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La aprobación el martes en el Consejo de Ministros del decreto ómnibus que permite, entre otras muchas cosas, la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de los descuentos en el transporte público, sirve para mantener activas diversas medidas ligadas a la vivienda, como la moratoria para los desahucios. Relacionado con esto, el nuevo texto negociado entre el Gobierno y Junts incorpora asimismo nuevas iniciativas que no figuraban en el decreto que fue rechazado la semana pasada. Entre ellas, la creación de un fondo público de avales para compensar a aquellos propietarios que sufran impagos si su inquilino es una persona o familia joven o vulnerable.
Según la explicación dada por el Gobierno, esta nueva línea ascenderá a 500 millones de euros que el Estado transferirá a las comunidades autónomas para que puedan poner en marcha programas de cobertura en esa dirección. En principio, solo tendrán acceso a los avales aquellos propietarios de viviendas cuya renta no supere el índice estatal del alquiler de su zona, y cuyo inquilino tenga menos de 35 años o sea vulnerable. El aval público garantizará el pago de todas las mensualidades impagadas hasta que el propietario recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por el arrendatario y el coste de los suministros que hayan sido asumidos por la propiedad.
Ahora bien, la solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, ya sea mediante resolución judicial o acuerdo que acredite dicha recuperación. Dicho de otro modo, habrá que esperar a recuperar la vivienda para cobrar las rentas impagadas.
El Gobierno Vasco desconocía el miércoles si podrá tener acceso a esa financiación pública. Por un lado, porque Euskadi ya tiene su propio programa de garantías (ASAP), y por la peculiaridad del sistema de Concierto Económico y la autonomía fiscal que este comporta. Este jueves se celebrará una reunión técnica entre el Ministerio y las comunidades en la que deberían concretarse los detalles del plan.
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