Los delitos de tráfico se disparan un 25% en Euskadi y alcanzan su máximo en 6 años
Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y/o hacerlo sin carnet son las infracciones más comunes, con el 90% de los casos seguidos en la Fiscalía
Los delitos relacionados con la seguridad vial aumentaron un 25% en Euskadi el año pasado, con un total de 5.457 procedimientos penales seguidos en las fiscalías de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, frente a los 4.369 de 2020. Seis de cada diez casos (3.245) fueron debidos a conductores que cogieron el volante bajo la influencia del alcohol u otras drogas. Este tipo de infracción aumentó un 24% respecto al año precedente. El segundo mayor ilícito, con el 29% de los casos (1.592, un 23% más que en 2020) fue el de conducir sin permiso. Ya a distancia aparecen la negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas (216 procesos), conducción temeraria (188), velocidad punible (31), conducción homicida (14) y creación de otros riesgos (155).
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Por territorios, los delitos en la carretera aumentaron un 19,7% en Gipuzkoa (de 1.594 a 1.909), un 32,6% en Bizkaia (de 2.091 a 2.773), y un 13,3% en Álava (de 684 a 775). No se aprecian diferencias sustanciales entre provincias y en todos los casos la conducción tras haber bebido o consumido drogas y/o hacerlo sin carnet son los delitos más recurrentes, acaparando en torno al 90% de las infracciones.
Que haya un incremento es comprensible si se tiene en cuenta que son datos de 2021 y la comparación se hace respecto al año anterior, en el que irrumpió el coronavirus y que estuvo marcado por el confinamiento estricto y las restricciones de movilidad más severas, lo que redujo notablemente la circulación de vehículos, tanto en vías urbanas como interurbanas. En la red viaria de Gipuzkoa, por ejemplo, la intensidad del tráfico –medida en número de vehículos por kilómetro y día en las diferentes carreteras del territorio– fue en 2020 hasta un 21% inferior a la del último año prepandémico.
Lo que no era tan esperado fue la magnitud del incremento, sobre todo después de que en 2019 y 2020 la evolución de la criminalidad vial marcara una tendencia descendente. En el primero de esos años, se suponía que por el endurecimiento de las sanciones y una presunta mayor sensibilización ciudadana respecto a los riesgos de circular sin respetar las normas.
Una población «desmadrada»
El 25% de incremento supone devolver las cifras de criminalidad viaria en Euskadi a su nivel más alto en, al menos, los últimos seis años. Un récord parcial que se produce tanto en Gipuzkoa como en Álava y Bizkaia.
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Cuerpos policiales y asociaciones para la prevención de los accidentes y de ayuda a las víctimas coinciden en que el «desmadre» que se vivió en 2021 tras los rigores de los confinamientos «llegó también a las carreteras», lo que se tradujo en un «incremento de las conductas irresponsables» por parte de algunos conductores.
En este sentido, y a pesar de no ser el delito más común, llama la atención que en Gipuzkoa la conducta ilegal que más aumentó el año pasado fue la negativa a someterse a las pruebas de alcohol y drogas. Hasta un 57% más de casos registra la Memoria de la Fiscalía.
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Los fiscales valoran que se detectan más infracciones porque se realizan más controles policiales
Es el mayor incremento pero no el único. De hecho, suben todos los indicadores de delincuencia vial – conducción temeraria, conducir sin permiso, conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, exceso de velocidad y conducción con grave desprecio a la vida de los demás–, una inercia que se repite en Álava y Bizkaia.
En las carreteras guipuzcoanas, conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas y sin carnet siguen concentrando un año más la mayoría de los delitos, un 88,9% del total. Así, de los 1.909 procedimientos incoados en el territorio, 1.203 fueron por la influencia del alcohol y las drogas al volante y otros 495 por conducir sin permiso. «Porcentualmente suponen la mayor parte del trabajo en el ámbito de la seguridad vial», expone el informe de la Fiscalía vasca.
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En el conjunto de Euskadi, se ha producido un aumento del 85,25% en el número de procedimientos incoados por delitos de conducción alcohólica: de 2.611 casos en 2020 a 4.837 en 2021, un incremento que responde al aumento de los controles realizados por las fuerzas policiales en la labor de detección, según destaca la memoria fiscal, pasando de 26.041 controles a 34.158 en el ejercicio 2021. Estos datos en el aumento del control tienen reflejo en la actuación judicial.
En España está prohibido conducir con una tasa de alcoholemia por encima de los 0,5 g/l de alcohol en sangre (0,25 mg/l en aire espirado). Una cantidad que se reduce a 0,3 g/l (0,15 mg/l) en el caso de conductores noveles y profesionales. La sanción por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas puede alcanzar los 1.000 euros y supone la pérdida de cuatro o seis puntos del carné. Asimismo, puede llevar aparejada penas de prisión de tres a seis meses y la privación del derecho a conducir entre uno y cuatro años.
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El alza de la criminalidad vial fue del 20% en Gipuzkoa, del 32% en Álava y del 13% en Bizkaia
La combinación de alcohol y conducción no es una buena compañera de viaje y quien conduce después de haber bebido alcohol se está exponiendo a un alto riesgo de provocar un accidente. Concretamente, el riesgo de accidente de tráfico se multiplica por 25 cuando la presencia de alcohol en sangre alcanza entre 1,5 y 2,4 gr/l.
Conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, sin embargo, no es el delito que más crece. El mayor aumento porcentual en la criminalidad reside en los delitos de negativa a la realización de pruebas (57,4%) –que también está penada con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir– conducción temeraria (52,5%) y conducción sin permiso (22,2%), siendo menor el aumento de tasa en el delito de alcoholemia (18,8%).
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La Fiscalía achaca esta evolución al alza a dos factores «determinantes». Por un lado, «el impacto que la pandemia tuvo en la tasa delictual durante 2020, disminuyendo la comisión de delitos en los periodos de confinamiento asociados al estado de alarma» y por otro la «relación directa» de las campañas de prevención y detección de consumo de alcohol y tóxicos, y control de documentación, realizados por la autoridad administrativa mediante controles preventivos.
Reincidentes
Sin embargo, el Ministerio Público considera que «las cifras hablan por sí mismas», e indican que se debe hacer un esfuerzo en dos planos diferentes. En primer lugar, desde la prevención general (en el ámbito penal) y la acción administrativa, para prevenir y paliar el incremento delictivo mediante campañas informativas y de concienciación. Y en segundo lugar desde el punto de vista de la prevención especial, mediante la detección precoz de los supuestos de reincidencia, así como el tratamiento individualizado en aquellos supuestos en los que el delito venga relacionado con dependencias o adicciones al alcohol o a sustancias estupefacientes.
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474 penas de cárcel
Los delitos contra la seguridad vial llevan también aparejadas penas de cárcel en los casos más graves. Así, el año pasado los jueces vascos impusieron 474 condenas privativas de libertad, si bien no todos los condenados llegan a ingresar en prisión. Fueron 82 condenas en Gipuzkoa, 58 en Álava, y 334 en Bizkaia. Son un 26,4% más que en 2020. En este caso la excepción es Gipuzkoa, donde el incremento interanual es mínimo y las cifras de 2020 y 2021 son muy inferiores a las de 2018 y 2019, con casi la mitad de condenas de cárcel. En los otros dos territorios sí se observa una tendencia al alza.
En su análisis, la Fiscalía advierte de que en 2020 el Servicio de Asistencia a la Víctima del País Vasco apenas atendió a 10 usuarios en relación con delitos contra la seguridad vial, por lo que apunta la necesidad de «mejoras», sobre todo para los casos graves. Entre ellas, una mayor colaboración entre las consejerías de Justicia y Seguridad del Gobierno Vasco para que «respetando las normas de protección de datos y mediante un consentimiento informado», las oficinas de atención puedan recibir los datos que las víctimas depositan en sede policial, para que estas puedan ofrecerles sus servicios.
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