Expertos cuestionan la reforma del Gobierno sobre la violación

Expertos cuestionan la reforma del Gobierno sobre la violación

Juristas advierten de que la reforma del Código Penal anunciada no solucionará la falta de indicios en un juicio cuando la única prueba es el testimonio de la mujer contra el supuesto agresor

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZ

El problema está localizado: hay que mejorar la protección a las víctimas de delitos sexuales. La pregunta del millón es cómo. La reforma del Código Penal, anunciada por la ministra Carmen Calvo tras la sacudida social por la sentencia a 'La Manada', plantea que todo acto contra la libertad sexual sin consentimiento expreso de la mujer sea considerado agresión. Del criterio del 'no es no' se pasaría a que solamente 'sí es sí'. ¿Qué encaje penal tiene esta propuesta? ¿Cómo debería manifestarse ese consentimiento explícito? Los juristas consultados por este periódico consideran que obligar a un consentimiento expreso en las relaciones sexuales no resolvería «el verdadero problema» y recuerdan la complejidad de sentenciar sobre un delito que suele cometerse en la intimidad, sin testigos y, a veces, sin pruebas periciales que objetiven la violación.

«No es un problema de machismo judicial, sino de falta de medios y pruebas»

«No es un problema de machismo judicial, sino de falta de medios y pruebas» Santiago Romero (Magistrado)

Santiago Romero, magistrado y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en País Vasco, cuestiona la reforma anunciada y recuerda que obligar a un consentimiento expreso en una relación sexual no resolverá la complejidad de un juicio de un delito sexual cuando no haya elementos objetivos de prueba, más allá del testimonio de la víctima. Recuerda que el sistema judicial actual ya reconoce «el valor del testimonio de la mujer víctima», siempre y cuando sea verosímil y persista en su acusación. «Pero el verdadero problema nos surge cuando la prueba practicada en el juicio ha consistido únicamente en el testimonio de ella frente al de él, en casos donde la mujer asegura que dijo «no» o que «no dijo sí», y el acusado afirma que ella dijo «sí» o que «no dijo no». ¿En estos casos qué creen que debemos hacer? Pues la solución que se propone y por la que se nos presiona está clara». Niega que la interpretación de los tipos delictivos «sea un tema de machismo en la carrera judicial, sino de falta de medios -pide más juzgados, y mejores dotaciones en personal y en medios-, y en su caso de pruebas con las que poder valorar los hechos y dictar sentencia».

El magistrado enmarca esta reforma «en la estrategia de políticas de implantación de la perspectiva de género», que apunta al Derecho y a los jueces, y asume «el reconocimiento de la masculinidad del ordenamiento jurídico». Y denuncia que la propuesta, «de la mano con los movimientos de presión social que hemos vivido con el caso de 'La Manada', atenta directamente contra la línea de flotación del sistema de garantías del proceso penal, porque lo que se pretende es que debe interpretarse ahora a favor de la mujer instándonos a que no apliquemos los principios universales del derecho, tales como la presunción de inocencia o el principio de 'in dubio pro reo', que sostiene que en caso de duda hay que absolver al acusado».

«La prioridad debería ser dotar de medios el Estatuto de la Víctima»

«La prioridad debería ser dotar de medios el Estatuto de la Víctima» Gemma Varona (Investigadora)

Gemma Varona no cree que la reforma del Código Penal sea «la prioridad actual» y enfoca a la necesidad de «dotar de medios humanos, materiales, y culturales al Estatuto de la Víctima de 2015», que no ha ido acompañado de recursos, denuncia la presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología e investigadora del Instituto Vasco de Criminología. Varona pide mejoras «para prevenir delitos e incrementar el bienestar de las víctimas, su reconocimiento, apoyo y reparación». Y el Código Penal, sin perjuicio de que pueda haber cambios en la legislación, para lo que pide estudios solventes y debates informados «antes de dar un titular», «no es el mejor de nuestros instrumentos» para ello. Varona recuerda que el tema del consentimiento ha tenido una evolución positiva en la legislación, «se ha avanzado», pero lógicamente siempre se aspira a sistemas mejores. El Gobierno central dice haberse inspirado en el modelo sueco. Varona desconfía de «buscar la panacea en transplantes legales de otros países» y dice que «puede resultar engañoso», puesto que, por ejemplo, la legislación sueca no tiene penas tan severas. La investigadora insiste en defender la presunción de inocencia, a la vez que se construye un sistema que proteja a la víctima, también a las que no denuncian. «La interpretación de qué es consentimiento expreso, por mucho que se quiera especificar en la norma, siempre conllevará un margen para los jueces».

«Se crea un problema de prueba para solucionar otro problema de prueba»

«Se crea un problema de prueba para solucionar otro problema de prueba» Asier Iglesias (Abogado penalista)

Asier Iglesias apunta en la misma dirección: más medios al margen de reformas penales que pueden resultar oportunas, pero que no solucionan el problema de fondo de un tipo de delito «complejo» de enjuiciar. «El conflicto inicial es un tema de pruebas, que la mujer diga que no hubo consentimiento y el denunciante diga que sí. Y para solucionar un problema de pruebas, se crea otro problema de pruebas», interpreta con la prudencia de no conocerse más detalles de la propuesta, enunciada solo con titulares. Sí ve con buenos ojos que se acabe con la distinción entre agresión y abuso, «y que se puedan establecer agresiones con algún tipo de agravante». Y cree que debe acompañarse cualquier cambio con más medios en los juzgados, por ejemplo, para recortar los tiempos de asistencia a las víctimas. «Además de regular, que se mejoren los protocolos».

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