La reforma de la Lomce permitirá que los centros no oferten Religión

La reforma de la Lomce permitirá que los centros no oferten Religión

El Ministerio de Educación quiere retirar los aspectos polémicos de la ley Wert como la regulación estatal de las lenguas cooficiales

Teresa Flaño
TERESA FLAÑO

Estaba claro que una de las primeras medidas que iba a tomar Isabel Celaá como ministra de Educación iba a ser dejar reducida la Lomce a la mínima expresión o al menos liquidar sus aspectos más polémicos. Cinco meses después de acceder al cargo, su departamento ya ha elaborado una propuesta para reformar la ley que en 2013 implantó José Ignacio Wert, que se recoge en el documento 'Propuesta para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación y que el Gobierno quiere mandar en enero al Parlamento.

Con el objetivo de «corregir los aspectos que han sido más vulnerables de la igualdad de oportunidades» que presentaba la Lomce, entre sus aspectos más destacables, la propuesta prevé que ya no será obligatorio que los centros oferten en 1º y 2º de Bachillerato la asignatura de Religión, que tampoco contará en la nota media de acceso a la universidad. Los alumnos tampoco tendrán obligación de estudiar una materia alternativa a esa asignatura. Además, se introduce Educación en valores cívicos y éticos, con un curso en Primaria y otro en la ESO.

En el documento se elimina el concepto de «demanda social» que permitió crear más plazas concertadas si las pedían los padres y da prioridad a los conciertos con centros que no segregan por sexos.

El PP y Ciudadanos se posicionan en contra de la propuesta del ministerio de Isabel Celaá

Educación plantea establecer un plan de repetición personalizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen de esta medida y adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición.

En el documento también se incluye que se eliminen las reválidas de fin de Primaria, Secundaria -que este curso tampoco tendrá efectos académicos como ya ocurrió el año pasado- y Bachillerato.

Otra de las modificaciones más significativas plantea la eliminación de la regulación estatal del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que sean las comunidades autónomas en las que hay una lengua cooficial quienes la gestionen. Esta supresión afectará, entre otros aspectos, a la regulación de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial.

Acorde con el TC

La medida, según el secretario de Estado Alejandro Taiana, pretende «llevar a cabo una regulación de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas respetuosa con el marco constitucional y basada en la cooperación y la lealtad institucional». Por esta razón, también se incluye una regulación que sea acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema que estableció la Lomce para garantizar la escolarización en castellano en Cataluña y que obliga a la Generalitat a sufragar un colegio privado a los padres que soliciten la escolarización en castellano cuando no puedan obtenerla en el sistema público.

Esta parte de la reforma de la Lomce no afecta al sistema educativo vasco. En la anterior legislatura, el Ejecutivo de Urkullu presentó un recurso contra esa ley ante el TC. A pesar de no retirarlo llegó a un acuerdo parcial con el Gobierno central porque demostró que en los planes de estudio vascos había una proporción razonable de la lengua castellana y el euskera, de manera que el alumno podía adquirir el dominio de ambos idiomas a través de tres modelos A (castellano), B (bilingüe) y D (euskera), a diferencia de Cataluña que cuenta con un único modelo educativo de inmersión lingüística. Además, también se reconocía que en el sistema vasco se da un tratamiento análogo en todas las etapas educativas a las asignaturas de euskera y literatura y lengua castellana y literatura. Con el pacto, el Gobierno central se aceptaba que el País Vasco no tiene limitación para establecer la carga lectiva de cada una de estas asignaturas dentro de la norma básica.

La propuesta del ministerio introduce una nueva regulación del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades para definir los contenidos de los currículos y el número de horas que se deben impartir en cada asignatura. Será el ministerio el que determine el 55% de los contenidos de todas las materias que se imparten en las comunidades que cuentan con una lengua cooficial, y el 65% en las que no.

Desde el Departamento vasco de Educación se indicó ayer que de momento no se había recibido el documento con la nueva propuesta y que por tanto no puede emitir una opinión sobre la misma. Aunque también es cierto que desde su aprobación, la consejera Cristina Uriarte ha mostrado su postura contraria a la Lomce hasta el punto que la recurrió ante el TC.

Quienes sí se han posicionado en contra han sido el PP -Pablo Casado habló de «rechazo absoluto a la vuelta al modelo fracasado de la Logse socialista»- y Ciudadanos. Así, el Gobierno deberá negociar con Podemos y los nacionalistas para sacar adelante la propuesta.

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