La Fiscalía vasca denuncia «dejadez» policial en la investigación de delitos de posible prostitución de menores

Adán ha comparecido este miércoles ante la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para presentar la Memoria de la Fiscalía vasca de 2024. Ha trasladado «la constante demanda de especialización de los medios policiales» relacionados con casos sexuales que afectan a menores de edad, en una urgencia que le trasladan tanto los fiscales como los trabajadores sociales, ya que «no son cuestiones para tomarse de manera ligera o superficial», sobre todo cuando se trata de atestados en los que se recogen expresamente que los menores, niños de 8 y 14 años, «aparecen con enfermedades de transmisión sexual, con clamidia o virus del papiloma humano».

La fiscal superior vasca también ha mostrado su «desilusión y decepción» respecto al caso del udaleku de Bernedo, en el que se investigan presuntos delitos contra la libertad sexual contra menores en un campamento, puesto que «las comisarías tenían que haber comunicado a este grupo especializado que se estaban tramitando estos procedimientos».

Carmen Adán también ha sido critica ante la «lenta respuesta» que se da a los delitos de acoso escolar, donde «la propia víctima es la que se traslada del centro escolar», lo que ha calificado de «lamentable». En este sentido, ha denunciado que el acoso infantil se agrava hoy en día al «mantenerse en las redes sociales», por lo que «el problema no se trata ya solo de insultos, amenazas y golpes, sino que hay unos aislamientos y unos rechazos en redes absolutamente rechazables».

La memoria de 2024 recoge que los delitos cometidos por menores de 14 años suponen un 16% aproximado del total constatado. Ante esta situación, la fiscal superior vasca ha abogado por «asegurar una intervención, programas específicos y un seguimiento por parte de las entidades públicas que tienen la protección de los menores», frente a la demanda de los criminólogos por rebajar la edad de responsabilidad de los menores.

«Estamos trabajando mucho en el hecho de que no se disuadan las denuncias en las comisarías por tratarse de menores de 14 años, algo que nos preocupa. Estos hechos no deben ser dejados de denunciar porque, si no se denuncian, es precisamente cuando no podemos intervenir o trasladar a las entidades públicas para que hagan esa actuación y seguimiento», ha añadido. En este sentido, Adán ha indicado que «estamos trabajando junto a las tres diputaciones forales para que se vayan creando programas de seguimiento y control de los delitos cometidos por menores de 14 años».

La fiscal superior del País Vasco ha señalado «las cifras de aumento» en los delitos contra la libertad sexual, debido que «hay una mayor concienciación de la víctima, que ahora conoce y tiene más información, no sólo de sus derechos, sino de lo que realmente se protege en el Código Penal y de la protección real que se le va a dar en el proceso penal a determinadas conductas que anteriormente no se denunciaban».

También siguen en aumento, según ha apuntado, el número de delitos de violencia de género y doméstica, donde «el grueso siguen siendo las lesiones, los quebrantamientos y las amenazas y coacciones». En este ámbito, la fiscal ha asegurado que en Euskadi «no se han producido absolutorias» por fallos en los datos de localización.

Un día de después de que la Ertzaintza advirtiera al Gobierno central de un nuevo fallo en el sistema Cometa de control de las pulseras impuestas a los maltratadores condenados, la fiscal superior vasca se ha referido a los problemas que pueden generar estos mecanismos de control para proteger a las víctimas de violencia de género. «A veces hay zonas grises de imposibilidad e incluso un uso abusivo» por parte de los maltratadores que «se acercan para inquietar más a la víctima, sabiendo que saltan antes de tiempo». «Nuestra memoria ha recogido posibles fallos que se producen en los dispositivos y en las pulseras, pero es que tenemos que tener en cuenta que cualquier sistema informático tiene sus posibles fallos, no es infalible», ha añadido.

Aún así, ha querido «lanzar un mensaje de prudencia, para advertir a las víctimas que siempre será mejor este tipo de medidas que no llevar nada». En este ámbito, también ha reclamado «la existencia de más agentes que hagan el seguimiento y el control que precisan estas medidas y la protección de la víctima».

Por otra parte, han aumentado los delitos contra la salud pública en los casos de plantaciones interiores de marihuana en naves, caseríos y pabellones abandonados. Asimismo, la Fiscalía constata un incremento de las muertes de trabajadores, «fundamentalmente en el ámbito de la construcción», asunto en el que ha evidenciado «un gran problema», ya que «la norma permite una cadena de responsabilidad de quien no ha tomado las medidas adecuadas, pero, en los resultados finales, terminamos siempre solo con alguna parte de la cadena por la falta de pruebas».

La fiscal superior vasca ha mostrado su «preocupación» por el aumento de los delitos contra la vida y la integridad física, relacionados en muchos casos a la tenencia de armas de todo tipo, por lo que ha apelado «decididamente por las incautaciones» de armas en las actuaciones policiales.

La memoria fiscal de 2024 contempla también «un número elevadísimo» de delitos contra la propiedad, que son los que «más sensación de inseguridad producen a la ciudadanía, al no sentirse tranquilos en la calle o en sus espacios privados». Adán ha reconocido que «la realidad aquí nos está superando, porque el proceso penal actual no acaba de dar con la respuesta para este tipo de delitos, por lo que insistimos en la necesidad de acudir a unas mayores investigaciones de las redes que se benefician o encubren estos delitos».

Por su parte, los delitos informáticos superan el 19% de la criminalidad con amenazas, delitos patrimoniales y difusión de material pornográfico, entre otros. La Fiscalía aprecia «dos problemas muy importantes», puesto que «ahora afectan a muchos más perjudicados», así como las dificultades de «la investigación de estos delitos». Al respecto, ha deseado que la creación del departamento de ciberseguridad en la Ertzaintza «pueda mejorar el asunto».

Adán ha reclamado aumentar las plantillas de los equipos psicosociales, ya que están «absolutamente desbordados», lo que conlleva que «suspensiones de vistas ya señaladas, porque sus informes no pueden llegar a tiempo, puesto que es absolutamente imposible». «Son informes importantes y en esa medida quisiéramos que ese refuerzo de las plantillas ayude a la celeridad que necesitamos», ha demandado. Una petición de incremento de plantillas que también ha pedido para las unidades de valoración forense.

La fiscal superior del País Vasco ha considerado como «absolutamente deficitario» y «escandaloso» el tema estadístico, como se recoge en las sucesivas memorias, ya que «el cómputo manual sigue y las correcciones son constantes». En cuanto a infraestructuras, la memoria señala la posibilidad de acceder a una planta para lo que sería la Sección de Menores de la Fiscalía de Álava y Gipuzkoa, donde «el edificio se rompe por las costuras».

La fiscal superior del País Vasco ha defendido que «el sistema funciona, porque la respuesta se obtiene», pero ha lamentado que «el gran problema es el tiempo inadecuado en el que al final respondemos».