La falta de una ley contra la crisis ambiental impide litigar

Adiferencia de los litigios que se están produciendo en varios países europeos, que en España surja un caso ciudadano que se alce en los juzgados contra el Estado por actuar con tibieza ante la crisis medioambiental -una realidad a todas luces irrefutable- no parece viable por ahora. «Se necesita tener un cuerpo legislativo para poder apelarlo desde el punto de vista jurisdiccional y, mientras Francia o el Reino Unido poseen sus respectivas leyes nacionales de lucha contra el cambio climático, nosotros no tenemos nada parecido. Tan solo contamos con normativas sectoriales y con las trasposiciones de las directivas europeas, que se quedan muy lejos de concretar objetivos», explica Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción.

A este escollo se suma otro relacionado con la propia idiosincrasia judicial española. «En nuestro país resulta muy complicado judicializar una denuncia por inacción, que es en lo que se están fundamentando las causas ciudadanas que están surgiendo contra los Estados. Aquí resulta más sencillo que prospere una causa por un daño provocado por una acción directa».