsito. / FLOREN PORTU

El Ejecutivo prepara la normativa para restituir la sanidad universal derogada por el PP en 2012 | Hasta ahora los 'sin papeles' poseían un documento que les garantizaba la cobertura sanitaria, pero solo en centros sanitarios vascos

Aiende S. Jiménez
AIENDE S. JIMÉNEZSAN SEBASTIÁN.

El pasado jueves el Congreso de los Diputados restauró el derecho a la sanidad universal a través de un decreto ley que responde a las demandas que partidos y colectivos sociales llevan realizando desde el año 2012, cuando el Partido Popular estableció una serie de recortes que, entre otras cosas, dejaba sin cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares. La nueva normativa permitirá a los 'sin papeles' tener su tarjeta sanitaria, lo que les garantiza asistencia en cualquier parte del Estado. En Euskadi el Gobierno Vasco calcula que serán unas 15.000 las personas que se beneficiarán de este derecho.

Si bien esta norma supone un cambio importante, sus efectos en la práctica no serán radicales, ya que son muchas las comunidades autónomas que desde hace años aplican su propia normativa para que las personas que residen en ellas irregularmente tengan asistencia sanitaria, entre ellas Euskadi.

La ministra Carmen Montón ya anunció la semana pasada que las comunidades autónomas serán las encargadas de tramitar y expedir dichas tarjetas, que en el caso de Euskadi sustituirá al documento en papel que permite a los migrantes no regularizados acceder al sistema de Osakidetza a partir del tercer mes de residencia. Montón afirmó que se ha enviado una propuesta de instrucción para la ejecución de la norma a todas las autonomías para que estas puedan plantear aportaciones a la misma.

Por su parte el Gobierno Vasco ya se ha puesto manos a la obra. Fuentes del Departamento de Salud señalan que «se está trabajando en una regulación normativa que permita desarrollar dicho decreto». No obstante, aclaran que «a efectos prácticos, los derechos de las personas migrantes seguirán siendo los mismos, es decir, se les garantizará la asistencia sanitaria como hasta ahora». Aunque con un matiz. El documento del que disponen actualmente los 'sin papeles' en Euskadi aclara que sus derechos empiezan y terminan en los centros de salud vascos. Con la nueva tarjeta sanitaria podrán recibir cobertura en cualquier parte del Estado.

«Existía una exclusión que muchos no hemos entendido», señala Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo Gipuzkoa, quien asegura que este nuevo decreto ley que restaura la sanidad universal «no solo es beneficioso para el colectivo migrante, sino para todo el sistema de salud».

Asistencia a los inmigrantes irregulares en Euskadi

Decreto estatal 16/2012
El Gobierno central elimina la cobertura sanitaria a los extranjeros sin papeles.
Decreto vasco 2012
El Ejecutivo de Patxi López elabora su propia norma para garantizar la asistencia.
Tribunal Constitucional
El Gobierno central recurre la norma vasca y el TC la suspende. Meses después acepta el recurso vasco y la avala.
Requisitos
Euskadi les pide unos ingresos por debajo de la RGI y un año de empadronamiento, que en 2017 rebajó a los tres meses.
Nueva sentencia
El TC volvió a anular el año pasado decreto vasco de 2012.
Decreto 2018
La nueva ley anula los recursos anteriores del TC. A partir de ahora todos los 'sin papeles' tendrán tarjeta sanitaria.

El camino hasta restituir la sanidad universal ha sido largo, un tiempo en el que Euskadi ha librado su particular cruzada contra el polémico decreto 16/2012, negándose a aplicar sus medidas desde un primer momento, que además de dejar sin cobertura sanitaria a los 'sin papeles' introducían el copago farmacéutico. «Vamos a desobedecer al Ejecutivo central», declaró el entonces consejero de Sanidad, Rafael Bengoa.

Y así fue. Poco después de que la norma fuera aprobada, el Ejecutivo de Patxi López elaboró un decreto propio que contrarrestaba el estatal. El texto recogía que Euskadi mantenía la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que ya la tuvieran y que ésta se concedía a quienes llevasen un año empadronados en Euskadi, con independencia de que tuvieran papeles o no.

El Gobierno central tardó poco en reaccionar y recurrió la norma vasca ante el Tribunal Constitucional, alegando que era «competencia exclusiva del Estado definir quién puede tener acceso a la Sanidad». El Alto Tribunal suspendió el decreto vasco, por lo que además de recurrir dicha decisión, el gobierno de Patxi López tuvo que buscar una fórmula transitoria que garantizase la cobertura sanitaria a todos los residentes en Euskadi. Así, se decidió que los nuevos migrantes tenían que acreditar arraigo para obtener una tarjeta provisional, que había que actualizar cada tres meses.

Ley de Extranjería

El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor la modificación de la Ley de extranjería que incluía la pérdida del derecho a recibir asistencia médica gratuita para las personas extranjeras que se hallasen en situación irregular. Euskadi mantuvo esa medida transitoria hasta diciembre, cuando el Constitucional avaló su decisión, aunque le impuso la implantación del copago farmacéutico. El Tribunal Superior de Justicia también aplaudió esta medida.

Sanidad analizará los recursos contra la norma vasca «porque ya carecen de sentido»

Ya con el PNV en el Gobierno, el Departamento de Salud, con Jon Darpón a la cabeza, estableció el requisito de acreditar un año de empadronamiento y unos ingresos por debajo de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para poder acceder al sistema vasco de Salud. Las personas en situación irregular recibían un documento que equivalía a la tarjeta individual sanitaria (TIS), en el que se especificaba que su uso se limitaba a centros de Euskadi.

El último envite llegó el año pasado, justo después de que la Cámara Vasca modificara el plazo para poder solicitar la asistencia de un año de padrón a tres meses. Una sentencia del Tribunal Constitucional anuló el decreto vasco de 2012, lo que obligaba a buscar nuevas fórmulas para seguir atendiendo a los 'sin papeles'. Tras el nuevo decreto ley aprobado el pasado jueves, la ministra de Sanidad anunció que se van a analizar los recursos de inconstitucionalidad presentados por el anterior Gobierno contra comunidades como Euskadi, porque «ya carecen de sentido».

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