El Gobierno Vasco afea a Errenteria, Zumaia y Tolosa su falta de colaboración sobre pisos turísticos

Fuentes del Departamento de Turismo explican que esta falta de colaboración se ha detectado en cuestiones como «los informes de los expedientes de comprobación que se les pide a los ayuntamientos cuando registran una vivienda de uso turístico». El consejero también se refirió a la petición de que especifiquen si están aplicando una moratoria a este tipo de licencias. En este caso, al mencionar los municipios que no han respondido a una carta enviada por el Gobierno Vasco interesándose la cuestión, hizo referencia a los ayuntamientos guipuzcoanos de «Arrasate, Azpeitia, Bergara, Errenteria, Tolosa, Segura o Villabona». Todos ellos también gobernados por EH Bildu.

Estas carencias en la colaboración no son extensibles a todos los ayuntamientos –«Donostia, por ejemplo, sí está colaborando», señalan desde Turismo–, pero preocupan al consejero porque dificultan el control de estos pisos de uso turístico.

Hurtado respondió en el pleno de control del Parlamento a una interpelación de la parlamentaria de EH Bildu Itziar Murua, que alertó de la proliferación de viviendas turísticas y de sus «consecuencias», entre las que citó «el agravamiento del problema de la vivienda, la pérdida de identidad de los barrios y calles, o los problemas de convivencia».

El consejero de Turismo señaló que «las viviendas turísticas apenas suponen el 0,51% del parque total de viviendas de Euskadi», aunque recordó que el Gobierno Vasco empezó a tomar medidas para evitar su proliferación «cuando nadie hablaba de este problema». «Llevamos años trabajando en su regulación y supervisión, y seguimos reforzando y renovando nuestras herramientas cada día», destacó.

En este sentido, Hurtado subrayó que los ayuntamientos juegan un papel clave en este tema por sus competencias urbanísticas, lo que permite adecuar la normativa a la realidad local de cada municipio. Indicó que, en líneas generales, el Gobierno Vasco está colaborando bien con ellos, pero mencionó el caso de varios consistorios que «no contestan a nuestros requerimientos». Es ahí donde dejó caer los nombres de «Zumaia, Errenteria o Tolosa», además de otros ayuntamientos vizcaínos.

En el lado positivo de la balanza, Hurtado valoró la «colaboración activa» que mantiene su departamento con el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que esta semana ha llevado a cabo una solicitud a la plataforma Airbnb para que retire más de 65.000 anuncios ilegales, una buena parte de ellos en Euskadi (aunque no disponen de las cifras concretas). También destacó el trabajo conjunto que se realiza con el Departamento vasco de Vivienda y los grupos parlamentarios para incluir en la futura ley de Medidas Urgentes «la prohibición de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas».

El consejero apuntó que hasta ahora las comunidades autónomas han tenido «limitadas capacidades sancionadoras» frente a las plataformas digitales, dado que los tribunales han revocado sanciones basándose en la doctrina del Tribunal Supremo y la jurisprudencia europea. «Sin embargo, esta situación está a punto de cambiar con la próxima entrada en vigor del reglamento europeo de Alquileres de Corta Duración y la puesta en marcha, el 1 de julio, de una ventanilla única de control, en la que España ha sido pionera».

En paralelo, Turismo ha retomado los contactos con las plataformas «para retirar anuncios ilegales detectados por los inspectores». No obstante, el consejero advirtió que, si esta cooperación no resulta efectiva, «se actuará con sanciones a las plataformas que incumplan la normativa».

Hurtado reconoció la necesidad de reforzar el equipo de inspectores de viviendas turísticas, una medida que ya ha solicitado a los departamentos de Gobernanza y Hacienda. En cualquier caso, detalló que, durante los últimos tres años, «se han realizado más de 2.300 inspecciones y se han abierto más de 550 expedientes sancionadores, un esfuerzo que seguiremos intensificando».