El porcentaje de becas denegadas en Euskadi por rendimiento académico cae por debajo del 17%

Los universitarios vascos que piden ayudas a la Administración para costear parte de sus estudios responden cada vez mejor a la hora de exprimir y aprovechar su formación. Cada vez son más quienes acreditan que su rendimiento académico es satisfactorio y, por tanto, merecen ese impulso económico de las arcas públicas. Así lo revelan los datos de las becas denegadas por parte del Gobierno Vasco por el motivo concreto de no alcanzar el mínimo de créditos superados en el último curso realizado. Son cada vez menos.

Hace diez años, esa cifra de quienes no recibían soporte por no llegar a las notas requeridas para ello significaban el 26% de todas las peticiones denegadas. Más de uno de cada cuatro alumnos se quedaba sin premio por no demostrar suficiente diligencia en los estudios. Durante la última década, sin embargo, ese porcentaje ha ido decreciendo y en el último curso del que se disponen datos, el de 2024/25, se ha quedado por debajo del 17%. Un total de 1.807 estudiantes han visto denegada la ayuda pública por sus resultados académicos. Cifra baja si se tiene en cuenta que fueron 20.430 los solicitantes y 10.797 las becas denegadas.

Además de llegar a los mínimos requeridos para acceder a las becas, el departamento de Ciencia, Universidades e Innovación valora que «el porcentaje de rendimiento académico ha ido mejorando en los últimos diez años, manteniéndose estable en los últimos cursos en torno al 60%». Es decir, seis de cada diez becados (5.736 jóvenes el último año) reciben una inyección extra por su buen rendimiento, proporción que en el curso 2015/16 era del 37% (4.284 estudiantes). «Esto implica que hoy por hoy más de la mitad de las personas con beca no solo aprueban de un año a otro, sino que sacan buenas notas dado que perciben alguna cuantía por ese componente», sostienen fuentes del departamento.

Dicha cuantía básica ligada al aprovechamiento académico se destina a premiar el esfuerzo de los estudiantes que han obtenido en el curso anterior una determinada nota media. El importe de este componente oscila entre 100 y 250 euros en función de la nota media y del tipo de estudios. En el caso de Máster, el importe máximo asciende a 250 euros. Dado que cuanta más alta es la nota, mayor es la cuantía que perciben, en el departamento sostienen que «es posible que esta componente actúe como incentivo y las personas becadas traten de sacar el mayor rendimiento posible», concluyen las mismas fuentes.

Existe también una cuantía complementaria ligada al apoyo al aprendizaje y la transformación digital, cuyo importe dependerá de la renta de la unidad convivencial o familiar. La ayuda oscila entre los 300 y los 475 euros.

Las características de las becas las establece el Gobierno Vasco, pero sigue estando fuera de su alcance decidir a quién otorgárselas. Tiene transferida la competencia para conceder sus propias ayudas a los estudiantes pero es el Ejecutivo de Madrid quien establece los umbrales económicos que determinan quiénes cumplen las condiciones para ser becados.

Solo 1.807 alumnos se han quedado sin ayudas por motivo de rendimiento académico, pero 7.914 solicitantes se han quedado sin las pretendidas prestaciones en Euskadi por no entrar en la escala española de ingresos.

Según estos baremos, por ejemplo, un hogar unipersonal con un ingreso superior a 15.567 euros no puede acceder a las ayudas. En el caso más extendido de una familia de padre, madre y un hijo/a en edad de ir a la universidad, la beca no se concede si la suma de lo que ganan esos progenitores supera los 36.070 euros. Y si conviven cuatro personas, el conjunto no puede pasar de 42.836 euros, criterio igual para Euskadi, Extremadura o Castilla La Mancha, lugares en los que el nivel de vida es muy asimátrico.

El lehendakari ya ha pedido poder flexibilizar esos topes, en virtud de su competencia, para llegar a muchos hogares que superan ligeramente el límite de ingresos fijado por el Estado, sin que ello suponga, ni mucho menos, que puedan permitirse un tren de vida más ostentoso que en otros lugares.

El Gobierno Vasco tiene incluso trabajados sus cálculos. Si se aumentara un 10% el importe de la renta máxima para acceder a las becas, serían 1.600 más los solicitantes que podrían beneficiarse de ellas. Elabora, en ese sentido, una propuesta para poder establecer umbrales alternativos sin atentar contra la norma básica española con garantías jurídicas suficientes para no ver sus convocatorias anuladas por los tribunales. En cualquier caso, esta fórmula no entraría en vigor el siguiente curso sino, en todo caso, en el 2026/27.

Para el curso recién arrancado, el Gobierno Vasco ha destinado 28,5 millones de euros a financiar las becas universitarias de los alumnos que las requieran y cumplan los requisitos. Se espera que el rendimiento académico tampoco sea esta vez un motivo para dejar sin ayuda a un elevado número de solicitantes.

El montante total es prácticamente el mismo que se presupuestó para el curso 24/25 (28,46 millones de euros), año en el que, no obstante, finalmente se ejecutaron 23,5 millones de los inicialmente dispuestos. La cuantía podría variar en función de la cantidad de solicitudes.

La oferta es para todos aquellos que vayan a cursar grados universitarios, másteres u otros estudios superiores no universitarios, tanto en Euskadi como en el resto del Estado.

El curso llega con una novedad: la cobertura de los gastos de transporte para estudiantes con discapacidad física o psíquica y especiales dificultades de movilidad que cursen estudios en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Concretamente, de los 28,5 millones de euros que va a destinar el Ejecutivo autonómico a esta partida, «100.000 euros se destinan específicamente a sufragar los costes de transporte de estudiantes con dificultades de movilidad».

Los principales cambios introducidos, destacan desde la consejería que lidera Juan Ignacio Pérez Iglesias, son los siguientes: «Incremento del 6% en la cuantía complementaria vinculada al desplazamiento interurbano; las personas con una discapacidad igual o superior al 25% e inferior al 65%, que opten por matrícula completa, recibirán un 25% adicional en todos los componentes de la beca, excepto en los precios públicos de matrícula; y, además, no se computarán las cantidades percibidas por la persona solicitante ni por sus hermanos o hermanas por haber cursado formación profesional dual o formación universitaria dual».

La Administración sigue, por tanto, haciendo un esfuerzo en dotar de ayuda económica a los estudiantes mientras estos responden a ese despliegue financiero con un nivel cada vez mayor de rendimiento académico. Que el número de becas denegadas por no alcanzar el mínimo de créditos superados en el último curso vaya descendiendo progresivamente es el mejor indicador de la responsabilidad del alumnado universitario.