El Gobierno Vasco estudia si recurre el fallo y ahora no ve oportuno recusar al magistrado

La resaca de la decisión judicial que adoptó la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha traspasado el ámbito puramente jurídico, sobre el auto y las medidas cautelares adoptadas, para llegar al personal, al profesional, al sanitario y al político a raíz de las polémicas consideraciones realizadas por el magistrado que la preside, Luis Ángel Garrido, el pasado lunes, el día anterior a que se hiciera público el auto que permitió la reapertura de la hostelería en zonas de alta incidencia de contagios.

En el plano estrictamente judicial, el Gobierno Vasco sopesa todavía si impugnar el fallo o no. Tiene de plazo hasta el lunes, y está analizando primero con detalle los argumentos jurídicos utilizados por los tres magistrados que componen el tribunal para decidir si procede plantear un recurso de reposición ante la sala. Ayer, los servicios jurídicos del Ejecutivo, alguno de cuyos responsables forma parte del LABI técnico, analizaron y redactaron un informe jurídico sobre los argumentos esgrimidos por el tribunal para sostener la reapertura de bares y restaurantes en zonas rojas, y la base legal que le queda ahora al comité asesor para tomar nuevas medidas o revisar las vigentes. Sobre ese informe jurídico y sobre la última evaluación de los datos sanitarios se propondrá hoy, en el LABI presidido por el lehendakari, la actualización de las medidas restrictivas en vigor para contener la pandemia.

Lo que sí tiene decidido es que por ahora no va a recusar al juez Luis Ángel Garrido, tras la polémica suscitada en torno a sus palabras. Aunque ayer en un primer momento se dejó abierta la posibilidad de estudiar esa cuestión, el Departamento de Gobernanza Pública confirmó a mediodía que «los servicios jurídicos creen que no es el momento de entrar en esa cuestión». Argumentan que todavía «no se conoce cuándo, ni en qué condiciones, ni con qué tribunal tendrá lugar el juicio sobre el fondo de la cuestión» planteada por las asociaciones de hostelería, ya que la decisión tomada el martes es una medida cautelar.

En ese plano jurídico quiso también acotar la controversia la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que está asociado Garrido. Su portavoz Santiago Romero lamentó que se recurra a la «crítica personal» para poner en entredicho «la profesionalidad e imparcialidad» del magistrado, a la hora de tomar la decisión de permitir que reabra la hostelería. Sobre el auto, defendió que los jueces «hacen su trabajo» y recordó que «todas las quejas que quiera hacer el Gobierno Vasco las respetamos profundamente, pero entendemos que el cauce legal en democracia para mostrar una disconformidad con una resolución judicial es acudir a los recursos, no a la descalificación personal de un juez».

A ese respecto, el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, dijo respetar el auto pero defendió que las medidas adoptadas en el LABI, del que él también forma parte, no son «caprichosas».

Fuera del ámbito judicial, los partidos vascos también opinaron sobre la polémica desatada. Desde el PNV arremetieron contra Garrido por su menosprecio a los epidemiólogos y consideraron que esas «burdas» afirmaciones cuestionan «su profesionalidad y objetividad» a la hora de juzgar cuestiones como las medidas que se adoptan para frenar la expansión del Covid.

EH Bildu evitó entrar en el debate de opiniones personales; Elkarrekin Podemos «no comparte» las palabras de Garrido; el PSE sí dudó de si la polémica declaración es compatible con el código deontológico de los jueces; PP-C's cree que el Gobierno Vasco busca «una guerra» contra los jueces, y Vox aplaudió su «valentía» por «enfrentarse» al Ejecutivo vasco.

Según ha podido conocer DV, durante la mañana de este jueves la cuestión ha estado sobre la mesa, aunque finalmente los servicios jurídicos del Gobierno Vasco han recomendado no iniciar esa vía, pese al hondo malestar del propio Ejecutivo y las opiniones de los partidos que forman el Ejecutivo (PNV y PSE) poniendo en duda la «objetividad» de la decisión adoptada por Garrido.

Por otro lado, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco continúan analizando la posibilidad de plantear un recurso de casación contra la resolución del pasado martes de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el cierre de la hostelería en los municipios en 'zona roja'. El plazo para la presentación del recurso concluye el próximo lunes.