Educación pedirá un aumento de los servicios mínimos ante la huelga de ocho días en la enseñanza concertada

Los ocho días de paro convocados afectarán a unos 120.000 alumnos de 215 centros de iniciativa social de la red concertada del sistema educativo vasco. Están llamados a secundarlos los 9.000 maestros, profesores y empleados de dichos centros. Los sindicatos denuncian que llevan diez años sin renovar su convenio colectivo y con sus sueldos congelados.

La consejera de Educación y representantes de las federaciones de asociaciones de madres y padres del alumnado de los centros concertados de iniciativa social, AMPA, han comparecido ante los medios de comunicación al término de la reunión que han mantenido este lunes por la tarde en Vitoria.

Cristina Uriarte ha resaltado que el Gobierno Vasco comparte la preocupación de los progenitores. Así, la consejera ha planteado la necesidad de buscar una solución a esta situación. «No podemos permitir que nuestros alumnos puedan perder el curso y generar la situación que se está generando dentro de todas las familias», ha añadido.

Asimismo, la consejera ha remarcado que la convocatoria de ocho días de huelga es totalmente desproporcionada, puesto que, según Uriarte, «no puede ser que miles de familias sufran por sus hijos, y tengan serios problemas para afrontar estos días». «Es necesario -ha añadido- que tanto la patronal como los sindicatos sigan negociando y que los centros educativos no sufran ese desencuentro», ha añadido. En este sentido, la consejera ha llamado a los sindicatos a que reflexionen.

Uriarte ha subrayado que su departamento va a pedir al de Trabajo que aumente los servicios mínimos en los colegios afectados, que actualmente son de dos personas por centro, una de dirección y otra de personal administrativo, porque considera que se requieren mayores servicios mínimos. La consejera ha declinado precisar el porcentaje de servicios mínimos que solicitarán al departamento de Trabajo, aunque ha dejado entrever que podría afectar al profesorado de necesidades educativas especiales y a los centros educativos que prestan este servicio.

La portavoz de la Federación Católica de Padres de Familia y de Alumnos de Bizkaia FECAPP, Miryam González, ha reconocido que «lo vemos todo muy negro y al menos la consejera nos ha arropado». «Y como nosotros, ha pedido a sindicatos y patronal que se sienten en una mesa, que no se levanten hasta encontrar una solución y, mientras, que saquen el conflicto de las aulas». «Entendemos el derecho a la huelga, pero también el de la escolarización, porque si finalmente vamos a una huelga indefinida damos ya el curso pro perdido», ha añadido Aitor Mujika desde Bidelagun. Víctor Petuya, responsable de FAPAE, por su parte, ha reconocido que «sabemos que no hay una solución mágica, pero el centro de la enseñanza tiene que ser el niño y apelamos a la responsabilidad individual de cada profesor a la hora de secundar la huelga».

La plataforma unitaria sindical, formada por ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT, rechazaron el pasado martes la última propuesta realizada por Kristau Eskola y AICE-EZEI. Las centrales solicitaron que para el encuentro del siguiente viernes las patronales acudieran con alguna propuesta que les permitiera avanzar en la negociación, pero lo presentado no les satisfizo y decidieron mantener la convocatoria de los paros del miércoles hasta el viernes 25.

La asociación de colegios cristianos de Euskadi, Kristau Eskola, ha mantenido este lunes que no presentará ninguna nueva propuesta a la mesa de negociación del convenio, según ha comunicado el director general de la patronal, Mikel Ormazabal. En este sentido, desde la asociación han apelado a la «responsabilidad y profesionalidad» de los sindicatos para llegar a un acuerdo.

La junta directiva de Kristau Eskola, que se ha reunido este lunes de manera extraordinaria, defiende que «la propuesta del pasado viernes es el marco máximo que podemos ofrecer». En cualquier caso, hacen hincapié en que tienen la voluntad de avanzar en el plan de mantenimiento de puestos de trabajo, en los salarios, en la equiparación salarial entre Primero y Segundo de la ESO, en las cargas de trabajo y en las jornadas de los docentes de formación profesional. También buscan «una mejora de las condiciones para los cuerpos más precarizados y feminizados», es decir, para los especialistas de apoyo educativo y el personal de primer ciclo infantil.

Ormazabal, además, insiste en que «los límites de la propuesta presentada no los fijamos nosotros como patronal, sino que los condiciona el modelo concertado al que pertenecemos»