Euskadi es la comunidad con menos casos de discriminación racial

El eje de actuación prioritario de este servicio es el de investigar los incidentes discriminatorios detectados y asesorar a las personas afectadas con el objetivo de resolver el conflicto que se haya podido registrar. Así, el año pasado se atendieron 860 casos de los que 528 fueron individuales (incidente puntual a una persona ) y 322 fueron colectivos (grupo de personas afectadas). Cabe destacar que en algunas comunidades autónomas no se cuenta con otras entidades sociales como puntos de acceso en el territorio, por lo que influye en el número de incidentes conocidos.

En el caso de Euskadi, existen diferentes entidades que trabajan en el ámbito de la discriminación y cuentan con sus propios registros, que no se incluyen en las cifras del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre). En comparación con años anteriores, las cifras de incidentes registrados en el País Vasco se mantienen estables con siete casos notificados en 2018, dos en 2019 y un solo incidente en 2020. Entre las comunidades que menos casos de discriminación por raza o etnia acumulan se encuentra Cantabria (12 casos), Navarra (14), Islas Baleares (16), Canarias (20), La Rioja (23) y Asturias (23).

El informe señala que la mayoría de los incidentes discriminatorios (el 68%) afectan al grupo de población de entre 18 y 45 años, y las personas más afectadas son las de etnia gitana, con 243 casos, la población latina, con 106 casos, las de origen subsahariano, 85, y las personas afrodescendientes, 54. En cuanto al sexo de la víctima, en un 42% de los incidentes discriminatorios han sido mujeres y en un 30%, hombres.

Los datos analizados también evidencian que en un total de 50 incidentes discriminatorios, las víctimas son solicitantes o beneficiarias de protección internacional, y en 67 incidentes se encuentran en situación administrativa irregular. Asimismo, la mayoría responde a un perfil de personas que desarrollan profesiones de baja cuantificación o son trabajadores de los servicios de restauración o vendedores de comercio, con estudios primarios y de secundaria.

En cuanto al ámbito en el que tuvieron lugar los actos discriminatorios, destaca el ámbito del empleo (18%), en el acceso a bienes y servicios (17%), en el ámbito de la educación (12%) y la vivienda (11%). Casi cuatro de cada diez casos (34%) ocurrieron en la esfera pública, esto es, en una organización pública o un particular que ejerce un cargo público.

El informe destaca asimismo que en 208 casos se han producido agresiones físicas o verbales, por lo que el acto discriminatorio «podría ser constitutivo de un ilícito penal con una motivación racista, lo que supone que en algunos casos nos podríamos encontrar ante delitos de odio». Así, en 603 casos se han identificado actitudes xenófobas o racistas hacia las personas atendidas, en 156 se han producido insultos y en otros 69 ha habido acoso.

Según concluye este estudio, sigue existiendo un «importante problema de infradenuncia de la discriminación racial o étnica» –de hecho, de las 1.066 atendidas 206 no denunciaron su caso–, y «la ausencia de un marco normativo e institucional eficaz para sancionar» provoca que, en muchas ocasiones, las estrategias de actuación no sean suficientemente efectivas, lo que genera en las víctimas una «desmotivación para denunciar».