Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas

El departamento que lidera Begoña Pedrosa ha comenzado en los últimos días a instalar nuevos equipamientos en todos los centros públicos. El objetivo es dar un salto adelante en la digitalización del sistema educativo aprovechando los fondos europeos Next Generation, canalizados a través del Gobierno central. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por Moncloa tras la pandemia establece una serie de prioridades en el ámbito educativo, entre ellas modernizar la infraestructura tecnológica de las escuelas. El confinamiento alumbró una enorme brecha digital entre centros que perjudicó sobre todo a las familias más vulnerables.

Para paliar esta desventaja, el Gobierno diseñó un plan de digitalización del sistema educativo, que contemplaba, entre otras cosas, la «instalación y mantenimiento de aulas digitales interactivas» con equipamientos «que permitan al profesorado hacer frente a situaciones de enseñanza mixtos, en los que la enseñanza presencial y a distancia se solapen». La inversión total del programa, que es «vinculante para las comunidades autónomas», ascendía a 1.297 millones de euros. Su implantación debía tener lugar entre 2021 y 2025.

En este contexto, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco comenzó la semana pasada a instalar los nuevos equipamientos, que consisten en «un panel táctil e interactivo de gran formato y sistemas que facilitan videoconferencias», entre ellos cámaras y micrófonos. La medida se extiende a todos los centros públicos de Euskadi que imparten Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. La consejería señala que se trata de «recursos pedagógicos que permanecen desactivados por defecto y cuya activación depende exclusivamente del profesorado».

La iniciativa no ha sido bien recibida por los sindicatos. En un comunicado, Steilas denuncia que Educación actúa de forma «unilateral» y que las direcciones de los centros y el profesorado no han recibido «ninguna información al respecto» ni tampoco han tenido oportunidad de «consensuar los objetivos y características de estos equipamientos informáticos». La «monitorización» de la actividad docente y la protección de datos son aspectos que preocupan a la central sindical, que ha pedido una reunión al departamento y ha anunciado que cuestionará sobre este asunto a la Agencia Vasca de Protección de Datos, a fin de «garantizar la idoneidad y legalidad de un proceso de este tipo».

LAB se ha mostrado mucho más crítico. En un comunicado, acusa a Educación de «chantajear» a varios equipos directivos ya que, asegura, «si renuncian a las cámaras no recibirán el resto del equipamiento del aula digital». La central abertzale denuncia que «además de ser instrumentos sin finalidad pedagógica», las cámaras y micrófonos serán utilizados para «controlar» a los trabajadores. «El Departamento de Educación está impulsando de forma excesiva las tecnologías digitales», censura. Por todo ello, LAB anima a los claustros a que se nieguen a instalar las cámaras, como ya ha sucedido en varios centros.