Fomento cederá a las autonomías la concesión de licencias tipo Uber

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no quiere que las protestas de los taxistas arruinen el inicio de las vacaciones de miles de ciudadanos que durante esta semana comienzan su descanso estival, ni tampoco que el conflicto se enquiste para su departamento en pleno mes de agosto. Por ello, va a proponer la transferencia de la competencia de gestión de las licencias de empresas como Uber o Cabify -las firmas de vehículo de alquiler con conductor (VTC)- a las comunidades autónomas. Es una de las reivindicaciones por la que luchan los taxistas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya mantenido la parálisis de la ordenanza de Barcelona, sobre la que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal no tenía competencia para actuar.

Ábalos planteará este cambio normativo en la Conferencia Nacional de Transportes convocada para este miércoles, después de que hoy mismo se reúna con las principales asociaciones del taxi. Mañana también analizará su propuesta normativa con los representantes de los VTC, para llegar al encuentro del miércoles con la opinión de ambas partes sobre la transferencia.

Se trata de que sean los gobiernos autonómicos los que otorguen las licencias a Uber y Cabify, o cualquier otra compañía que ofrezca estos servicios de transporte de pasajeros, dependiendo de las características de cada mercado y de la situación por la que el taxi pase en sus ciudades. Esto es, que la normativa estatal sirva como base, pero la puesta en práctica del ratio de licencias VTC por cada taxi en vigor dependa de las regiones. En realidad, las comunidades ya otorgan estas autorizaciones, aunque lo hacen por delegación del Gobierno, que es el que tiene la competencia para ello.

Fomento quiere que se mantenga el actual ratio de permisos, limitado a una licencia de VTC por cada 30 taxis. Es una proporcionalidad ratificada por el Tribunal Supremo tras un recurso que presentó contra esta medida la Comisión de los Mercado y la Competencia (CNMC). El problema deriva de que se están concediendo miles de licencias de VTC, que sobrepasan ese límite, tras el vacío legal que hubo entre 2013 y 2015. De hecho, el ministerio calcula que existen 7.000 permisos para empresas como Uber o Cabify frente a los 64.217 taxis en vigor, una proporción mucho más elevada del 1/30.

El propio Ábalos ya ha indicado en algunas ocasiones que la cesión de este poder requeriría «un amplio consenso», porque se debe realizar a través de una ley orgánica, cuya aprobación precisa la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. En este punto, el Ejecutivo puede encontrarse con otro problema, al tener que aglutinar los 176 votos necesarios para ello, muy lejos de los 84 que tiene el grupo socialista.

Desde organizaciones como Fedetaxi, exigen a Fomento que el acuerdo que hoy va a proponerles «marque expresamente cuál va a ser el contenido básico de las licencias a implantar». Al mismo tiempo, solicitan «medidas procompetitivas para el taxi», que premian al sector ofrecer un mejor servicio.

Uno de los puntos que cuestionan es si la cesión de la transferencia puede suponer abrir 17 conflictos diferentes, uno por cada comunidad, dependiendo de cómo regulen esta actividad.