La universidad cierra filas para reclamar a los políticos que la coloquen en el centro de su agenda

La universidad cierra filas para reclamar a los políticos que la coloquen en el centro de su agenda
EFE

Acuden al Congreso para pedir oficialmente una nueva ley que dé autonomía efectiva a la institución y garantice su financiación adecuada

Alfonso Torices
ALFONSO TORICESMadrid

Rectores, presidentes de los consejos sociales, sindicatos docentes, alumnos y organizaciones empresariales, la comunidad universitaria y los agentes sociales implicados en su funcionamiento al completo, leyeron este miércoles un comunicado conjunto en el que reclaman a todos los partidos que «pongan a la universidad española en el frontispicio de su acción política», que la conviertan en el tema «prioritario y estratégico» de sus agendas, después de años de abandono en los que la financiación pública cayó un 17%, se perdieron unos 10.000 profesores, se precarizó su trabajo y se redujo el tiempo para investigación.

La comunidad universitaria plasmó su unidad en un acto institucional en el Congreso en el pidieron oficialmente al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios, presentes en la lectura del comunicado, que promuevan y aprueben una nueva ley de universidades que dé a estas instituciones la autonomía y los recursos suficientes para «conducir a España hacia una sociedad del conocimiento en un mundo cada vez más globalizado».

El acuerdo, al que puso voz Roberto Fernández, el presidente de los rectores, demanda que esta ley sea elaborada con un amplio consenso parlamentario, fruto de un pacto de Estado en el que participen todos los partidos y que cuente con el respaldo de las administraciones, las universidades y los agentes sociales. La comunidad universitaria considera que es el momento de que los partidos y el Gobierno, que han apoyado en público la necesidad de modernizar la regulación legal de estas instituciones académicas, pasen a la acción e intenten abordar la reforma de la norma en lo que resta de legislatura.

El comunicado indica que la nueva ley debe asegurar «una verdadera y efectiva autonomía universitaria», garantizar «una adecuada financiación», aumentar la rendición de cuentas ante la sociedad, y posibilitar una mayor flexibilidad en los modos de gobierno universitarios, en su organización interna y en sus políticas académicas y de personal. La norma, añaden, también debería organizar mejor las relaciones entre universidad, poderes políticos y agentes sociales para multiplicar su labor social y mejorar su «reputación institucional» y su influencia internacional. Y no debe perder de vista que docentes, investigadores y personal de administración son un «activo básico» que «precisa de los recursos idóneos» para poder realizar un trabajo de calidad.

Todos los firmantes, en resumen, consideran esencial «un proceso de reformas para que la universidad se mantenga a la cabeza de los cambios que la sociedad precisa y así poder hacer frente a la nueva economía del conocimiento y a una globalización que debemos gestionar con inteligencia y eficacia si no queremos convertirnos en un país marginal en el concierto internacional».

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