El Parlamento refrenda la responsabilidad política del Gobierno Vasco en el fraude de los comedores

El Parlamento refrenda la responsabilidad política del Gobierno Vasco en el fraude de los comedores

Sin sorpresas, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP sacan adelante el dictamen con las conclusiones de año y medio de investigación parlamentaria. PNV y PSE han votado en contra

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZ

El Parlamento Vasco ha cerrado este jueves el capítulo de la investigación del fraude en los comedores escolares y ha refrendado el dictamen ya aprobado en la comisión previa, en el que se concluye que sí hubo responsabilidades políticas del Gobierno Vasco por la «inacción» a la hora de no tomar medidas para mejorar el sistema de licitación pública y que el sobrecoste por el pacto en los precios para las arcas públicas y las familias ascendió a entre 70 y 80 millones de euros durante los diez años en que ha quedado acreditado el acuerdo de siete empresas de catering para pactar precios en los concursos públicos de la gestión de los comedores escolares. El documento ha sido aprobado sin sorpresas de última hora, con los votos de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, mientras que PNV y PSE –socios de gobierno– lo han rechazado.

Concluye así un año y medio de investigación en sede parlamentaria del fraude destapado en 2016 por la Autoridad Vasca de la Competencia, que sancionó a las siete firmas investigadas, castigo luego refrendado por el Tribunal Superior de Justicia del Gobierno Vasco, que acreditó la existencia del acuerdo empresarial pero no vio responsabilidades penales.

Los grupos han reiterado las posturas ya manifestadas a lo largo de la comisión. Desde Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra ha defendido las conclusiones del dictamen y ha reprochado a la Administración «un control negligente» del sistema de licitación.

PNV y PSOE han vuelto a rechazar que hubiera una responsabilidad política en el fraude de las empresas y han argumentado que no ha habido quebranto económico para las familias, en contra de lo que concluye el dictamen que ha salido adelante. Ambos han acusado a los tres partidos que han pactado de actuar bajo una «estrategia pura y dura de desgaste al gobierno», han tachado la comisión de «teatro» y de realizar «una caza de brujas inquisitorial». Especialmente duro ha sido el parlamentario jeltzale David Latxaga, que no ha ahorrado en dialéctica. José Antonio Pastor, desde el PSE, tampoco ha escatimado en críticas. «Asistimos a una especie de fake, a un debate sustentado en mentiras», ha dicho en el arranque de su alocución. «Tienen ustedes mal perder», le ha respondido desde EH Bildu, que se ha felicitado por haber logrado «vigilar al gobierno, de que las comisiones de investigación sirvan de algo. Hemos hecho política en mayúsculas», ha dicho la parlamentaria Eva López de Arroyabe.

El papel del PP

El papel del PP ha sido clave en estos últimos meses para decantar la balanza ya que retiró el pasado mes de mayo su firma a un texto pactado entre PNV y PSE para pasar a apoyar el documento de EH Bildu que ha incorporado prácticamente todas las enmiendas de Elkarrekin Podemos. En su día, los populares justificaron su cambio de postura al entender que en la propuesta de los dos equipos de gobierno no se recogía la responsabilidad política en el caso, ni tampoco se acreditaba el perjuicio económico a las familias.

Ese cambio de postura ha sido centro de las críticas y ha ocupado buen parte de los discursos de los socios de gobierno. José Antonio Pastor, del PSE, ha reprochado a los populares su cambio de postura, «justo antes de las elecciones municipales» y ha dicho que «mientras su presidente -Pablo Casado- acusaba al PSOE de pactar con quienes tienen las manos manchadas de sangre, el PP vasco acordaba con EH Bildu». «Ha sido un teatrillo electoral», ha concluido el socialista, que sí ha reconocido el pacto de las empresas, pero ha insistido en que las familias no se han visto perjudicadas y que durante el gobierno socialista, con la consejera Celaá al frente de Educación, ya se intentó cambiar el modelo de adjudicación al proponer reducir los lotes a concurso, medida que se tuvo que retirar porque fue recurrida por las empresas a las que se les dio la razón.

Carmelo Barrio, desde el PP, ha defendido el papel de su grupo para sacar adelante un dictamen «solido, sin acritud y constructivo» y ha tildado de «lamentable» la intervención del parlamentario del PNV David Latxaga, que le ha acusado de actuar con «revanchismo político», y de querer solo «dar una patada en el trasero al gobierno Ukullu». «Ha sido una comisión farsa», le ha reprobado el jeltzale. Barrio ha sido tajante en su respuesta: «Hemos hecho parlamentarismo. Le guste o no».

La aprobación del dictamen por parte del Parlamento Vasco pone fin a un año y medio de investigación en sede parlamentaria. En paralelo, las siete empresas de catering sancionadas por la Autoridad Vasca de la Competencia han pagado 7,4 millones de multa. La AVC impuso una sanción original de 18 millones, que luego el TSJPV rebajó en un 60% bajo el argumento de la «inacción» de la Administración ante esa práctica.